En 1993, el grupo pro-legalización, Asociación Ramón Santos de Estudios Sobre el Cannabis (ARSEC), con sede en Barcelona, fue pionero en plantear la legalidad del cultivo de cannabis para el consumo colectivo de mayores de edad, al preguntar al fiscal antidrogas si la actividad podría pasar el aro de la ley. La respuesta fue que en principio, era legal. El primer club social de cannabis en España, el Club de Catadores de Cannabis de Barcelona (CCCB), se fundó en 2001. Entre 2001 y 2003, el Tribunal Supremo dictó resoluciones en varias ocasiones a favor de la despenalización de la posesión y el consumo de cannabis siempre y cuando no se hallara en ello un fin lucrativo.
Hoy, la asociación cannábica Betelén, arraigada en la zona del Puerto de la capital grancanaria, ha arrancado con pie firme en una isla donde se tiene constancia de otro colectivo, el Club Social de Cannabis (CSC) Mambo, también en la zona portuaria, y de otro que pasó a mejor vida, el de El Secadero, que estaba situado en Sardina del Sur. Este, por desavenencias entre sus socios, dejó de funcionar, si bien aún no se ha disuelto formalmente, ya que nunca se inscribieron en su momento las modificaciones correspondientes de la extinta junta directiva de la asociación.
Betelén se creó en 2009 y en ella hay cuatro trabajadores asalariados más un quinto en calidad de voluntario, y cerca de 130 socios, que en conjunto forman este club o asociación cannábica, en el que se hace una inversión mensual y se reparten tres cosechas de marihuana anuales entre estos socios. Así lo describe Rayco Ouviña, que preside la junta directiva y que además se encarga de parte de la gestión general y buena parte de la comisión de tesorería en un régimen a tiempo completo en el club. Para adherirse a Betelén, es requisito indispensable la recomendación previa de un socio, “no puedes contactarnos por internet ni nada de eso, tiene que avalarte alguien o tener alguna enfermedad para la que el cannabis está recomendado”, caso en el que el aval personal previo se deja de lado, aclara Ouviña.
El isleño comenta que el crecimiento de socios es “muy lento” y que “muchos se han ido dando de baja, porque han dejado de consumir o empiezan a cultivar y prácticamente ya no consumen (en el club), o porque se van a vivir fuera”. Así que, “entre los que entran y los que salen, crecemos un poquito”, lo cual “nos viene bien porque el cultivo colectivo lo hacemos en base a una demanda”, de modo que la sostenibilidad evita problemas tanto de escasez como de abundancia. “Lo preferimos así, yendo despacito”, revela Ouviña, quien también habla de un máximo de 200 socios activos como tope para Betelén, “nos parece que es suficiente y que lo lógico es favorecer que se formen otros clubes antes que seguir creciendo ilimitadamente, no es nuestra filosofía”, más bien “quedarnos en algo chiquitito”.
Ouviña y la asociación a la que representa constituyen un reducto de libertad, respeto y armonización para, con y hacia el cannabis y la marihuana en Gran Canaria. Como pertenecientes a la española Federación de Asociaciones Cannábicas (FAC) se erigen en representantes isleños de los valores de esta red asociativa, que “demanda un cambio en la legislación actual en materia de drogas para que sea más justa y eficaz”.
Asimismo la FAC abre un debate público sobre la participación de la sociedad civil en el diseño de dichas políticas. Para hacer frente a esta demanda, la FAC cuenta con una propuesta reguladora a todos los niveles basada en el cultivo personal y colectivo, este último a través de los Clubes Sociales de Cannabis o CSC, los cuales funcionan “democráticamente, sin ánimo de lucro y producen bajo demanda de un círculo cerrado de persona adultas que no pueden cultivárselo ellos mismos”, tal y como se postula en su página web. En esta página se describe, así mismo, que “la FAC participa en parlamentos autonómicos, nacionales y europeos, foros internacionales, talleres, debates e intervenciones en medios de comunicación. En el plano social cuenta con asesorías jurídicas y legales, conferencias, manifestaciones y diversas actividades a nivel lúdico y forma parte de la Coalición Europea por Políticas de Drogas Justas y Eficaces (ENCOD)”, lo que denota una posición de relativo poder como actor en ciertas plataformas de negociación y foros de discusión, caso de su asistencia a la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en 1998.
