Legalizar el cannabis en México está al caer y solo falta que se envíe y apruebe el reglamento liberador.
Mientras tanto, los posibles actores hacen cuentas y analizan si la despenalización puede ser o no, una opción redituable.
Uno de ellos es el director de la Asociación Nacional de la Industria del Cannabis, José Arturo Bulos García, quien en un editorial publicado en Milenio repasa “los beneficios de la legalización”.
El consenso entre analistas de citibanamex prevé una contracción de 9.6 por ciento en el Producto Interno Bruto (PIB) para este año. Y lo que implicaría su mayor retroceso desde 1932, cuando se redujo en 14 por ciento.
En este contexto, uno de los mayores retos que enfrentará la hacienda pública en los próximos meses será, sin duda, la falta de recursos fiscales disponibles para cumplir con las demandas de los distintos órdenes de gobierno.
Es previsible que tanto Estados y principalmente los municipios enfrenten severas dificultades para brindar servicios de calidad para los ciudadanos de las distintas regiones del país.
Anhelada reforma
Sin embargo, una adecuada legislación sobre la regulación del mercado del cannabis en conjunto con la muy anhelada reforma al artículo 115 Constitucional abre la puerta a los municipios a las innumerables ventajas que ofrece el mercado legal del cannabis.
Específicamente en cuanto a la recaudación de impuestos en toda la cadena productiva , desde la producción hasta la venta.
Por ejemplo y tomando en cuenta únicamente a nuestros dos principales socios comerciales:
Se calcula que en Canadá el 16 por ciento de los ciudadanos son usuarios de cannabis y los impuestos a la planta representan hasta un dólar extra por cada gramo vendido al consumidor final.
En este escenario el gobierno federal se queda con 25 por ciento de lo recaudado, el resto, es para los gobiernos locales.
Tan solo en los primeros seis meses de recaudación desde su legalización, el gobierno canadiense obtuvo hasta 139 millones de dólares de los usuarios de cannabis.
En los Estados Unidos, el uso adulto de la marihuana solo es legal en 11 estados, mientras que su uso medicinal en 33.
Dada su gran tradición federalista, no todos los estados tienen las mismas reglas fiscales, incluso el cannabis medicinal cuenta con reglas específicas de recaudación.
Impuesto estatal
De acuerdo a la organización TaxFoundation, en Arizona existe un impuesto estatal de 6,6 por ciento a las medicinas que utilizan derivados del cannabis. Y adicionalmente la ley considera un 2 o hasta un 3 por ciento, cuyo cobro es opcional para cada una de las ciudades.
La tasa más alta de impuestos por consumo de cannabis es la del estado de Washington, que llega al 37 por ciento.
Existen casos interesantes y que bien podrían servir de ejemplo para el caso mexicano.
El gobierno de Illinois es el primero en EUA en fijar las tasas impositivas a los productos dependiendo de su contenido de THC.
Así, los consumidores de productos con hasta 35% de THC pagarán un impuesto de 10% del valor; los comestibles tendrán una cuota del 20% y los productos con más de 35% en su contenido de THC pagarán 25% más.
Con esta estrategia diferenciada las autoridades esperan, para fin de año, haber recaudado hasta 28 millones de dólares en impuestos a productos de cannabis psicoactiva.
Mientras tanto, en Michigan, todos los productos de cannabis están sujetos a un impuesto del 10 por ciento, sin importar su concentración de THC.
Con esta estrategia el gobierno estatal planea recaudar los primeros cuatro años hasta 737.9 millones en impuestos provenientes de las ventas legales de cannabis.
MÉXICO
En México, cada vez hay más usuarios de cannabis.
Se estima que un 8.6 por ciento de la población mayor a 18 años, equivalente a más de nueve millones de personas, usa algún tipo de cannabis o sus derivados, la regulación legal permitirá a los gobiernos locales controlar que puede ser vendido, quién tiene acceso a la planta y los lugares y modalidades en donde se pueden vender.
Bajo el esquema legal actual son los agentes del mercado negro los que toman estas decisiones.
Al contrario, en un sistema de regulación legal, con facultades para los municipios, muchas actividades, como la venta a menores de edad, se mantendrían ilegales y sujetas a sanciones. Este control sobre el gran número de consumidores puede traducirse en ingresos directos para los gobiernos locales.
Si se permite a los municipios el cobro de impuestos y derechos sobre dispensarios, clubes de consumo y venta de cannabis medicinal, los municipios encontrarán no solo un alivio para sus necesidades económicas, sino también, una manera efectiva y rápida de reactivar la economía y generar ingresos propios.
