Arabia Saudita y Malasia son los peores ejemplos
En 2015, Arabia Saudita llevó a cabo, una vez más, ejecuciones de presos condenados por delitos relacionados con el cannabis. La mayoría de los condenados a muerte fueron declarados culpables de delitos de drogas; muchos son extranjeros que habían sido admitidos como trabajadores invitados en el emirato. Mientras que en 2014, se había ejecutado a más de 90 personas (ni siquiera Amnistía Internacional dispone de cifras más precisas), a mediados de diciembre de 2015, esta cifra ya ascendía a 161 personas.
Sin embargo, Arabia Saudí no es el único país de Asia en condenar a pena de muerte a los que comenten delitos relacionados con el cannabis. Aparte del emirato, donde la blasfemia y la brujería también son delitos que conllevan la horca, Malasia es uno de los pocos países del mundo en los que el cannabis se sigue castigando con la muerte. Mientras que en Arabia Saudí se ha ejecutado a un traficante de cannabis hace poco, en mayo de 2015, en Malasia, según ENCOD, más de 50 personas que, presuntamente, habían traficado o pasado cannabis de contrabando han sido condenadas a muerte desde 2009. En total, hay más de 600 personas en el corredor de la muerte en Malasia. Aunque la nación insular no haya colgado a nadie a causa del cannabis u otras drogas desde 2009, la posesión de más de 200 gramos de la planta prohibida sigue dando lugar a la imposición de la pena de muerte. Recientemente Abdul Hafiz Abdul Latip, de 26 años de edad, fue condenado a la horca por posesión de un kilo de cannabis. Shahrul Izani es también uno de los muchos condenados a muerte “Sólo por Cannabis”. Su última petición de indulto fue rechazada en octubre de 2015, y podría ser ahorcado en cualquier momento. La policía le sorprendió con 622 gramos de cannabis hace 13 años. Ahora tiene 34 años de edad, entonces tenía 19.
Aún cuando en muchos países hay presos condenados por delitos de cannabis en espera de ejecución, en la actualidad sólo Arabia Saudí sigue condenando a pena de muerte por delitos relacionados con el cannabis. No obstante, en el papel, la pena de muerte para los delitos de cannabis “más importantes” también existe en algunos estados de los EE.UU., Arabia Saudí, Malasia, Indonesia, Kuwait, Tailandia, Pakistán, Egipto, Siria, Yemen, Bangladesh, Cuba, Omán, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, India, Qatar, Corea del Norte, Irak, Sudán, Libia, Sri Lanka, Laos, Myanmar, Corea del Sur, Somalia y Brunei.
Se azota a causa del cannabis
Muchos países de la zona siguen aplicando la pena de muerte para el cannabis, pero ya no ejecutan a los condenados debido a las numerosas protestas internacionales. En su lugar, convierten la pena en una pena de prisión, como ocurrió en los Emiratos Árabes Unidos, donde en 2013, el joven ciudadano británico, de 23 años de edad, Nathaniel Lees fue condenado, inicialmente, a la horca, junto con un amigo de Siria. Tras las fuertes protestas internacionales, la sentencia fue conmutada por una pena de prisión de cuatro años. En Malasia, Arabia Saudita, Irán, Somalia o Singapur, los delincuentes de cannabis además son azotados a veces durante su detención si las autoridades no quieren o no pueden ahorcarlos. Aún así, Irán, (donde el año pasado casi 400 personas fueron ejecutadas por tráfico de heroína, anfetaminas o cocaína), Pakistán, Tailandia, Vietnam o Camboya adoptan un enfoque “generoso” al imponer penas de prisión largas y castigo corporal a los traficantes de hachís o de marihuana. En estos países, donde el uso de hachís y otros opiáceos ha sido durante mucho tiempo tan común como el vino y la cerveza en nuestra cultura, en la realidad se hace, por lo menos, una ligera distinción entre el cannabis y las otras sustancias mucho más peligrosas. Hasta el momento, no se dispone de cifras oficiales de China, (que ejecuta anualmente a más personas por delitos de drogas que Irán), en relación con las ejecuciones estatales. Como tal, nadie en Occidente sabe si el país más grande de la tierra ejecuta a causa de las flores de cannabis o “simplemente” por otras sustancias.
En estos países, el cannabis y el hachís no se han prohibido como resultado de la evolución histórica. Más bien, las prohibiciones son el resultado de las influencias externas en la cultura local. Dicho esto, incluso si una ley no define el cannabis como mortal, los castigos en muchos países de Asia son ahora muy draconianos. Sin embargo, el cannabis y otras sustancias suelen encontrarse ampliamente disponibles y incluso se comercializan medio-abiertamente en lugares especializados en Teherán, en las fiestas tailandesas de luna llena en Koh Phangan, o en Pakistán. Esto plantea la pregunta: ¿por qué, en muchos de los países en los que el cannabis tiene una historia cultural original, de repente el cannabis está más prohibido que el alcohol, que en muchos de los países de la zona está prohibido por razones históricas o religiosas?
Estas muertes a causa del cannabis están en nuestras manos
La actual Guerra contra las Drogas, que fue provocada en primer lugar por Occidente hace 40 años, ha proporcionado un terreno fértil para la actitud totalitaria hacia el cannabis. El fenómeno “pena de muerte para las drogas” sólo ha existido desde Richard Nixon y, poco después, Ronald Reagan decidió erradicar el cannabis y cualquier sustancia ilegal usando armas en vez de investigándolas. A cualquier precio. No es ninguna casualidad que la DEA se crease en la época de Richard Nixon.
