Entre tantos proyectos legalizadores en todo Latinoamérica, Puerto Rico avanza en despenalizar uno fundamental: la posesión de cannabis.
La isla de Puerto Rico es un estado agregado de Estados Unidos, sin embargo, el debate en torno a los usos de marihuana está presente como en cualquiera de esas regiones.
En Puerto Rico la marihuana con fines medicinales está autorizada y la enmienda que libera la actividad sigue agregando artículos que amplían el alcance a los tratamientos.
Ahora, y tal como informa El Vocero de Puerto Rico, cada vez más personas están a favor de despenalizar la posesión de cannabis en la Isla.
Son varias las organizaciones que se expresaron en favor de despenalizar la posesión de cannabis y no procesar criminalmente a una persona por ello.
No obstante, mostraron ciertas reservas con dos proyectos que evalúa la Cámara de Representantes.
El cuerpo legislativo discute el Proyecto de la Cámara 1.037, que despenaliza la posesión de cannabis (hasta 14 gramos), aunque mantiene una multa de 500 dólares.
También debaten sobre el Proyecto de la Cámara 975, que propone consultar a los ciudadanos sobre la despenalización.
Claro que esta última pieza legislativa no fue respaldada en una vista pública de la Comisión de lo Jurídico.
“Estoy de acuerdo con la despenalización, lo que pasa es que me surgen serias preocupaciones de dónde esas personas van a adquirir el producto que legítimamente pueden poseer”.
“Creo que la despenalización debe ser una consecuencia de la legalización”, opina el abogado y profesor de educación jurídica en la Universidad de Puerto Rico (UPR), José Antonio Maes Aponte.
El profesional sostuvo que, aun cuando las intenciones de las medidas son legítimas y reivindican una lucha de décadas, no favorece la aprobación de las piezas legislativas propuestas.
También indicó que despenalizar la posesión de cannabis, hasta 14 gramos, es un avance extraordinario en la política pública.
Maes Aponte agregó que resulta injustificado que se siga procesando criminalmente a los ciudadanos por la posesión sin fines de distribución o comercialización de cannabis.
Sobre todo, tras demostrarse científica, social y legalmente los beneficios terapéuticos y medicinales de la hierba.
La posesión de cannabis, de delito a ‘falta administrativa’
La batalla que silenciosamente es ganada por quienes apoyan el desarrollo del cannabis es la normalización, sea en Puerto Rico, como en el resto del mundo.
Flores, aceites o cigarros de marihuana ya no son objetos que asombren o espanten a casi nadie.
La posesión de cannabis, en ese sentido, ya no debe significar “un cohete en el pantalón”. Mucho menos si el uso medicinal ya está aprobado.
“Nuevamente nos preguntamos, ¿dónde lícitamente una persona puede adquirir los 14 gramos que le estamos permitiendo lícitamente poseer y consumir sin penalizarlo criminalmente?”
“Bajo el marco regulatorio propuesto no existe posibilidad alguna de que una persona que no sea paciente de cannabis medicinal registrado pueda comprar o adquirir cannabis de una fuente lícita”, aseveró Maes Aponte.
Para el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, Víctor Ramos, las medidas propuestas en estos proyectos de ley superan parcialmente el modelo jurídico,.
En su opinión, se propone que la posesión de cannabis para consumo en cantidades menores sea tratada como una falta administrativa que no implique cárcel.
“Lo propuesto, conforme a nuestro criterio, es un primer paso para superar el modelo penal y crear alternativas salubristas para los usuarios de sustancias controladas”.
“Sin embargo, es una propuesta tímida que se limita a la posesión para consumo de la marihuana. Estas iniciativas deben ampliarse a otras sustancias controladas”.
“Esto en ánimo de lograr que un mayor número de usuarios de sustancias controladas puedan beneficiarse de un acercamiento salubrista al problema de adicción”, sostuvo.
Un plan concreto para la posesión de cannabis
La coordinadora del Programa de Políticas de Drogas ConCiencia, Intercambios Puerto Rico, Carla Correa, invitó a la comisión a realizar enmiendas al Proyecto de la Cámara 975 para atender de manera responsable el uso personal del cannabis.
La mujer dijo que se debe hacer un plan, pues entiende que no debe “ser despenalizar por despenalizar”.
También agregó que este proceso es un paso para despenalizar otras sustancias que, a su juicio, tiene que hacer por un asunto de salud pública.
“Entendemos que el referéndum no es el método (…) como podemos verlo en estas discusiones que se llevaron con el Plan de Ajuste de la Deuda”.
El argumento de Correa es la inversión de dinero que se tiene que hacer en un país que económicamente está golpeado.
“Gastar 2,5 millones de dólares cuando la Universidad de Puerto Rico y escuelas especializadas necesitan fondos, entendemos que es una decisión no acertada”, destacó.
Pero también está el dinero que esto puede traer.
El representante Héctor Ferrer Santiago indicó que hay un estudio económico que sostiene que el primer año de este marco regulatorio produciría 522 millones de dólares en ventas.
Asimismo, generaría más de 10.000 empleos y el mercado vería un impacto de más de 1.000 millones de dólares.
“Todo el mundo está a favor de que no se procese a una persona criminalmente, pero existen ciertas dudas sobre cuál es el mecanismo correcto para hacerlo”.
“A mi entender, es momento de comenzar a hablar de crear un marco regulatorio por la coyuntura histórica en la que nos encontramos”, puntualizó.