En 1982 en España al acceder al gobierno el partido socialista sus dirigentes no ocultaban sus simpatías personales por el cannabis como droga recreativa. Parte del "cambio" anunciado por los socialistas se tradujo en el establecimiento de la legislación menos severa del mundo en materia de drogas. La mayoría absoluta en el legislativo les permitió modificar el artículo 344 del Código Penal (se despenalizó expresamente el consumo, reducción de prisión mayor a prisión menor las penas por tráfico de estupefacientes, se imprimió carácter legal a la distinción entre drogas duras y blandas y se suprimió del Código Penal la cláusula de incriminación abierta, según la cual podían ser condenadas todas las personas que, a parte de cultivar, fabricar o traficar, promovieran, favorecieran o facilitaran el uso de estas sustancias "de otro modo" ).
Pero el espectacular incremento de los delitos contra la propiedad y los robos con violencia e intimidación, asociado al empleo masivo de heroína por vía endovenosa, provocó una crisis de pánico colectivo, -fijada en el inconsciente colectivo de los españoles como inseguridad ciudadana-, ocasionando las críticas de expertos y adversarios políticos. Estas críticas, unidas a las presiones de ciertas agencias internacionales, determinaron que se retomara una política de mano dura (notable endurecimiento del Código Penal, aprobación de la Ley Corcuera, etcétera).
