-El Ministerio de Interior advierte de que la aplicación de la Ley de usuarios de Cannabis va a crear “problemas” si no se toman en consideración sus “observaciones”.
-Consideran “ilegal” y “vulneración de competencias” prácticamente toda la propuesta: el consumo, el cultivo, el registro como asociación de los clubes e, incluso, la declaración de adicto.
En contra de los argumentos propuestas por los impulsores de la Ley Reguladora de los consumidores de cannabis en Navarra, el Ministerio de Interior advierte de “ilegalidades” que se podrían llevar a cabo con la aplicación de la ley. En un informe remitido al Gobierno de Navarra, Interior advierte de que la ley vulnera competencias estatales y protege en su articulado acciones que son delito según el código penal, como el cultivo o el consumo de cannabis. Advierte de que “la regulación vulnera competencias exclusivas del Estado en materia penal, en materia de seguridad pública y en materia de protección de la salud pública” y alude a la “voluntad de colaboración” que existe entre las Administraciones para “despejar de antemano cualquier problema que en el futuro se plantee con la aplicación de la mencionada ley”.
Un informe en tono de advertencia para la puesta en marcha de la ley que repite una y otra vez que las acciones protegidas por la legislación navarra son consideradas ilegales por el Gobierno Central además de dejar claro que suponen un nuevo conflicto de competencias entre Navarra y el Estado. Un informe en el que se rebaten todos los aspectos legales en los que se apoya la norma foral.
Según la interpretación del ministerio, en contra de la consideración de los usuarios de cannabis y de cada vez más expertos que defienden bondades de la marihuana, la legislación nacional e internacional reconoce que el cannabis es una sustancia considerada ilegal para su cultivo y consumo y perjudicial para la salud. Analiza también la jurisprudencia alegada por los proponentes de la ley, en la que los usuarios de cannabis navarros encontraron una ‘grieta’ legal basada en el concepto de autoconsumo compartido. Sin embargo, el Ministerio de Interior no considera que sea lícita la creación de clubes de cannabis conforme a ese concepto.
Para el Ministerio, el autoconsumo compartido, continúa el informe, debe producirse de forma “esporádica e íntima”, y con un número mínimo de participantes. Condiciones que, a su juicio, no cumplirían las asociaciones de consumidores. Además, respecto a la consideración de los clubes como asociación, duda de su legalidad porque considera que no persiguen un fin lícito. Plantea dudas incluso con la consideración de adicto ya que el Gobierno central defiende que debe ser un médico quien declare adicto a un usuario, y no es suficiente con firmar una declaración como se propone en la ley navarra.
Otro problema planteado por Interior es sobre el cultivo ya que, aunque los socios retiren una pequeña cantidad para el consumo, el Ministerio plantea qué sucederá con el ‘stock’ creado para abastecer a los integrantes de las asociaciones ya que no existe, a priori, ningún control que prevenga el tráfico ilegal de la sustancia. Una cuestión que ya ha pasado por los tribunales con una sentencia que avala el cultivo de la sustancia por los clubes de consumidores y que ha sido estudiada por varias asociaciones en defensa del consumo legal de cannabis.
Conflicto de competencias
Una serie de advertencias que dejan claro que a Interior no le ha gustado la legislación de la Comunidad Foral, primera ley que regula los clubes de consumidores de cannabis, y que considera además que se trata de un nuevo conflicto de competencias. En este caso, según el Ministerio de Interior, vulnera “competencias exclusivas del Estado en materia penal, de seguridad pública y salud pública”, y considera fundamental lo que puedan declarar otros ministerios al respecto.
Todo apunta a que el Gobierno recurrirá la ley si el Parlamento no toma ninguna medida que frene su puesta en marcha. En el informe se detalla que el fin que persigue es “que las observaciones sean valoradas con el alcance y la forma que se consideren más apropiadas” para evitar conflictos entre las administraciones y con los usuarios debidos a la aplicación de la norma foral.