En la esfera política, Ouviña afirma que “con Izquierda Unida (IU) siempre ha habido cierta afinidad, ellos siempre nos han llevado en sus programas políticos, admiten una sugerencia, hay un acercamiento, facilidad”. Con otros partidos, según el momento: “Con el PP (Partido Popular) poco, otros parece que tienen un acercamiento pero después salen con otra cosa y es más complicado. El PSOE (Partido Socialista Obrero Español) suele escucharnos mucho cuando está en la oposición y cuando está en el gobierno bastante poco”, añade el isleño. Además, han tenido “algún acercamiento” con Ben Magec por la afinidad naturalista común y compartida.
En representación de Izquierda Unida Canaria (IUC), el joven militante Yoseba Farto, habla del uso industrial alternativo y potencial de la planta Cannabis sativa y del cáñamo que se extrae de ella, y fundamenta en ello la defensa de su legalización, aunque matiza que su partido “no aboga” ni por tener en cuenta esta característica como prioridad ni por dar la mayor importancia y la preponderancia al cáñamo como fuente de riqueza natural y de uso industrial. Sí pondera su valor como materia prima desaprovechada y desechada, y reclama que “el cannabis podría ser una de las patas de la industrialización del Estado español”. “Su estigmatización viene por cuestiones económicas, desde la irrupción del nailon, y las industrias del papel, más después de los biocombustibles”, alega Farto sobre el hecho de que las grandes empresas que trabajaban con estos recursos se enfrentaran al cultivo legal del cáñamo por intereses económicos en el pasado.
Para el activista pro-cannabis de IUC, es “una hipocresía tenerlo ilegalizado”, porque “no genera dependencia física, aunque sí psicológica” ni “daños permanentes, como el alcohol”. Sobre el uso recreativo, se decanta por defender su despenalización más allá del estigma social y moral: “¿Por qué no?”, cuestiona, retórico, “por supuesto”. Las asociaciones, añade Farto, “serían la forma más adecuada para llegar a una regularización y normalización total del cannabis, porque promueven un uso responsable y controlado, en círculos más o menos cerrados, garantizando una calidad y la responsabilidad en el consumo, tanto para la parte terapéutica como para la lúdica, aparte de hacer vida en común”, concreta el miembro de IUC. El joven militante no se olvida de los demás partidos: “Que quede constancia de que todos los partidos, menos el Partido Popular, están a favor de la regularización en teoría, pero no se lleva a la práctica, porque la relación entre las mafias y el poder es directa, las mafias de la droga tienen más poder que el propio Gobierno”.
La lucha contra la criminalización de una planta
Con la Ley sobre Protección de la Seguridad ciudadana de 1992, conocida como ‘Ley Corcuera’, aún vigente, cualquiera que sea descubierto con plantas, muchas o pocas, en su casa o en terrenos de su propiedad, va a parar ante el juez acusado de delito contra la salud pública. La inmensa mayoría se libra de la cárcel si no se logra demostrar que se dedicaba a vender. En España hay un vacío legal entre el derecho a consumir y el de abastecerse del que, en variadas ocasiones, la Policía se aprovecha para intervenir y abocar a un proceso por lo penal.
El abastecimiento compartido, en ese vacío, se ha impuesto como práctica permitida, de ahí que los clubes comenzaran haciendo compras compartidas, posteriormente sustituidas por el cultivo colectivo sin ánimo de lucro, a la postre también en connivencia con la legalidad. Las compras compartidas, subraya Ouviña, “no siempre son o han sido en el mercado negro, muchas veces compran a un conocido y le sacan así un poco de tener que acudir al mercado negro” a vender. Pero no olvida el perjuicio implícito de esta criminalización del cultivo, relegar el intercambio al pago con dinero no declarado y el desamparo en términos de seguridad laboral y social.
