UPyD insta al Gobierno Español adoptar las medidas necesarias para despenalizar la producción, comercio y consumo de cannabis y derivados

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
El Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, a instancia de su portavoz Doña Rosa Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la adopción de medidas necesarias para despenalizar los derivados del cannabis para su debate en comisión.

Congreso de los Diputados, Julio de 2014

Doña Rosa Díez González. Portavoz del Grupo Parlamentario de UPyD

La despenalización del consumo de drogas, particularmente de los derivados del cannabis o marihuana, es un debate recurrente en las sociedades democráticas. Con el paso de los años ha crecido el consenso, basado en muchas experiencias históricas, en que la legislación prohibicionista acaba favoreciendo no al consumidor, al que se pretende proteger mediante la persecución legal del consumo de ciertas sustancias tóxicas, sino a los narcotraficantes ilegales y al mundo de la delincuencia organizada montado en torno a ese tráfico.

Por otra parte, la inseguridad política respecto al modo mejor de proceder contra este consumo ha generado en España, como en otros países democráticos, inseguridad jurídica sobre las conductas y tipologías ilegales de consumo, producción y comercio del cannabis y sus derivados.

La distinción entre cultivo y propiedad para un “autoconsumo” despenalizado o para el tráfico a pequeña escala, o entre el tráfico ilícito y el cultivo y elaboración para el consumo tolerado, resulta demasiado ambigua e imprecisa. El marco legal vigente ignora la realidad social, tolerada, de círculos de cultivadores y consumidores habituales de estas sustancias organizados en clubs y asociaciones, sociedades y publicaciones periódicas que se dedican por entero a defender, publicitar y potenciar el mundo del cannabis.

Resulta paradójico que sea legal informar, anunciar e incluso fomentar un consumo, un tráfico y una actividad productora que siguen siendo ilegales en los supuestos previstos para infracciones graves por el art.23, i, de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección Ciudadana (“La tolerancia del consumo ilegal o el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas en locales o establecimientos públicos o la falta de diligencia en orden a impedirlos por parte de los propietarios, administradores o encargados de los mismos”), y por el art. 25 de la misma Ley Orgánica (“Constituyen infracciones graves a la seguridad ciudadana el consumo en lugares, vías, establecimientos o transportes públicos, así como la tenencia ilícita, aunque no estuviera destinada al tráfico, de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, siempre que no constituya infracción penal, así como el abandono en los sitios mencionados de útiles o instrumentos utilizados para su consumo.)

La inseguridad jurídica reinante respecto al cultivo, tenencia y consumo de cannabis y derivados queda demostrada por esporádicas pero no raras operaciones judiciales o policiales contra cultivos de esa planta de extensión relativamente modesta, o contra “clubs de cannabis”, que dependen de normas de ámbito municipal y a los que, en ocasiones, se ha acusado de tráfico de sustancias ilegales por publicitar y facilitar semillas, productos del cannabis y utensilios para consumirlos, con la consecuencia de clausura administrativa o judicial. Es evidente que la situación actual de tolerancia indefinida y ambigua del “autoconsumo” en determinadas circunstancias no es, por su labilidad e imprecisión, la mejor desde un punto de vista jurídico, político ni policial, e incluso podría incentivar actuaciones administrativas arbitrarias.

En la línea de la famosa frase de Adolfo Suárez durante los inicios de la Transición, llamando a “hacer normal en las leyes lo que es normal en la calle”, es necesario afrontar el debate legislativo sobre la despenalización y regulación segura del consumo de derivados del cannabis, y de su cultivo, producción y venta.

Está demostrado que el prohibicionismo no consigue erradicar el consumo de estas sustancias y que, por el contrario, incentiva un tráfico ilegal floreciente, ligado a otras formas de delincuencia organizada. Por ejemplo, se ha documentado que redes, bandas o mafias organizadas para el tráfico de derivados de cannabis han servido como base para el tráfico de drogas mucho más peligrosas (narcotráfico), y de inmigración irregular y otras formas graves de trata de personas, como puso de relieve el Consejo Europeo de Tampere, reunido a finales de 1999, que señaló la fuerte relación entre crimen organizado para el tráfico de drogas, e inmigración irregular y trata de personas con fines de explotación sexual y laboral.

