El 1 de marzo de 2020, cuando todavía regía en el mundo la “vieja” normalidad, asumió en Uruguay un nuevo Gobierno.
La administración del ahora presidente Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional (derecha), asumió a la cabeza de una coalición de partidos políticos de distintas ideologías, que de momento es el gran riesgo de una gestión que comenzó bien.
Fueron cinco las organizaciones políticas que pusieron fin a 14 años de gobierno del Frente Amplio (izquierda), partido que legalizó la marihuana en 2013.
Fueron muchos los que temieron que, en medio de un discurso que busca criticar la herencia recibida (incluso ya con la campaña concluida), creyeron que la pionera ley terminaría derogada.
Sin embargo, el presidente Lacalle Pou, uno de los más jóvenes en la historia de Uruguay, acaba de dar señales de lo contrario, según publica El Observador.
Ahora, el Gobierno prepara desregulación para facilitar exportación de cannabis medicinal.
El prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, y el secretario nacional de Drogas, Daniel Radío, recibieron en Torre Ejecutiva (casa de Gobierno) a una delegación de la Cámara de Empresas de Cannabis Medicinal y acordaron la constitución de una comisión para analizar modificaciones al decreto 46/2015 que regula esa actividad.
Ferrés (también presidente de la Junta Nacional de Drogas) dijo en conferencia de prensa que el presidente Luis Lacalle Pou “tomó la decisión de impulsar a esta industria incipiente que puede generar muchos recursos, trabajo y, por su calidad de producción, una marca país”.
En ese sentido, afirmó que se buscará “mejorar el marco jurídico” para “mejorar la operatividad” de la industria del cannabis medicinal y que “pueda desarrollarse en su mayor potencialidad”, especialmente en materia de exportaciones.
Cambios previstos
Según Ferrés, los cambios previstos no apuntarán a la ley de regulación del cannabis sino a los decretos que “causan demoras” y “trámites que enlentecen la habilitación para exportar”.
“Nosotros queremos trabajar en la desregulación. Por supuesto, cuando se trate de cuestiones vinculadas a lo medicinal (deberá ser) de conformidad con lo que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud Pública, lo determine sobre bases científicas, técnicas y determinaciones que las empresas van a tener que cumplir”, agregó.
“Hay aspectos que ajustar respecto a distintos trámites, otorgamientos de autorizaciones y licencias, para facilitar el desarrollo de esta industria, especialmente con lo que tiene que ver con exportación”, dijo Ferrés.
El prosecretario de la Presidencia informó que “se otorgarán todas las licencias que se soliciten y cumplan con los requisitos” en materia de cannabis medicinal.
“La idea es impulsar la industria del cáñamo en general. Que Uruguay pueda tener una industria más, con más fuentes de trabajo, más inversión, y que sea motivo de destaque en el mundo, como hoy sucede con las carnes”, sostuvo.
Reconociendo industria
En una línea similar, el presidente de la Cámara de Empresas de Cannabis Medicinal, Marco Algorta, dijo tras la reunión que Uruguay XXI reconoce la industria del cáñamo como “el rubro potencialmente más grande del país, que podría ser mayor a la celulosa y la ganadería”.
“Genera mucha mano de obra por dólar invertido, el doble de lo normal. Ahora trabajan 1.000 personas pero se podría escalar rápidamente”, apuntó.
Algorta destacó que las autoridades coinciden en “la potencialidad” del sector, así como en el diagnóstico de que “hoy día la industria está bloqueada y hay que aggiornar la reglamentación vigente para viabilizarla”.
“Es muy difícil venir a invertir hoy en día con la reglamentación actual. La reglamentación es de febrero de 2015, cuando no existía el comercio exterior de cannabis medicinal. Es una normativa que precede a la práctica”, afirmó, aunque señaló que la ley “está perfecta” y “no hay que cambiarla”.
Radío, que fue presentado formalmente como secretario de Drogas, dijo que comparte los lineamientos del gobierno en este tema en cuanto a que “hay que incentivar y facilitar procesos”.
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