En los lugares en los que gobiernan fanáticos religiosos, como en Somalia, Arabia Saudí o Irán, por ejemplo, la pena de muerte ha sido un medio adecuado para la prevención desde las épocas de Nixon y Regan. Otros países, como Sri Lanka, Malasia, Singapur o Tailandia tienen sistemas jurídicos modernos que, por desgracia, todavía contienen la pena de muerte. Una vez que un delito, aunque se trate sólo de contrabando o tráfico de cannabis, es considerado por la ley de un país un delito capital, la pena de muerte es el único paso lógico si un sistema jurídico permite esta forma de homicidio estatal. Sin embargo, hay que recordar que desde la década de 1970 y 80, muchos de estos países se han visto, efectivamente, obligados por los EE.UU. y sus socios a clasificar los delitos de cannabis y de otras drogas como delitos capitales. Como tales, han podido imponer las penas más severas. Es lo mismo que ocurre hoy en día en algunos estados de Estados Unidos, como Texas, donde teóricamente, cierto joven de nombre Jacob Lavoro podría acabar en la silla eléctrica por un par de galletas de hachís con un contenido de THC de 2,5 gramos. Los observadores esperan que la Corte, sin embargo, le condene a una pena de prisión de cinco años como reincidente.
Parece hipócrita, entonces, protestar sólo cuando un turístico europeo es víctima de estas prácticas, como cuando en 1987, Frank Förster parecía estar a pocos pasos de la horca en Malasia por posesión de 200 gramos de hachís. Desde Förster, ha habido muchos turistas occidentales que han escapado de la horca en el último segundo, gracias a la intervención de sus gobiernos en su nombre. Pero ¿qué pasa con las numerosas víctimas saudíes, de Malasia, Arabia, la India o de otros países que han sido ejecutadas a manos del Estado debido al cannabis? Por no hablar del número aún mayor de los que han sido, o serán, ejecutados a causa de otras sustancias, o los que durante muchos años han estado en el corredor de la muerte por delitos relacionados con el cannabis? Los políticos occidentales han aceptado, de forma tácita, tanto esto como los azotamientos, y muchas otras violaciones de los derechos humanos que se han cometido en la Guerra contra las Drogas durante los últimos 40 años. Se consideran daños colaterales.
Si no hay víctima-¿no hay delito-no hay pena de muerte?
Sin embargo, la situación resulta especialmente extraña cuando se trata del cannabis, ya que no es mortal, a diferencia de muchas otras drogas. En lo que respecta al cannabis, los homicidas estatales no pueden ni siquiera esgrimir el “argumento asesino” y fundamentalista de su Antiguo Testamento – ojo por ojo.
En todo el continente americano, en Europa, Australia e incluso en algunos países africanos, muchos estados están considerando seriamente relajar la legislación del cannabis. Cada vez más países legalizan el cannabis, y no sólo para fines medicinales. Sin embargo, en la Península Arábiga y algunas partes de Asia, el tiempo parece haberse detenido. Las consecuencias negativas de la Guerra contra las Drogas siguen sin cuestionarse allí; en cambio, se definen como una máxima para la intervención del Estado.
Occidente tiene que actuar, en vez del silencio que se produce cada vez que se ejecuta a un traficante de drogas en Arabia Saudi. Siempre que se trata del importante tema de la libertad de expresión, como en el caso de los azotes que recibió Raif Badawi, los equipos de cámaras occidentales se pelean para informar de la historia. Sin embargo, otra decapitación debido al cannabis sólo se merece una breve mención en la BBC. A diferencia de Human Rights Watch, Amnistía Internacional tiene problemas para clasificar la “Guerra contra las drogas” como el motivo de numerosos violaciones de los derechos humanos. Hace unos meses “AI” publicaba esta explicación, que sin embargo sólo enumera la pena de muerte por delitos de drogas, pero no la Guerra contra las Drogas como una razón de los citados abusos. En su carta abierta a las Naciones Unidas, Human Rights Watch se posiciona con mucho mayor claridad a este respecto y describe la Guerra contra las Drogas como la causa de muchas de las violaciones de los derechos humanos cometidas por organismos estatales y estructuras corruptas. La organización de los derechos humanos concluye que sólo un cambio de dirección en la política de drogas internacional puede hacer que sea posible salvaguardar los derechos humanos en los países en cuestión.
Dinamarca ha sido el único país de la UE en responder hasta ahora, al retirar el apoyo danés al programa de lucha contra la droga de su gobierno a Irán debido a su naturaleza sangrienta. Por otro lado, las prácticas mortales como estas siempre se han financiado con los fondos de ayuda para el desarrollo. “Como indica la evaluación, las fondos de ayuda conducen a ejecuciones. Los esfuerzos están dando lugar a más presos y no estoy seguro de que este programa puede garantizar de forma adecuada el fortalecimiento de los derechos humanos en Irán”, explicaba mejor el ministro de Fomento danés Friis Bach para justificar la salida de su país en 2013.
ONGs como ENCOD han profundizado en el tema del cannabis y la pena de muerte, y están solicitando al gobierno de Malasia en esta petición que ponga fin, de inmediato, a la pena de muerte para los delitos de cannabis. Para Shahrul Izani, quien ha estado en el corredor de la muerte durante 12 años a causa de unos pocos cientos de gramos, cada firma cuenta; el gobierno de Malasia parece por lo menos dispuesto a reconsiderar la pena de muerte para los delitos de drogas. En Arabia Saudí, por el contrario, mientras que el Estado permita la ejecución por brujería y blasfemia, es probable que el cannabis siga acarreando la muerte de muchos delincuentes en 2016.
Por Micha