Betelén, que empezó funcionando con cultivos colectivos, sigue los pasos marcados por las veteranas asociaciones cannábicas arraigadas en la Península, sobre todo en Cataluña y Euskadi. Rayco Ouviña menciona que, fruto del contacto con otros clubes adscritos a la FAC, caso de exponentes catalanes pioneros, poseen una referencia legal de lo que puede ser un club cannábico. En concreto, unos socios catalanes fueron llevados a juicio al cuestionarse la licitud de su actividad y la Audiencia provincial de Tarragona dio la razón a la asociación.
Posteriormente, la Fiscalía les llevó al Tribunal Supremo, que condenó a multas a varios integrantes de la junta directiva e incluso a varios meses de cárcel, que finalmente ninguno cumplió por falta de antecedentes. Sus errores y sus aciertos conformaron la punta de lanza de estos colectivos y unas pautas legales validadas judicialmente a las que atenerse. En estos procesos se dilucidó la legalidad del cultivo colectivo frente al de carácter individual.
Así mismo, el Informe Muñoz y Soto, que emitió la Universidad de Málaga (UMA) y que se publicó en el Boletín Criminológico del Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología en el año 2000 a petición de la Junta de Andalucía cuando buscaba encauzar legalmente el establecimiento de dispensarios terapéuticos de cannabis, es también poso de conocimiento para estas asociaciones. Estas interpretaciones no hacen distinción entre el consumo lúdico y el terapéutico, lo que permite ambos consumos en el ámbito controlado y cerrado de un club cannábico y en atención a la jurisprudencia sobre el cultivo colectivo e individual.
“La clave para el funcionamiento de las asociaciones es que no haya un beneficio”, en todo caso que las asociaciones provean de un salario a los trabajadores propios de los clubs al modo de una cooperativa. Álex Jiménez, autor de estas palabras, es un jurista grancanario que asesora a los clubes y asociaciones cannábicos para adecuar sus estatutos y actuaciones a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y a los tribunales menores en torno a esa especie de ‘pseudojurisprudencia’, en la que se ampara la actividad de estas organizaciones, a falta de una normativa específica.
Para Jiménez, la circular emitida en verano de 2013 por la Fiscalía General fue una manera de declarar que van “a echarle la soga al cuello” a las asociaciones y clubes cannábicos, de “ir a por ellas”. En estos momentos, la Fiscalía ya ha contactado con los registros de asociaciones de Tenerife y Gran Canaria, según informa el jurista, para revisar punto por punto este censo de clubes cannábicos y, opina, “meterles mano e intervenirlas a todas” y obtener “multas súper jugosas” gracias a la llamada ‘Ley Mordaza’, si se aprueba: “El Estado, lo que ha optado, en vez de financiarse cobrando impuestos a este tipo de asociaciones, es decir ‘me las voy a pulir”, critica Jiménez.
El jurista denuncia, de otro lado, que los últimos cierres forzados y detenciones de miembros de clubes en Cataluña han sido por causa de un descontrol de las propias asociaciones, a las que se les ha ido de las manos: “En Barcelona se disparató, se ha llegado a anunciar a nivel turístico en Europa, creo que hay turoperadores en Italia que anuncian vacaciones en España, te ofrecen hacerte socio de un club durante una semana, un disparate”. Una banalización, un exceso en forma de ilegalidad en las competencias que estos clubes se atribuyen, aún no se sabe si en un estado de connivencia entre agencias de viaje y clubes cannábicos en Cataluña. Pagan justos por pecadores.
