La formación de Rosa Díez ha presentado en el Congreso una Proposición No de Ley (PNL) en la que pide que no se penalice el consumo del cannabis y de sus derivados.
El partido UPyD parece ahora dispuesta a ir más lejos que algunos partidos de izquierda en lo que respecta a la despenalización del consumo de las drogas blandas con la vista puesta ya en las próximas elecciones generales.
Lo paradójico es que hace poco más de un año, en marzo de 2013, UPyD votó en contra, como PP y PSOE, de una moción de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) que sí contó con el apoyo de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), “para regularizar, en el plazo más breve posible, la producción, distribución y consumo de cannabis”.
La PNL que acaba de registrar UPyD -que revisó este tema en su último Congreso- se basa más en los aspectos “sanitarios” que conllevaría la medida, según argumentan. En ella instan al Gobierno a “adoptar las medidas necesarias para despenalizar la producción, comercio y consumo de cannabis y derivados, bajo controles y condiciones legales, fiscales y sanitarias análogas a las dispuestas para regular el consumo de cualquier sustancia que pueda ser nociva o peligrosa para la salud, legalizada bajo la libertad y responsabilidad del consumidor”. La pretensión de UPyD es que esta iniciativa pueda ser sometida a la discusión de los grupos en la Comisión de Sanidad y vaya también a pleno.
En la exposición de motivos, UPyD justifica su propuesta en el debate abierto en la sociedad y en que actualmente en España hay “inseguridad política” respecto a este consumo que ha generado, como en otros países democráticos de nuestro entorno, una “inseguridad jurídica sobre las conductas y tipologías ilegales”. Asimismo, considera que resulta “demasiado ambigua e imprecisa” en nuestra legislación la distinción entre “cultivo y propiedad para un autoconsumo despenalizado o para el tráfico a pequeña escala, o entre el tráfico ilícito y el cultivo y elaboración para el consumo tolerado”.
Además, a juicio de la formación magenta, “está demostrado que el prohibicionismo no consigue erradicar el consumo de estas sustancias y que, por el contrario, incentiva un tráfico ilegal floreciente, ligado a otras formas de delincuencia organizada”.
UPyD cree que “la libertad de las personas que deciden consumir cannabis bajo su responsabilidad” no debe quedar restringida por “un Estado paternalista, autoritario e incoherente” que sí permite, por el contrario, bajo ciertas condiciones legales restrictivas conocidas como “consumo responsable”, consumir otras sustancias muy nocivas para la salud, como el alcohol o tabaco. Incluso recuerda la famosa frase de Adolfo Suárez durante los inicios de la Transición que apeló a “hacer normal en las leyes lo que es normal en la calle”.
“Se trata, en definitiva, de abordar el fin de la prohibición de consumo de cannabis y derivados regulando todos los aspectos del asunto: cultivo, venta y consumo, restricciones legales específicas (como la venta a menores o limitación de la publicidad), definición y supervisión sanitaria de los productos de venta legal, y tratamiento fiscal”, concluye en su escrito la formación.
Aunque la coalición de Cayo Lara incluye esta propuesta en su programa electoral, lo cierto es que no ha presentado ninguna iniciativa en este sentido a lo largo de esta legislatura. Sí lo hizo durante el primer mandato de Zapatero. En abril de 2006, IU presentó una PNL muy similar a la de UPyD en la que pedía la “legalización del consumo, producción, distribución y uso terapéutico del cannabis”. Un año después, en 2007, la coalición de izquierdas volvió a presentar otra PNL en el Congreso en la que exigía la reforma de la Ley sobre protección de la seguridad ciudadana para la despenalizar el consumo de drogas, en especial del cannabis.
La diputada Isaura Navarro criticó entonces que la ley persiga la tenencia y consumo de este tipo de drogas de forma “hipócrita e injusta” y exigió al PSOE “coherencia” para que “se acabe con este absurdo que supone la persecución de jóvenes por llevar una china o fumarse un canuto”. También la diputada de ICV, Nuria Buenaventura, preguntó al Gobierno sobre esta causa en la pasada legislatura. Fuente
