El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha desestimado hoy lunes una demanda presentada por los estados de Nebraska y Oklahoma en contra de su vecino Colorado y su ley aprobada por los votantes del estado en 2012 que permite el uso recreativo de la marihuana.
El tribunal se negó a escuchar el caso presentado por Nebraska y Oklahoma, que alegaban que la marihuana se pasaba a través de sus fronteras y señalando que la ley federal sigue prohibiendo la marihuana.
Dos jueces conservadores, Clarence Thomas y Samuel Alito, dijeron que habían escuchado el caso.
Nebraska y Oklahoma afirmaron que las drogas como la marihuana ponen en peligro la salud y la seguridad de los niños y argumentaron que Colorado había creado “un vacío peligroso” en el sistema de control de drogas federal.
Colorado destaca por su legislación. Se observó también que la administración Obama había indicado que el gobierno federal carece de los recursos e inclinación para hacer cumplir plenamente la prohibición federal de la marihuana.
El estado de Colorado también dijo que el Tribunal Supremo no era el lugar adecuado para resolver el caso. La demanda de Oklahoma y Nebraska fue presentada en virtud de una rara situación que utiliza la “jurisdicción original” de la corte que cubre los casos en los que los jueces escuchan los conflictos entre estados que no son han sido revisados por primera vez por los tribunales inferiores.
El estado de Washington también votó en 2012 para legalizar el consumo de marihuana recreativa por los adultos, mientras que Oregon, Alaska y el Distrito de Columbia le siguieron en el 2014.
Tom Angell, presidente de Marijuana Majority grupo de defensa de la legalización de la marihuana dio la bienvenida a la acción del tribunal.
“Al final del día, si los funcionarios en Nebraska y Oklahoma están molestos por la cantidad de tiempo y recursos que sus policías están gastando en casos de marihuana, como se decía en sus escritos, deberían unirse a Colorado en la sustitución de la prohibición por la legalización”, dijo Angell .
“Eso permitirá que sus sistemas de justicia penal se centrasen en la delincuencia real, y generarían ingresos que podrían ser utilizados para pagar programas de salud, educación y seguridad pública”, agregó Angell.