Eso es lo que ha generado los problemas y la llamada de atención de la Fiscalía. Se ha formado “un embudo” en el que caen todas las asociaciones en un mismo punto como foco de la jefatura superior del Ministerio Fiscal, caso contrario de lo que ocurría antes de aquellos despropósitos en forma de ‘holandificación’ turística como en Cataluña, en este caso con clubes cannábicos en lugar de coffe shops. “Si no es por esto, creo que se estaba avanzando hacia la legalización, de calle”, opina el jurista, que se lamenta ahora de que la Fiscalía lo que pretende, según la mentada circular, es estudiar con detalle los estatutos de los clubes para encontrar ilegalidades, pero también para poner a prueba su funcionamiento, precisamente bajo la sospecha de narcotráfico. “Esto levanta la veda de la calma y latranquilidad en este tipo de asociaciones y van a ver por dónde pueden hundirlas”. En todo caso, Jiménez redunda en la precipitación por parte de las asociaciones en el proceso por el que algunas, como Betelén, han optado por pagar a sus trabajadores, lo que a su juicio ha sido “un poco acelerado” a falta de un avance más pausado y cuidadoso en mitad de esta tempestad.
El factor económico
“No somos empresas, ni camellos, los trabajadores que estamos aquí cobramos un sueldito, no pretendemos hacernos ricos, ni mucho menos, con esto”, un salario acorde con el convenio canario para cada uno de los cuatro trabajadores, en el caso de Ouviña similar al del sector de oficinas y despachos, que recibe una contraprestación a las 40 horas semanales que invierte en el club. Con ella, dice, “me da para vivir”. Este salario no está obviamente asegurado por contrato y si la cosecha es mala, los recortes empiezan por los trabajadores y se salvaguarda el beneficio primero de los socios. Las cosechas son cuatrimestrales (tres al año), una cadencia superior a la media española gracias a las benignidades del clima subtropical isleño.
El club cannábico carece de ánimo de lucro por definición, y en el caso del pago a trabajadores, este dinero se extrae del aporte de los propios socios, que pagan una cuota que sufraga el coste del cultivo en proporción a lo que cada cual consuma, a su elección. El valor de las cosechas depende, claro está, de su calidad y cantidad, que no siempre es igual, de modo que “cada año hacemos una revisión de los costes, hacemos medias, miramos la cantidad producida y lo que nos está costando, más lo que gastamos en costes fijos”. Este total lo dividen entre los costes parciales y establecen, los gestores, una media de la cuota a pagar, que está sometida en cada ocasión al conocimiento y la aprobación de todos los socios.
El cálculo se hace a posteriori, si bien a priori se hace una previsión que tiende al alza “para no tener desequilibrios entre ingresos y gastos, aunque al final siempre es difícil de evitar”, reconoce el gestor de Betelén. En cuanto a la producción, Ouviña prefiere no decirla, pero sí reconoce que “no es tanta como la de algunos clubes de la península”, donde, recuerda el canario, “les han cogido 80 kilos, nosotros no producimos tanto y de entrada no tenemos tanto”. Claro que las cosechas en la Península son, por lo general, de una al año, y en las Islas la mayor cadencia de cosechas también lo es de repartos, “con lo cual nunca llegas a tener tanta cantidad junta”. Hay un máximo de cultivo permitido para no ser considerado narcotráfico, lo mismo en cuanto al reparto, para evitar el usufructo económico de las cuotas por parte de socios que pretendan intermediar con clientes externos. “Insistimos en que eso no lo hagan, incluso a beneficio cero, que si algún amigo quiere consumir, que prueben a hacerlo socio” de Betelén u otra asociación análoga.
