La ministra de Seguridad de Argentina se llama Patricia Bullrich. Una mujer de 62 años con aspecto rudo y paso corto, muy apegada a los flashes de las cámaras y siempre dispuesta a las entrevistas periodísticas. Encarna una política de mano dura e intolerancia a los inmigrantes.
Muy distinto a cuando se llamaba Carolina Serrano, nombre en clave que adoptó en la organización guerrillera Montoneros, brazo armado del peronismo durante el proceso que terminó con la dictadura militar de 1976-1983.
Así de contradictoria es también la política de seguridad del gobierno argentino con relación al cannabis y otras sustancias. Una política auto destructiva y a quien ya nadie le conviene.
Argentina dio permiso a una empresa extranjera para cultivar dentro de su territorio, pero sigue penando duramente la tenencia, el autocultivo y uso de marihuana a sus ciudadanos, con operativos en los que no faltan las antiguas fotografías que muestran a cargos y funcionarios como si fueran cazadores de venados, con los paquetes en sus manos y sonrisas de vacación.
Sigue ostentando una “lucha contra las drogas” que sólo debería ocurrir puertas adentro. Teniendo en cuenta el último suceso en el que dos fuerzas policiales se tirotearon en una gasolinera en un complejo caso de extorsión y narcotráfico. Todo ocurrió en la Provincia de Buenos Aires, donde hace un año desaparecieron de un depósito policial unos 540 kilos de marihuana incautada en 2015. Los responsables dijeron que podían haber sido “comidos por las ratas”.
El prohibicionismo tampoco conviene a los operadores de la Justicia y a quienes administran las cárceles. Un estudio que realiza una fiscalía federal -que se repite desde 2011-, y publica el portal Infobae, dio cuenta recientemente que el 90% de los expedientes iniciados en un turno de una fiscalía federal fueron por infracción a la ley de drogas. Hubo 599 detenciones en apenas un turno judicial de 15 días. Y la mayoría de los detenidos son jóvenes varones agarrados en estaciones de trenes. Se gastó casi un millón de pesos y todos los casos quedaron archivados.
El estudio que realizó el fiscal Federico Delgado evaluó cada expediente iniciado durante el turno que tuvieron en agosto. En ese lapso, se abrieron 341 causas por tenencia para consumo personal y se efectuaron detenciones a 599 personas.
503 causas penales
“Nos detendremos en este número unos instantes. Porque resulta llamativo en tanto es el mayor número detectado por la Fiscalía desde que se comenzaron los relevamientos estadísticos. En efecto (…) el número de detenciones ha variado sistemáticamente, algunas veces hacia arriba pero también hacia abajo. Lo que sorprende es que nunca se ha alcanzado una cifra tan alta como la detectada en esta ocasión. Esta supera por más de noventa personas a los mayores valores hasta ahora identificados”. Dice el documento del equipo de Delgado, al que tuvo acceso Infobae.
De 503 causas penales que se iniciaron por todo tipo de delito federal en ese turno de agosto en la oficina de Delgado, el 92% fue por infracción a la ley de drogas (N°23.737). De todas ellas (465 casos) sólo ocho fueron elevadas a juicio oral.
Pero quienes peor deben sentirse con la ridícula postura que toma el ejecutivo argentino son los legisladores que votaron en favor de una ley trampa, hace más de un año. Ellos y ellas terminan siendo cómplices de una perversión que no tiene antecedentes, dirigida directamente a niños y niñas indefensos, salvo por las madres que los sostienen, siguen cultivando y pelean para que se les reconozca un derecho que ya ha sido votado, pero que nadie hace cumplir: el de acceder libremente a una medicina que les ha cambiado la vida.
Por Rama
