El debate por la despenalización de sustancias psicoactivas está en su punto más alto en Colombia.
Allí, en julio de 2016 entró en vigencia la ley que permite el uso medicado de la marihuana.
Asimismo, en julio de 2020 el Consejo de Estado tumbó el decreto 1884 de 2018 que ordenaba decomisar dosis personales a quienes las portarán en espacios públicos.
Así, su accionar se reduce a decomisarla cuando se verifique que el portador la va a comercializar o distribuir.
Ahora, hay quienes creen que la legalización de sustancias psicoactivas podría aportar en la reducción de la violencia.
Por lo menos así lo escribe Gloria Miranda, magister en Construcción de paz, en una columna publicada en Contagio Radio.
Con la discusión de nuevo sobre la mesa, la también asesora del senador Gustavo Bolívar se refirió a las posibilidades de que el proyecto de ley sea aprobado en el Senado.
Es que el escrito entró por la Comisión I del Senado. Instancia en la existe una alianza interpartidista de varios sectores. Y donde ya se cuentan con 11 votos de 12 que serían necesarios para que sea aprobado.
Regulación
Hay una bancada muy amplia que se ha dado cuenta que la lucha contra el narcotráfico de la forma clásica es realmente fracasada.
Por ello creen necesario apostarle a otros paradigmas de la lucha contra las drogas que apunten a la regulación. Y que tiene aspectos positivos en otros países.
Aunque el discurso de sectores conservadores que señalan que este tipo de propuestas es promover el narcotráfico, la evidencia ha demostrado que en la mayoría de países que ha optado por esta opción, ha reducido la incidencia del narcotráfico, algo que implica un proyecto de control y prevención para su consumo.
Al respecto se señala que existirían cuatro mecanismos de acceso que incluyen dispensarios de cannabis. Membresías sin ánimo de lucro que incluyan a personas en condición de calle sin generar un consumo problemático.
Sitios web emulando servicios de países como Canadá y un último elemento que quedaría a disposición de los entes territoriales.
La Policía impuso cerca de 350.000 comparendos y decomisó 234 kilogramos de marihuana hasta la fecha. Y en que el Consejo de Estado tomó una nueva decisión sobre su consumo en los espacios públicos.
Juan Camilo Carvajal, investigador en educación y consumo de sustancias psicoactivas del Colectivo Échele Cabeza agrega que el aislamiento para mitigar el efecto del virus ha generado un cambio en el consumo de sustancias y en la reducción de espacios y reuniones que facilitaban su distribución.
Acuerdo social
Según registros del Observatorio de Drogas de Colombia y encuestas realizadas por el Colectivo Échele Cabeza, las sustancias sintéticas como anfetaminas o el éxtasis dejaron de consumirse. Sin embargo, las estimulantes como la cafeína y el cannabis se dispararon, al igual que el aumento de cocaína.
“Cuando hablamos de una regularización estamos hablando de un acuerdo social. Y que no está abierto a todos pero lo hace de una manera informada y permite tomar decisiones de forma más acertada”, señala el experto.
En Colombia, el mercado promedio de los primeros años fue de 35.200 personas habilitadas para su consumo; de esta población, el 55 por ciento accedía al mercado regulado.
El mercado ilegal percibe una cifra cercana a los 20 millones de euros
En contraste, Camilo Niño, coordinador de la omisión de Territorios Indígenas señala que las iniciativas de erradicación de forma manual o con el uso de glifosato no están dando efecto.
Alternativa
Por lo tanto debe considerarse la legalización como una alternativa para eliminar las causa de la violencia originadas en los territorios por el consumo de coca y que ha golpeado en particular a las comunidades indígenas.
“Están poniendo en problema la soberanía alimentaria de las comunidades indígenas y la contaminación del agua. Es necesario buscar nuevas medias para mitigar la violencia en los territorios”, concluyó Niño.
Gloria Miranda señala al respecto que desde el marco jurídico del proyecto de ley que busca la legalización, generó un capítulo para las comunidades indígenas.
Se estableció que el 50 por ciento de las licencias que se otorgarían para la venta del cannabis como producto sería dirigido a personas que habitan en lugares afectados por el conflicto armado; personas víctimas de la guerra y mujeres cabezas de familia.
Y aclara que para el tratamiento de semillas y el autocultivo en Colombia no sería necesario acudir a las compañías que han patentado las semillas para su siembra.
