Experto. Mike Trace alertó que la legalización de las drogas no lleva, necesariamente, a una explosión en el consumo.
Encabeza el IDPC, una de las redes no gubernamentales más reconocidas a escala global en materia de debate sobre las drogas. Respalda la legalización de la marihuana, pero con fuerte control estatal. El debate está abierto.
Mike Trace es el presidente de la Comisión Globalde Política sobre Drogas (IDPC, por sus siglas en inglés), la mayor red mundial de organizaciones no gubernamentales y redes profesionales especializadas en cuestiones de drogas fiscalizadas. El IDPC cuestiona las actuales políticas antidrogas y apunta a desarrollar nuevas y más efectivas políticas – apoyadas en evidencias científicas – para reducir el daño relacionado con las drogas.
Reconocidos estadistas e intelectuales como Mario Vargas Llosa (Perú), Fernando Henrique Cardoso (Brasil), César Gaviria (Colombia), Ernesto Zedillo (México) y Javier Solana (España) forman parte del IDPC (International Drug Policy Consortium), desde donde reclaman, entre otras medidas, el fin de la política represiva que ha causado cientos de miles de muertos en todo el mundo, particularmente en América Latina, con pobres resultados frente al negocio ilícito del narcotráfico.
Desde sus oficinas en Londres, Trace habló con EL DEBER a propósito del proyecto de ley para legalizar la marihuana que presentó el Gobierno de José Mujica la semana pasada ante el Parlamento de Uruguay.
– ¿Cómo enfrentar al narcotráfico cuando la ‘guerra contra las drogas’ ha demostrado que fue un rotundo fracaso? ¿Es la legalización el camino tal como lo ha planteado Uruguay con la marihuana?
– Nuestra organización ha hecho campaña durante muchos años para que revisemos las políticas respecto del control de las drogas. No creo que haya una única y simple solución al problema, pero creo que los gobiernos deben abrirse a considerar nuevas opciones. Por eso respaldamos a cualquier gobierno que haya decidido buscar nuevas estrategias y nuevas formas de lidiar con este problema.
Uruguay es apenas un caso en este sentido y, mucho más, porque no hay tantos países en el mundo que se pongan a revisar las políticas represivas de las drogas a través de la criminalización y la penalización del fenómeno. En este contexto, nosotros también hemos apoyado al Gobierno boliviano en su decisión de cuestionar a escala internacional el estatus legal sobre la hoja de coca, arbusto que considera parte de la cultura de los pueblos indígenas. Las preguntas que ha planteado el Gobierno boliviano, que no son sencillas de responder, han sido escuchadas por otros países y están comenzando a replantear el tema.
– ¿El principal argumento para la liberalización es que la prohibición lleva a un incremento sideral de los precios de la droga y abona el negocio del narcotráfico? ¿Hasta qué punto esto es razonable?
– Es un argumento razonable. Obviamente, es un problema tremendamente complejo, con diferentes tipos de drogas, diversos mercados y numerosos efectos para los estados en todo el mundo. Pero en general, mientras más duras son las legislaciones que impulsan los gobiernos contra las drogas no es posible satisfacer la demanda a través de fuentes legales, por lo que se crea un mercado negro de las drogas. Por eso, mientras más fuertes sean las normas, más aislado y más fuerte será el mercado de las drogas, con mayores beneficios a los criminales de las drogas. Este es uno de los desafíos que tenemos que enfrentar.
Aquellos que cuestionan este argumento señalan que aún levantando la prohibición, el negocio será inmensamente redituable de todas maneras. ¿Realmente bajarían los precios si liberalizamos las drogas y cuán efectiva puede ser esta política para romper con este negocio?
Estoy de acuerdo con este análisis. Debemos tener en cuenta que simples actos, como crear un mercado legal, no hará que el crimen organizado se vaya de la noche a la mañana. Lo difícil es predecir qué podría pasar. No tenemos un laboratorio para probar qué puede pasar. Pero es importante que los estados piensen lo que puede pasar si cuentan con mercados regulados para las drogas. Creo que los críticos tienen razón cuando los críticos señalan que no hay soluciones simples para un problema tan complejo.
Lo cierto es que hay dos puntos a tener en cuenta. Ahora sabemos que es posible detener la criminalización de los consumidores de drogas sin tener mayores efectos sobre el abuso en el consumo de drogas. Hay muchos países en el mundo que se han alejado de la criminalización de los drogadictos y no han tenido un aumento en el número de consumidores. Por lo que podemos predecir que no habrá una explosión de consumidores de drogas.
