La federalización del cannabis legal en EEUU está cada día más cerca y, aunque pocos los saben, es un juez el que podría lograrlo.
Así lo afirma la columnista de Los Angeles Times, Robin Arcarían, quien nos presenta a la figura en cuestión: Clarence Thomas.
Es que el juez de la Corte Suprema parece ser la voz de la razón en el debate sobre cannabis legal en EEUU.
Es Thomas el que sale al cruce del gobierno federal en su clasificación del cannabis como una droga peligrosa sin uso médico actualmente aceptado.
A fines del mes pasado, fue el autor de una declaración de cinco páginas que acompaña a la decisión del tribunal de rechazar una apelación de un dispensario de marihuana medicinal en Colorado (centro).
El dispensario ha impugnado una disposición del código fiscal que prohíbe a las empresas que “trafican con sustancias controladas” deducir los gastos comerciales ordinarios de sus ingresos imponibles.
Aunque el tribunal no tomó el caso, Thomas eligió algunas palabras para describir el enfoque ilógico del gobierno de EEUU hacia la marihuana.
“El enfoque actual del gobierno federal es un régimen de media entrada y media salida que tolera y prohíbe simultáneamente el uso local de marihuana”, escribió Thomas.
“Este estado de cosas contradictorio e inestable pone a prueba los principios básicos del federalismo y oculta trampas para los incautos”.
El caso que nos ocupa, escribió, “es un excelente ejemplo”.
Dispensarios, actores clave del cannabis legal en EEUU
El dispensario señalado por la justicia es Standing Akimbo, un local de Denver de 10 años que atiende a pacientes que dependen del cannabis para aliviar sus males.
Muchos son pacientes con cáncer, dice Spencer Kirson, copropietario del lugar.
El hombre y sus socios estaban decepcionados de que la Corte Suprema no tomara su caso, dijo, pero las palabras del juez Thomas los animaron.
Si bien el cannabis legal en EEUU no es federal y todavía se prohíbe la posesión, el cultivo o la distribución de cannabis, el Departamento de Justicia, señaló Thomas, “ha enviado señales contradictorias”.
Bajo la administración Barack Obama, el Departamento de Justicia dejó de interferir con los esfuerzos de legalización en los estados.
Además, todos los años desde 2015, el Congreso le ha prohibido al departamento gastar dinero para frustrar la implementación de las leyes de marihuana medicinal.
La mayoría de los estados, casi 40, han legalizado el cannabis para uso médico.
Y, tal como señaló Thomas, 18 de ellos han legalizado la marihuana para uso médico y recreativo, incluida California, cuyos votantes aprobaron la Ley de Uso de Marihuana para Adultos en 2016.
California, justamente, se convirtió en el primer estado del cannabis legal en EEUU cuando los votantes aprobaron la Proposición 215 en 1996.
“Esto es un desastre”, enfureció el entonces fiscal general estatal Dan Lungren, “¿Qué va a pasar? Vamos a tener un lío sin precedentes”.
Los vaticinios de Lungren nunca se cumplieron y la marcha del cannabis legal en EEUU siguió adelante.
El cannabis legal en EEUU hace diferencias
Más allá del cannabis legal en EEUU, los negocios de marihuana son tratados de manera tremendamente injusta cuando se trata de áreas reguladas por el gobierno federal.
Sobre todo en temas como los impuestos sobre la renta y la banca.
Las compañías y los clientes se ven obligados a realizar todas las transacciones en efectivo, porque las compañías de tarjetas de crédito generalmente no permiten cargos relacionados con el cannabis.
Los bancos, en suma -o, mejor dicho, en resta- no quieren enredarse con los federales.
Así es como las firmas y comercios no pueden deducir ciertos gastos comerciales, incluidos el alquiler y los salarios de los empleados, de su ingreso imponible federal.
Según la disposición del código tributario, escribió Thomas, “una empresa que todavía está en números rojos después de pagar a sus trabajadores y mantener las luces encendidas podría, no obstante, adeudar un impuesto federal sobre la renta sustancial”.
EEUU es un país donde las corporaciones rentables y los individuos ricos encuentran formas cada vez más creativas de evitar el pago de impuestos federales.
En dicho contexto, obligar a una empresa que pierde dinero a pagar más de lo que le corresponde no solo es indignante, sino que también puede ser considerado antiestadounidense.
Hay algunos destellos de esperanza de que el gobierno federal eventualmente liberalice su visión esclerótica sobre el cannabis legal en EEUU.
En enero pasado, el representante republicano Gregory Steube, de Florida (sur), presentó un proyecto de ley, la Ley de Marihuana 1 a 3, que la eliminaría de la lista de sustancias más peligrosas de la Administración para el Control de Drogas, el Anexo I.
De aprobarse, la incluiría en el Anexo III, la categoría de medicamentos que tienen un uso médico aceptado actualmente y un riesgo de dependencia.
En abril, la Cámara de Representantes aprobó la Ley Bancaria SAFE.
La misma permitiría a las empresas relacionadas con el cannabis acceder al sistema bancario en los estados donde son legales y están regulados.
El proyecto de ley actual fue aprobado con apoyo bipartidista -321 a 101- y contó con el respaldo de 106 republicanos.
En el pasado, proyectos de ley como estos no habían llegado muy lejos, pero las actitudes hacia el cannabis legal en EEUU han cambiado drásticamente en la última década.
Un porcentaje abrumador de estadounidenses, el 60 por ciento según la última encuesta del Pew Research Center, dice que la marihuana debería ser legal tanto para uso médico como recreativo.
Si a los encuestados solo se les pregunta si la marihuana medicinal debería ser legal, ese número se dispara al 91 por ciento.
Solo el 8 por ciento piensa que la marihuana debería ser ilegal en todos los casos.
Algún día llegará ese momento en el que el cannabis legal en EEUU sea federal y, ese día, invitaremos al juez Clarence Thomas con un grueso joint.
