Ahora que Uruguay ha tomado la iniciativa para legalizar la producción de marihuana, y que el Alcalde de Bogotá ha propuesto instalar centros de consumo de droga manejados por el Estado, podría leerse una noticia de prensa como esta:
“Productores de marihuana y coca de las Américas rechazan las medidas dela OMSy responsabilizan a los gobiernos de sus países por el destino de cientos de miles de familias.
Treinta y nueve representantes de entidades de los productores de marihuana y coca de siete países se reunieron en Brasil, junto con autoridades y agricultores de la zona.
El presidente dela Asociaciónafirmó que “algunos burócratas en Ginebra, que no han visto una planta de marihuana o coca, quieren eliminar la producción, pero no tienen ninguna alternativa para 30 millones de agricultores en todo el mundo”.
Según los productores, nila OMSni el gobierno ofrecen alternativas sostenibles y viables para sustituir los cultivos de la marihuana y coca: “no hay opciones previstas por los gobiernos, que sean creíbles, concretas y detalladas, que permitan ayudar a los cultivadores para diversificar hacia otros cultivos o medios de subsistencia en previsión de una posible reducción de la demanda de estos productos.
Se preguntan, “qué extraño el hecho de que el alcohol no sufre las mismas restricciones, siendo un producto que separa a las familias, causa tragedias en las carreteras y no tienen estas restricciones”; (…) es increíble que se pretenda perseguir a los productores de marihuana y coca que realizan una actividad legal, que paga impuestos y genera riqueza genuina”.
Parece una noticia absurda e imposible, pero es un texto real tomado de una agencia de prensa. Bueno, casi real, porque en el texto original no dice “productores de marihuana y coca” sino “productores de tabaco”.
Es interesante ver que, frente a las restricciones impuestas al consumo del tabaco y a las campañas educativas para desalentar a los fumadores por los demostrados daños contra la salud, la estrategia de las tabacaleras ya no es manipular informes y estudios para tratar de desmentir la evidencia científica, sino argumentar que el menor consumo del tabaco tiene un impacto social negativo, pues va a dejar sin trabajo e ingresos a miles de agricultores dedicados a la producción de nicotina, que es un alcaloide adictivo.
¿Qué pasaría si la noticia fuera real y estos mismos argumentos fueran esgrimidos por los campesinos cocaleros de Bolivia, Perú o Colombia, o por los tecnificados cultivadores de marihuana de California?
¿Acaso los gobiernos les prestarían atención y dejarían de perseguir estos cultivos por la pérdida de empleos y fuentes de ingresos que genera la fumigación y su destrucción?
Hoy, la respuesta es negativa.
Dentro de la lógica de la “guerra contra las drogas”, declarada desde Nixon, no caben consideraciones económicas o sociales. Se califican de ‘ilícitos’ los cultivos y se tratan de eliminar, así esto implique la ruina de los campesinos y el enriquecimiento de los narcotraficantes. Sí hay una excepción, típica de la doble moral gringa, que son los cultivos de marihuana en EE. UU., tolerados y extendidos a tal punto que hoy son la segunda cosecha de ese país.
Otro corolario de la protesta de los tabacaleros es que muestra que les han hecho mella las campañas educativas contra la nicotina y el humo del tabaco.
El número de fumadores ha disminuido porque ya no son bien vistos. Lo mismo pasaría con el consumo de drogas, si la plata dedicada a la represión se destinara a educar y prevenir el consumo.
Mauricio Cabrera G.
Consultor privado
Fuente Portafolio
