Mucho se habló de la relación entre Panamá y el cannabis, una historia de amor que puede comenzar muy pronto.
Así lo consigna la agencia EFE en un artículo en el que cuenta que Panamá está a las puertas de reglamentar la ley de uso legal del cannabis.
De esta forma, Panamá pasaría a formar parte del grupo de 13 países de América que legislan el cannabis, una iniciativa que ha arrasado con fuerza estos últimos años en la región.
Buena parte de la responsabilidad de que Panamá y el cannabis se encuentren la tiene el activista Carlos Ossa.
Ossa lleva años introduciendo en forma ilegal a Panamá las únicas gotas que lograron calmar los dolores de la esclerosis múltiple que padece.
Al hombre no le funcionaron los medicamentos tradicionales del mercado y encontró en el aceite de cannabis un paliativo.
“Hoy en día me siento paciente, pero no enfermo. Tengo calidad de vida“, contó a EFE desde el salón de su hogar, mostrando un frasco opaco sin etiquetas.
Ossa es uno de los impulsores civiles de la Ley de Uso Medicinal del Cannabis en Panamá.
La norma es inédita y la primera en Centroamérica, que ayudará al activista, y otros pacientes, a dejar de “jugársela” para adquirir su medicamento, legal en otros países.
No obstante, la ley que une a Panamá y el cannabis aún está a expensas de ser reglamentada.
Se trata de la ley 242 que “regula el uso medicinal y terapéutico del cannabis y sus derivados y dicta otras disposiciones”.
La norma fue sancionada por el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, el pasado octubre, tras aprobarse con cero votos en contra en el Parlamento.
A través de ella se crea un “marco regulatorio que permite el uso y acceso vigilado y controlado del cannabis medicinal y sus derivados con fines terapéuticos, médicos, veterinarios, científicos y de investigación en el territorio nacional“.
La norma que une a Panamá y el cannabis pone al paciente como protagonista de la regulación.
Cómo es la ley que une a Panamá y el cannabis
La norma que regula la relación entre Panamá y el cannabis parece una letra suficiente para abarcar una cobertura amplia de la actividad en este país de Centroamérica.
A saber:
- La ley “norma el derecho que tiene todo paciente a acceder a un tratamiento de cannabis”.
- Establece “los mecanismos de control de todas las actividades reguladas por la ley”.
- También las normas de “seguridad, control, calidad y vigilancia de los productos”.
- Promueve “el estudio y la investigación”.
Panamá pasaría así a formar parte del grupo de 13 países de América que legislan el cannabis.
Dicha iniciativa ha arrasado con fuerza estos últimos años en la región con la aprobación de su uso, tanto terapéutico como recreativo.
Sobre todo tras las innumerables evidencias científicas sobre las propiedades de la planta.
Panamá y el cannabis, un reclamo de los pacientes
“Vivir sin cannabis es vivir con mucho dolor. Queremos que se reglamente pronto”, dijo a Efe la presidenta de la Fundación Buscando Alternativas, Luris Higuera.
Según los pacientes, la ley, a pesar de haber sido aprobada y publicada en Gaceta Oficial, todavía no se ha reglamentado, lo que aún les deja desamparados.
“Pueden llevarme presa, estoy haciendo algo ilegal. Sigo siendo una persona ilegal amarrada de manos”, añade Higuera, paciente de artritis “refractaria”.
Ossa relata que a “día de hoy”, sigue “consiguiendo” sus medicamentos del “exterior” porque “hasta que no se haya reglamentado la ley es como si no existiera”.
Esto da espacio a que los pacientes adquieran la medicina a través del mercado ilegal sin asegurar un producto de “calidad, sano ni accesible” para lograr que Panamá y el cannabis se desarrollen.
Tras cinco años de debates parlamentarios, la ley se aprobó por unanimidad a pesar de contener algunos artículos polémicos, que, a juicio de algunos de los impulsores, se podrían mejorar.
La única diputada que objetó una parte de la ley fue Mayín Correa, del partido Cambio Democrático.
La mujer está en desacuerdo con el cultivo de la planta, pues podría causar “inseguridad” y un aumento de la criminalidad en el país, que ya es una zona de tránsito del narcotráfico.
El artículo 21 contempla que el Ministerio de Salud “podrá definir el número de licencias” autorizadas.
Hasta “cinco años después” de ser promulgada la ley “solo podrán ser hasta siete licencias de fabricación” para desarrollar la relación entre Panamá y el cannabis.
El artículo 24, por su parte, establece de “manera temporal” la autorización de “la importación de los derivados del cannabis”, y que la misma “tendrá una vigencia de dos años”.
Ambos apartados son los que más controversia atraen entre los pacientes, a pesar de que, como reconoce Ossa, “para ser la primera, es una ley es un paso justo y necesario”, pues aunque “no es perfecta ni ideal” es “un gran logro”.
Para Ossa, el “siguiente paso” sería una reglamentación para el uso libre – o adulto- del cannabis, aunque reconoce que la sociedad aún no está preparado para debatirlo.
“Hay que estar claro que eso viene y que la discusión es sobre libertades y derechos. Está comprobado que la prohibición no ha podido ganar al narcotráfico”, concluyó el activista.