Por otra parte, crecen las críticas al presunto derecho del Estado a prohibir el consumo de sustancias que, sin ser en absoluto inocuas, pues está clínicamente demostrado que el consumo de derivados del cannabis puede producir daños neurológicos, en general no resultan más perjudiciales para la salud que otras de consumo legal, como el alcohol y el tabaco.

Así pues, a las críticas de tipo jurídico-policial contra una prohibición del tráfico y consumo de cannabis y derivados que ha demostrado ser muy poco eficaz cuando no claramente contraproducente, hay que añadir objeciones de orden ético y político a una prohibición que muchas voces consideran un abuso de poder impropio de una democracia avanzada. Esta debe basarse en el cultivo de la libertad y la responsabilidad personal, libre de tutelas paternalistas y autoritarias de las administraciones que devuelvan al ciudadano a la retrógrada condición de un “administrado” que debe ser protegido a su pesar por un poder omnisciente que decide por él que le conviene y que no.

Otros países de nuestro entorno ya han legislado la despenalización del cannabis bajo diferentes supuestos. Es conocido el caso de Holanda, que desde los años sesenta permite la posesión de marihuana y su venta y consumo semipúblico en determinados lugares (llamados coffe shops), sin que ello haya convertido a ese país en un paraíso de la delincuencia ni provocado problemas de salud a la población que no sean análogos a los de los países vecinos prohibicionistas. En otros países como Uruguay, el Congreso aprobó recientemente una Ley (impulsada por el propio Gobierno) que legaliza la cadena de producción y distribución de la marihuana. Finalmente, los Estados norteamericanos de Colorado y Washington han despenalizado el cultivo, posesión y venta de cannabis para fines terapéuticos y recreativos.

En España, se estima que la comunidad de consumidores habituales o esporádicos de cannabis y derivados, al menos una vez al mes, incluiría a unos 3 millones de personas. Según informes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las aproximadamente 700 toneladas de hachís incautadas cada año solo representan el 20 % del total que circula por España. Estamos tratando, pues, de un fenómeno de gran magnitud social.

Como se ha dicho, la libertad de las personas que deciden consumir cannabis bajo su responsabilidad no debe quedar restringida por un Estado paternalista, autoritario e incoherente en tanto que sí permite, bajo ciertas condiciones legales restrictivas conocidas como “consumo responsable” (que incluye determinadas restricciones a la venta y publicidad), el libre consumo de otros productos y sustancias de conocido riesgo sanitario por sus propiedades adictivas, como las bebidas alcohólicas y el tabaco. Por tanto, se trata de sustituir el doble rasero moral y el paternalismo autoritario por una ley despenalizadora de calidad, basada en la libertad y responsabilidad de las personas, así como en la obligación del Estado de salvaguardar las garantías sanitarias, comerciales y jurídicas que deben regular la producción y consumo de sustancias con riesgo demostrado para la salud.

Se trata, en definitiva, de abordar el fin de la prohibición de consumo de cannabis y derivados regulando todos los aspectos del asunto: cultivo, venta y consumo, restricciones legales específicas (como la venta a menores o limitación de la publicidad), definición y supervisión sanitaria de los productos de venta legal, y tratamiento fiscal.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia presenta la siguiente:

PROPOSICIÓN NO DE LEY

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

Adoptar las medidas necesarias para despenalizar la producción, comercio y consumo de cannabis y derivados, bajo controles y condiciones legales, fiscales y sanitarias análogas a las dispuestas para regular el consumo de cualquier sustancia que pueda ser nociva o peligrosas para la salud, legalizada bajo la libertad y responsabilidad del consumidor.  

Comunicado Unión Progreso y Democracia