Por Javier Iván Prada Moral.
El debate ha saltado de nuevo a la palestra hace tan solo unas semanas en la sociedad mexicana por medio del ex presidente de dicha nación, Vicente Fox, el cual exponía en su blog personal la «legalización de la producción, venta y distribución de drogas como forma de acabar con la violencia asociada al narcotráfico».
La medida en cuestión puede resultar chocante e inmoral para todos aquellos profanos de la situación actual en México, por lo que cabría recordar, antes de indagar con mayor profundidad en la discusión, que desde la llegada de Felipe Calderón al poder en 2006, su política de mano dura contra los cárteles a través de la intervención directa del Ejército en las calles ha originado una espiral de violencia macabra (las decapitaciones masivas de ciudadanos por parte de los narcos están a la orden del día), que se traduce en 28.000 personas muertas, y lo que es peor aún si cabe, la sensación de impotencia de que el Estado es incapaz de ganar la cruenta guerra en la que se ha embarcado contra el narcotráfico, evocando dicho contexto a los añejos tiempos de los años 80 y 90 en Colombia con Pablo Escobar, que, ilusos de nosotros, ya creíamos superados. Llegados a este extremo, al no poder vislumbrar la luz al final del túnel, muchas son ya las voces que reclaman una legalización genérica de los estupefacientes (téngase en cuenta que simplemente la marihuana supone el 60% del mercado de dichas sustancias en esta República) para así asfixiar las vías de financiación de los cárteles y asestar la estocada definitiva a estos.
En lo que respecta a España, si bien es cierto que no se ha embarcado en una guerra abierta contra las mafias que operan en nuestro territorio, estamos librando una particular batalla personal pero, en un escenario bien distinto, el económico. Las consecuencias de la contienda, por el momento, están siendo catastróficas. Tasa de paro cercana al 20%, aumento de la presión fiscal por vía indirecta y en un futuro directa, recorte en las partidas de los Presupuestos Generales del Estado, reducción de salarios a funcionarios, etc. Y, en este desastroso contexto, ¿no sería más conveniente la regulación del mercado de todas las drogas, en vez de aplicar cualquiera de las medidas citadas anteriormente para conseguir salir de la susodicha crisis? Hablando en términos financieros, un estudio de la organización Transform ha cifrado en 15.000 millones de euros al año el ahorro que supondría la legalización de las drogas en Reino Unido como consecuencia de la supresión de las medidas sanitarias, contra el crimen y contra el comercio ilegal de dichas sustancias, y en lo referente a la recaudación vía impuestos que gravasen el consumo de las mismas, solo en México, estamos hablando de una cifra cercana a los 96.000 millones de dólares. Además, cabe reseñar que las políticas criminalizadoras emprendidas por los países del primer mundo en los últimos años, lejos de ser útiles, solo ha conseguido justamente lo contrario a lo que pretendían, incrementar el consumo y que se produzca a edades cada vez más bajas.
Finalmente me gustaría resaltar que la legalización de las drogas no es una medida que deba adoptar un gobierno enbase a los posibles beneficios económicos que pueda generar sino, simplemente, porque el consumo de las mismas es una decisión que corresponde enteramente al individuo, y no al gobernante. El uso de éstas es una manifestación de la libertad personal e individual de la persona, que solo debiera compartir idénticas restricciones que el alcohol o el tabaco, otras sustancias con unos efectos perniciosos equiparables a las denominadas «drogas blandas» (cannabis, marihuana,…), y que son consentidas legalmente y aceptadas socialmente mediante el poder ejercido por los grupos de presión o lobbys que las respaldan.
Fuente LaOpiniondeZamora