En cuanto a los perfiles de los socios del club cannábico, en Betelén “tenemos desde el pibe universitario, de 19 a poco más de 20 años”, con presupuesto limitado que “nunca se gasta más de 50 euros al mes, algunos no mucho más”, dice Ouviña sobre un sector joven que se contrapone a “los socios terapéuticos mayores, que se gastan casi todas las semanas 100 euros”. Las cuotas son las siguientes: Para entrar al club hay que pagar 50 euros el primer año, más 30 euros anuales con posterioridad. Los socios que le dan un uso medicinal al consumo pagan 30 en todos los casos. Y si los costes se pagan equitativamente, las extracciones de aceites se priorizan para uso de los pacientes, caso también de las tinturas que se compran en el club y que se les dan sin coste alguno: “Ellos se traen el bote y se lo llevan, más que conseguir descuentos tratamos de darles complementos que sean gratis”, en una suerte de servicio social informal.
A falta de una normativa específica, “Ley mordaza”
Si se aprueba el proyecto de Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, Betelén podrá perpetuar su actividad siempre y cuando acuda al mercado negro para proveerse del cannabis. El artículo 34, punto 23 del texto, referente a las infracciones (administrativas) muy graves, tipifica como tales “la ejecución de actos de plantación y cultivo ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, no constitutivos de delito”.
El cerco se estrecha, pues, más aún. “Vamos a tener que volver a acudir a la clandestinidad o irnos al mercado negro o procurar que no nos encuentren nuestros cultivos colectivos”, denuncia Ouviña, que pone en evidencia la imposibilidad de eludir el menudeo para coexistir con la ley como asociación: “Seríamos legales, todavía, si en vez de cultivar nosotros acudimos al mercado negro (adquisición colectiva), y lo que hacíamos precisamente era sacar a la gente del mercado negro, creo que hacíamos un bien a la sociedad, luchando contra el narcotráfico, que la gente tuviera algo decente y seguro”.
Por su parte, Álex Jiménez cree que “la legalización del cannabis generaría puestos de trabajo en un círculo (el de las asociaciones cannábicas) que está abocado al paro, personas que están en un círculo asocial”, a las que les va a costar más conseguir trabajo. “Estas asociaciones están pidiendo que se les reconozca desde hace 15 años, legalizando el cannabis evitaríamos la línea gris de si es o no una infracción” que pretende la Ley de Seguridad Ciudadana. “Está claro que hay asociaciones que son criminales” en tanto venden tanto a los socios como fuera del club, “eso es con lo que tiene que acabar le Estado y es lo que también quieren terminar las asociaciones”, continúa el letrado.
Hasta ahora “estás expuesto a que te intervenga la policía y vayas al juzgado que te toque, hay jueces que tienen esto muy claro y los hay que no, aunque lo que pasa en la mayoría de los casos es que se archiva”, porque “los jueces no están dispuestos a condenar por consumir, mientras no tengas un beneficio, el consumo colectivo hace 30 ó 40 años que es legal con una doctrina clara en España”.
La esperanza de Jiménez y algunos de sus colegas abogados que también trabajan con asociaciones cannábicas es que la ley que pretende implantar el Ministerio del Interior, que dirige Jorge Fernández, no se apruebe. Mientras, desde una perspectiva realista, ya piensan en prevenir a las asociaciones de cara a esta posible legislación. Como medidas de actuación, el letrado comenta que van a aconsejar a los clubes que continúen con los cultivos dentro del local, ya que la situación no puede variar demasiado en la praxis, dado que se antoja improbable que la policía obtenga una orden judicial para hacer un registro y poner una multa sobre un cultivo en un inmueble particular. “Eso es imposible, ningún juez va a dar una orden de entrada y registro para poner una multa”, sentencia Jiménez, “es inconstitucional para una sanción administrativa, los registros son para un delito penal”. El abogado cree que lo que sí puede ocurrir en el caso de que se apruebe la propuesta de Interior es que “la policía se saque de la manga una interpretación para hablar de un delito” en alguna de las actividades del club. “Que hagan un registro y te intervengan las plantas en la asociación y que”, entonces sí, “te pongan la multa administrativa a través de la Delegación del Gobierno”.
