La demanda de un marco jurídico para el consumo y plantación legal resonó el sabado en el encuentro informativo convocado por la recién creada Federación de Asociaciones Cannábicas de Canarias. Solo en Fuerteventura, se localizan cinco del casi centenar de clubes que ofrecen un consumo seguro a su asociados.
La inseguridad jurídica pende sobre el casi centenar de asociaciones de cannabis de Canarias. «No tenemos un marco jurídico que nos regule qué actividad y de qué manera podemos hacerlo», resume Narest Díaz, de la Federación de Asociaciones Cannábicas de Canarias que ayer celebró un encuentro en El Castillo.
Esta federación es de reciente creación, de hecho apenas solo tiene un mes de andadura, y acoge a nueve asociaciones, más cinco que están pendiente de entrar. En toda Canarias, existe casi un centenar de estos colectivos, según Narest Díaz, que pertenece a Hierbania, con sede en El Castillo. Díaz establece una media de unos 150 socios por colectivo, «lo que sumamos mucha gente que quiere consumir y cultivar cannabis sin trabas legales y sin estar expuestos a multas».
Entre este centenar de clubes a nivel regional, se encuentran las cinco de Fuerteventura que se reparten entre Corralejo, dos en Puerto del Rosario, El Castillo y Gran Tarajal. Aquí y allá, el problema es el mismo: «la Guardia Civil viene, nos ve las cuatro plantas que tenemos y nos las quitan, acusándonos de traficantes de droga y de un delito contra la salud pública cuando nosotros solo estamos ejerciendo nuestro derecho al autocultivo y al autoconsumo».
Contra el consumo ilegal. Frente a esta inseguridad jurídica, la federación demanda además un lugar donde la gente pueda consumirla sabiendo de donde procede «no que venga de la calle, sin saber de dónde ha salido, ni cómo se ha hecho, ni qué tipo de manipulación tiene». La última actuación contra las plantaciones de los clubes de Fuerteventura data de octubre y afectó al cultivo de un club de Puerto del Rosario, «al que están haciendo bastante daño».
El marco jurídico de estos colectivos cambió a raíz de una sentencia del Tribunal Supremo que resolvió el recurso de la asociación de Estudios y Usuarios del Cáñamo Ebers de Bilbao en relación al cultivo y consumo compartido de cannabis, estableciendo que los clubes de cannabis son ilegales por su actividad de cultivo y fomento del consumo de droga. Esta sentencia rompió con más de 20 años de un desarrollo legal de la actividad de estos colectivos en todo el país, que acabó de rematar la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, más conocida como ley mordaza.
Para buscar soluciones a este y otros problemas del consumo legal del cannabis, la federación canaria convocó a instituciones y políticos a una cita a la que el sábado solo acudió la parlamentaria Nereida Calero, de Coalición Canaria.
