Los medios de comunicación masivos de Argentina cuentan que “el boom de la marihuana colapsa las cárceles” y, una vez más, ponen el carro delante de los caballos. Ni siquiera recuerdan que hace una semana utilizaron el mismo “boom” para justificar el proyecto de una provincia que cultivará en favor de una empresa extranjera, mientras persigue y amenaza a los autocultivadores locales con penas similares a las de un homicidio.
Pero hay otra forma de leer la noticia. Y dice que la ridícula guerra contra las drogas sigue haciendo de la marihuana una mercancía, que además está prohibida. Y ahí tienen sus cárceles llenas.
El caso ocurre en Misiones, una provincia del litoral argentino, donde Jueces federales advirtieron que sus cárceles y la prisión federal están al tope de su capacidad, lo que las obliga a alojar a sus detenidos en estaciones de policía y cuarteles de la Gendarmería. También hay más retrasos en los procesos penales debido a la falta de espacio en las prisiones, según informó el periódico Clarín el 11 de febrero.
¿Cuál es la madre del borrego? Una multitud de arrestos por tráfico de marihuana, en una provincia que limita con Paraguay, el mayor productor a gran escala de Sudamérica. Además, corre por Misiones el Río Paraná, que nace en Brasil y muere en el Río de la Plata, una vía de transporte que pasa por Rosario -tercera ciudad más importante del país- y concluye cerca de Buenos Aires, y de allí, al océano Atlántico y más allá.
La provincia de Corrientes —al sur de Misiones y apuntalada en tres lados por Paraguay, Brasil y Uruguay— también ha visto un repunte del tráfico de marihuana a tal punto que en marzo de 2017, las autoridades arrestaron al alcalde, al vicealcalde y al jefe de policía en la ciudad de Itatí, al norte de la provincia, sobre el río Paraná, en un masivo operativo de seguridad. El alcalde y el vicealcalde presuntamente se habrían confabulado con un capo local y tenían bajo su responsabilidad “coordinar parte del plan para transportar narcóticos e intervenir a favor de miembros de la agrupación para garantizar su impunidad”. Un miembro formal de la Prefectura Naval de Argentina también cayó bajo arresto recientemente en conexión con un cargamento de 10 toneladas de marihuana en la ciudad de Ituzaingó, noreste de Corrientes.
Las autoridades provinciales decomisaron 126 toneladas de marihuana en 2018, casi el 70% del total de drogas incautadas en todo el país en 2017, según otra nota de Clarín, el órgano de prensa del gobierno argentino. La información precisa que sólo en el municipio de Puerto Libertad en Misiones, la Prefectura Naval Argentina retuvo 34 toneladas de marihuana en el primer semestre de 2018, 221% por ciento más que en igual periodo de 2017. En todo el país, las autoridades contaron 87 capturas por narcotráfico cada 24 horas, muchas de las cuales se realizaron en la zona, siempre según Clarín.
La legalización en Uruguay atajo el mercado negro
El dato que contrasta está en la vecina orilla, Uruguay, donde la legalización le quitó al mercado negro el 40% de sus acciones sin la necesidad de invertir recursos (y muchos) en operativos policiales, allanamientos, procesos judiciales ni encierros. La fórmula es simple: los 62.000 fumadores ocasionales, otros 35.000 que consumen algunas veces durante el mes y los aproximadamente 50.000 que son lo habituales de un consumo casi diario lo hacen en forma totalmente legal, y sin perjuicios sociales. Y el Estado, además, cuenta con cifras.
Mientras tanto, la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, sigue orgullosa de sus mega operativos y se saca cuanto foto pueda cerca de un ladrillo de cocaína o un paquete de marihuana incautado. La guerra que cree estar ganando terminó, pero a ella nadie le avisa.
Por Rama