El razonamiento del Ejecutivo es, supone Jiménez, el de que acuda “la policía y se pare en la puerta del club a cachear a todo el que salga” y a sancionarlos con multas por tráfico de estupefacientes, “que pongan cuatro multas y a la quinta vayan a informar al juez de que allí la gente sale con droga y allí se trafica”. Según esta hipótesis, los socios comparecerían ante un juzgado penal, donde “archivarían la causa”, como ha ocurrido hasta ahora.
Pero, como se ha explicado, es la vía administrativa la que se pretende utilizar con la citada ley, que sustituiría a la vía penal para el tratamiento de las posibles ilicitudes en la actividad de los clubes cannábicos. “El Estado lo que ha dicho es ¿Qué los jueces archivan los temas que mando a los juzgados a través de las Fuerzas de Seguridad del Estado? Ahora esto te va a llegar por otro lado”, de modo que las asociaciones se enfrentan al castigo económico, multas de entre 1.000 y 30.000 euros y la clausura de la asociación en caso de que se imponga la sanción de la que se prevén, además, unos responsables solidarios. Esto significa que se puede declarar responsables a todos los socios de la asociación en cuestión con lo que “la multa la cobran” con mayor seguridad. “El lado positivo es que ya no se van a enfrentar a penas de cárcel. Puede haber una petición de prisión, inventarse una historia, pero al final las cosas hay que demostrarlas y lo lógico es que ninguna asociación que esté funcionando bien no vaya a sufrir una petición de cárcel”; así pues, trata de despenalizar pero se aplica un criterio economicista “para ahogarlos”, concluye Jiménez.
Posible inconstitucionalidad
Las recientes aseveraciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la inconstitucionalidad de gran parte del texto legal propuesto por el Gobierno pueden frenar su promulgación. El órgano de gobierno del Poder Judicial español publicó un informe elaborado por dos vocales (el conservador Wenceslao Olea y la progresista Victoria Cinto), que en el plazo de un mes votará el pleno del Consejo, y que plantea que el texto elaborado por el Ministerio de Fernández Díaz establece criterios “excesivamente amplios” para justificar la intervención policial, además de rechazar que la mera sospecha sobre la posibilidad de que se produzcan perturbaciones justifique la denuncia de una autoridad o empleado público. También ve un cariz inconstitucional en la penalización de los escraches y en los métodos propuestos para los cacheos policiales y la detención por infringir normar, tanto penales como administrativas.
Ante la posibilidad de que se apruebe la propuesta del Gobierno, Álex Jiménez también incide en que si se diera ese caso “se van a ver obligadas”, las asociaciones, “a acudir al mercado negro” para obtener la marihuana. También pone el acento en el hecho de que, pese a todo, el contexto actual en el que impera la ‘Ley Corcuera’ es “admirado” desde Europa, según ha podido comprobar el letrado en reuniones que ha tenido con otros juristas europeos para hablar sobre la situación de los clubes y el cannabis en general. “Están asombrados con lo que hemos conseguido”, dice Jiménez, y recuerda que en Holanda lo que hay es “permisividad”, pero que “no está regulado el consumo como en España, que fue de los primeros países en legalizar el consumo, somos los más avanzados en este sentido en toda Europa”, zanja el abogado.
En la memoria de Jiménez prevalece el recuerdo de la orden ministerial que emitió uno de los ejecutivos de José María Aznar, cuando el Partido Popular gobernaba, con la que se pretendía prohibir la propia planta de marihuana entera, “400 plantas en España”, recuerda Jiménez, con sorna. El movimiento se declaró inconstitucional por defectos formales, “porque no se consultó con la Unión Europea esa orden y había que hacerlo”, tal y como consta en la legislación comunitaria derivada del Informe Catania, cuyo contenido se explicó en el reportaje El cannabis ante la perspectiva de la legalización. Las deficiencias legisladoras del PP parece que se reproducen en la nueva propuesta de Ley Orgánica.
Fuente ElDiario
