Como país pionero, Uruguay no sólo es el primero en haber conocido las mieles del cannabis legal; también es quien ha enfrentado antes que nadie los problemas.
Todos los intentos emprendedores en el universo de la marihuana en Uruguay chocan con la misma pared de siempre: los bancos.
Las entidades, respetando como corderos las órdenes de Estados Unidos, se niegan a aceptar dinero proveniente del cannabis.
Se olvidan que esa misma potencia figura bien arriba en las tablas de consumo de drogas en todo el mundo.
La industria uruguaya, tal como consigna La Diaria, se queja por estar “en el banquillo de los acusados”.
El sentimiento, aún con reparos, también es compartido por el Gobierno.
“Pagamos el costo de un siglo de paradigma prohibicionista”, dijo el secretario de la Junta Nacional de Drogas.
Las declaraciones las hizo en un panel virtual organizado por el estudio de abogados Brum Costa, del que también participaron empresas del sector.
Empresas que, por ejemplo, no pueden abrir cuentas bancarias ni operar en dólares.
El contexto es más que favorable, dado que las empresas dedicadas a la producción de cannabis ya concretaron sus primeras exportaciones.
Incluso, el mundo entero estima que la industria podría mover tantos millones como el comercio global de carne.
Para vender al exterior, esas firmas se vieron obligadas a explorar canales financieros alternativos.
El blockchain, por caso, encontró en Uruguay -y en este rubro en particular- un terreno en el que operar.
La industria, según sus jugadores, es “rehén” de una normativa de Estados Unidos que afecta a todo el mundo financiero.
Eso piensa la responsable en Uruguay de la compañía global de cannabis medicinal Khiron Life Sciences, Agustina Loinaz.
El secretario de la Junta Nacional de Drogas (JND), Daniel Radío, informó que el gobierno aspira a llegar a una solución y analiza distintas opciones.
Estas desde están imponer reglas específicas por parte del regulador bancario para que el sector opere.
También efectuará gestiones directas con bancos para que acepten el dinero proveniente del cannabis.
Incluso, la posibilidad de impulsar canales y monedas alternativas.
LAVADO
“Las consecuencias del bloqueo bancario son gravísimas” para la industria, dice Loinaz.
“Se generan dificultades para operar y se pierde competitividad internacional e inversiones”, agregó.
Las firmas del sector tienen “fuertes controles” en materia de lavado de activos, señalar la abogada.
Estas firmas para operar deben contar con un permiso del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca) y de la secretaría antilavado.
“No conozco otra industria así. No se puede tocar una planta sin tener la autorización previa ”sobre el origen lícito de los fondos, describió la mujer.
El abogado especializado en normativa antilavado Leonardo Costa, coincidió con su colega.
El letrado sostuvo que “Uruguay tiene la gran posibilidad de mostrar un diferencial con todas las autorizaciones” que tienen las firmas de cannabis.
Según su opinión, el país podría dar la “garantía” de que el negocio no implica dinero sucio.
Entre los requerimientos, las firmas deben demostrar el origen de los fondos y las proyecciones financieras del proyecto.
También los antecedentes penales de sus accionistas y los beneficiarios finales del negocio.
Con todo, Loinaz concluyó que el impedimento de operar con bancos no es por el problema de los controles antilavado.
ESTADOS UNIDOS
“La problemática es a nivel global”, exclamó.
El cannabis es legal en 29 estados de Estados Unidos.
Sin embargo, la Administración de Alimentos y Medicamentos de ese país (FDA) considera ilegal su uso en comidas y bebidas.
Es que esos consumos los regula la ley federal y hace que los bancos consideren ilícita toda actividad vinculada.
Las entidades en Uruguay operan en dólares y deben tener un corresponsal en Estados Unidos cuando no tienen en la nación norteamericana su casa matriz.
Esto deja a las empresas locales de cannabis “rehenes de una normativa bancaria estadounidense”, opinó Loinaz.
Claro que Khiron Life Sciences queda fuera de esta restricción, dado que se trata de productos medicinales.
A su vez, el registro posterior como medicamento necesario, de mínima, una década “de estudios científicos para entender cómo funcionan los más de 100 componentes de la planta”.
Sucede que los medicamentos que conocemos no suelen tener más de dos o tres componentes.
“Debemos apuntar al derecho del paciente a acceder a algo que hace bien para su salud”, indicó la letrada.
Llegamos una vez más a una de las preguntas filosóficas que la industria se hace por estos tiempos:
“¿Necesariamente un uso medicinal implica que sea un medicamento?”.
Loinaz dice que ese debate también se da con el Ministerio de Salud Pública uruguayo (MSP), que “a veces exige más de lo que la realidad científica puede dar”.
Radío respondió que el sector “está pagando el costo de un siglo de paradigma prohibicionista”.
Y que el mismo “generó un atraso en todo el planeta en la discusión e investigación sobre los efectos médicos del cannabis”.
El cargo reconoció que la administración a la que representa “ha dado señales claras” desde el comienzo sobre su intención de impulsar el sector.
En efecto, a principios de agosto se estableció un marco jurídico por medio de dos decretos.
Esto fue en respuesta a un pedido de la Cámara de Empresas de Cannabis Medicinal, que reclamaba para poder exportar con mayor seguridad.
Pese a ello, el mes pasado hubo nuevas quejas ante el MSP por aspectos burocráticos.
Otro de los expositores fue el contador Ignacio Cardoso, encargado del cumplimiento normativo de Gales Servicios Financieros.
Consideró que “Uruguay no podrá dar servicios de calidad a la industria del cannabis hasta tanto Estados Unidos sin acomode el tablero” en materia regulatoria.
Por eso lamentó que las empresas seguirán usando “canales alternativos como el efectivo”.
Y agregó, “que no son ideales en términos de prevención del lavado de activos y que empujan a los pequeños productores hacia mercados negros”.
“Lo paradójico es que hay un listado inmenso de empresas que producen cannabis y cotizan en la bolsa en Estados Unidos. Entonces no se entiende la prohibición ”, afirmó.
En Canadá, algunas firmas operan con bancos locales que están fuera del sistema tradicional y que no tienen relación con Estados Unidos.
También trabajan con cooperativas financieras, o con entidades tradicionales que “o no saben que la empresa es de cannabis, o hacen la vista gorda”.
A su vez, muchas recurren al efectivo.
Loinaz comentó que hace semanas en California los graves incendios no sólo arrasaron campos de marihuana, sino también dinero en efectivo almacenado en bóvedas.
“Lo paradójico es que hay un listado inmenso de empresas que producen cannabis y que cotizan en la bolsa en Estados Unidos”.
“Para eso hay un montón de movimientos y transacciones que pasan por bancos, y hasta grandes grupos financieros han invertido directamente en el sector”.
“Entonces, no se entiende la prohibición (para operar)”, finalizó la abogada.
