Hace algunos días, este medio daba cuenta de un fallo judicial en México que podría cambiar el paradigma jurídico sobre el cannabis. La sentencia posibilitó que el país ya tenga cinco jurisprudencias en favor de una liberación, aunque eso no es suficiente en el sistema de ese país. Sin embargo, existe una cláusula que indica que al alcanzar ese número de antecedentes se abre un plazo de 90 días para que el poder legislativo discuta un nuevo marco regulatorio.
Es en ese sentido que Morena, el partido político de izquierdas que llevó a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a la presidencia -asume el 1 de diciembre- presentó en el congreso mexicano un proyecto de ley que propone despenalizar toda la cadena de siembra, cultivo, cosecha, producción, transformación, etiquetado, empaquetado, promoción, publicidad, patrocinio, transporte, distribución, venta, comercialización, portación y consumo de cannabis y sus derivados para fines personales, científicos y comerciales.
La iniciativa, además, insta la creación del Instituto Mexicano de Regulación y Control del Cannabis (IMRCC), tal como existe en Uruguay, que se encargará de otorgar licencias hasta por cinco años para la siembra, cultivo, cosecha, producción, procesamiento y venta de marihuana con fines comerciales. Además, establece los lineamientos generales para la regulación del cannabis en todos los sentidos y regula el enfoque de salud pública, reducción de riesgos y daños relacionados con el consumo.
Dejando la fría letra de lado, el proyecto reconoce la libertad individual de los usuarios o, como dice la ley en México, el derecho de las personas al libre desarrollo de personalidad. Así, la nueva ley permitiría sembrar, cultivar y cosechar hasta 20 plantas. Los adultos podrán fumar marihuana en espacios públicos, excepto aquellos espacios 100% libres de humo de tabaco y estará prohibido conducir cualquier vehículo, manejar equipo o maquinaria peligrosa bajo los efectos de la hierba.
La propia bancada de Morena en el Senado reconoce que la iniciativa propone un modelo de regulación legal estricta; “el punto medio entre prohibición absoluta y el libre mercado”, con un comercio legal regulado y monitoreado en toda la cadena de valor.
La cara visible del proceso
La cara visible en este proceso será la de la actual senadora Olga Sánchez Cordero, quien fuera ministra de la Corte Suprema mexicana y será secretaria de la Gobernación cuando asuma AMLO. La mujer también propone la creación de cooperativas que participen de la actividad. Espacios similares a los clubes donde los socios puedan producir cannabis para el uso personal de hasta 150 personas que se beneficiarán con un máximo de 480 gramos al año. De acuerdo con la propuesta de la morenista, las cooperativas deberán contar con una licencia emitida por el IMRCC, para poder producir la sustancia y sus derivados.
Si el club cultiva un excedente, el mismo deberá donarse a las instituciones correspondientes para fines de investigación científica. Además, deberán tener un código de ética, tendrán expresamente prohibido proveer de cannabis, o cualquiera de sus derivados, a personas ajenas a la cooperativa o a otras cooperativas y existirán reglas de conducta dentro de las cooperativas con, por ejemplo, multas que podrían oscilar los 400 dólares por ingerir bebidas con alcohol.
Por Rama