Lo segundo que el crimen organizado se mantendrá activo en el negocio de las drogas aun si creamos un mercado regulado, lo que no sabemos es si se mantendrán envueltos en un proceso igualmente violento, destructivo y poderoso como el que estamos viviendo ahora. Si vemos el mercado de la cocaína, que viaja desde América Latina hacia Estados Unidos, vemos que es un mercado con enormes ventajas comparativas que crea grandes ganancias, lo que lleva al crimen organizado.
La pregunta no pasa por saber si se terminará o no el crimen organizado, lo cual no es muy realista, pero sí el hecho de que su poder pueda ser desarticulado. Por lo tanto, será menos violento y menos influyente para corromper las instituciones de los estados. No hay una respuesta fácil para este dilema, porque no tenemos un laboratorio para ver qué podría pasar. Pero estas son las preguntas que los gobiernos deben hacerse.
– ¿Cuán efectivo es que un país por su cuenta legalice las drogas si el negocio es transnacional?
– Ningún estado puede lidiar con este problema por sí solo. Creo que debemos buscar una solución coherente de forma conjunta, entre todos los actores de este proceso. De todas formas, la decisión de un país por encontrar otras soluciones al fenómeno debería ser respaldada por los otros países vecinos y por la comunidad internacional en su conjunto.
En esto peleamos mucho con las Naciones Unidas. Siempre que Portugal, República Checa, Australia o, ahora, Uruguay plantean algo diferente, normalmente, son condenados por las Naciones Unidas. Pasa lo mismo cuando Bolivia levanta cuestionamientos al régimen sobre la hoja de coca. Lo que esperamos de la comunidad internacional es que reconozca los esfuerzos y dilemas que enfrentan los países sobre este asunto. Ellos necesitan ayuda para encontrar una solución, en el marco de una estrategia regional o global. Los países más poderosos, como el Reino Unido, normalmente son los más rápidos en condenar estas políticas y dejan el problema sin resolver en sí mismo.
– ¿En qué medida hay que hacer una diferencia entre drogas blandas (marihuana) y drogas duras (cocaína)? ¿Se puede pensar en legalizar la cocaína, por ejemplo?
– En particular para el caso de América Latina, creo que es inteligente comenzar como lo están haciendo los uruguayos. El mercado de cannabis tiene una mayor cantidad de consumidores y cuenta con un mercado de proveedores mucho más diverso. Esta droga no está en manos de unos pocos cárteles.
Con la marihuana es posible crear un mercado relativamente regulado y se pueden obtener beneficios al lograr separar el mercado de la marihuana de las drogas duras, tales como la cocaína. Así funciona en algunos países europeos. Si quisieran legalizar todas las drogas, el escenario sería mucho más difícil. Obviamente no se pueden aplicar los mismos argumentos para las drogas duras, por supuesto.
– Las sociedades, en general, se resisten a la legalización porque consideran que puede afectar la salud de los jóvenes. ¿Es razonable esta preocupación?
– Sí, es razonable y se deben tomar muy en serio las consecuencias de cada medida. Sería irresponsable para cualquier gobierno ignorar ese potencial de riesgo para la salud. Si la política que se adopta incrementa el número de consumidores y la inseguridad, entonces esa medida no ha logrado sus objetivos.
La evidencia que tenemos hasta ahora, con la marihuana en particular, dice que liberalizar el régimen y crear un mercado regulado no lleva a una explosión en el consumo. No buscamos crear un mercado del consumo de drogas más grande del que tenemos ahora.
– ¿Cómo ve el caso boliviano? El presidente Evo Morales ha flexibilizado la política de erradicación de 
hojas de coca y ahora se tiene una expansión de la oferta de cocaína…
– Creo que el Gobierno de Morales ha tenido un rol importante a nivel internacional sobre la defensa de la hoja de coca como un elemento de la cultura de los pueblos indígenas. En este punto, nosotros hemos apoyado la despenalización de la hoja de coca. Esta es una iniciativa razonable. La respuesta internacional no ha ayudado a lograr dicho objetivo. Creo que Morales logrará el objetivo de reingresar en la convención internacional de control de drogas con una reserva sobre la hoja de coca. Este es un proceso legal que no tendrá problemas.
Fuente Eldeber
