Por Jose María Escorihuela Sanz.- Nadie puede ignorar a estas alturas que Barcelona es un foco de cambio en cuanto a la situación legal del cannabis se refiere. Los más de 140 clubes operando con licencia dan fe de esta transformación de la Ciudad Condal en, como denominaba el presidente del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Barcelona Alberto Fernández, “la capital del porro”. Esto ha encendido las alarmas entre los populares que, sumándose a la postura de los convergentes, reclaman retrocesos en la política de Ada Colau advirtiendo que ésta “es claramente perjudicial para los barceloneses ya que banaliza y socializa el consumo de una droga como el cannabis.”
A contracorriente de los avances legalizadores producidos en Estados Unidos, de las expectativas canadienses en permitir el consumo recreativo en primavera del año que viene o de las nuevas regulaciones impulsadas en capitales provinciales españolas, como Gerona o Alicante, los populares critican la “banalización” del consumo de cannabis a pesar de que es esta misma actitud restrictiva la que sitúa los derechos de los usuarios de cannabis en un segundo plano, por debajo de fumadores de tabaco o bebedores de alcohol.
Bajo la apariencia de preocupación por el modelo de ciudad a seguir, aluden a los hipotéticos problemas que producirá convertir a Barcelona en una referencia al consumo de cannabis y a la peligrosidad de que exista cierta proximidad entre clubes y colegios. Los populares deberían reflexionar, no obstante, en las amenazas latentes a la alternativa que ofrecen ellos cuando plantean volver al paradigma prohibitivo, ¿es acaso retornar a invisibilizar el consumo mejor desde un enfoque de salud pública que regular los clubes? Hasta ahora, esto último ha permitido establecer una colaboración entre entidades cannábicas e instituciones públicas, como también, igualmente, se han comenzado a impartir cursos de formación a dispensadores para que estos sepan identificar y reducir los riesgos derivados del consumo. ¿Cerrar los clubes impide de manera más eficaz el contacto de menores con la droga? Es dudoso, pues los muros opacos que separan a un colegio de un club cannábico, y que interesadamente protegen los empleados del mismo, ocultan mucho mejor a la droga que cualquier vía pública donde pueda realizarse igualmente el consumo.
Comparativamente, es razonable sopesar que la opción peor parada es la que comparten convergentes y populares: por discriminatoria, por atentar en mayor medida contra la salud pública y por atacar las libertades de los consumidores cannabicos, empujados a seguir siendo estigmatizados. La sociedad se ha pronunciado a favor de la libertad, ya es hora que los políticos sigan el curso que ésta le está marcando.
Por Jose María Escorihuela Sanz @JmEscorihuela