La legalización de la marihuana avanza poco a poco en América Latina. Uruguay y México, a la cabeza de las iniciativas recreativas y Colombia, de las medicinales, son la punta de lanza.
En México, la nueva política regulatoria de la marihuana ha quedado hasta el momento en buenas intenciones. En abril, el presidente Enrique Peña Nieto anunció una iniciativa para elevar la posesión de los cinco gramos permitidos a 28 gramos (una onza).
La propuesta, bien recibida en ese momento, está a la espera de que los partidos políticos en el Congreso se atrevan a romper un tabú vigente durante décadas. Esto podría ocurrir en septiembre con el arranque de un nuevo periodo de sesiones.
Los legisladores discutirán también el uso medicinal de la droga. El caso de Grace Elizalde, una menor que sufría diariamente cientos de ataques epilépticos, ha ayudado a modificar la opinión pública. Sus padres lucharon para que las autoridades permitiesen la importación de un jarabe hecho con cannabis, como ya ocurrió en Argentina.
El medicamento redujo drásticamente las crisis de la niña. Los diputados y senadores deberán levantar el veto que prohíbe a los laboratorios experimentar y elaborar medicinas con cannabinoides. Está prácticamente descartado que los legisladores creen un sistema de farmacias o dispensarios donde la marihuana se venda a pacientes, como ocurre en el vecino Estados Unidos.
El Congreso debe reflejar en las leyes el histórico fallo de la Suprema Corte de noviembre pasado, cuando los jueces del Tribunal otorgaron un amparo a cuatro activistas para cultivar, transportar y consumir marihuana con fines recreativos. Hasta el día de hoy, solo las personas que sigan un largo camino judicial trazado por este grupo pueden sembrar marihuana sin ser penadas.
Arturo Zaldívar, uno de los ministros de la Corte, consideró que la prohibición va contra el desarrollo de la libre personalidad. Los jueces declararon inconstitucionales cinco artículos de la Ley general de Salud. Los diputados y senadores deben diseñar un nuevo marco regulatorio a la marihuana para frenar la avalancha de amparos en el poder judicial.
Por lo pronto, comenzarán con el uso médico para los laboratorios y, quizá, con un aumento en la portación de dosis personales.
Uruguay da un paso que no completa
Uruguay ha sido el único que ha apostado por la legalización total. El Gobierno lo presentó en su momento como un intento por regular desde el Estado el comercio de marihuana para reducir los beneficios del narcotráfico.
Productores y consumidores deben inscribirse en un registro y se ha autorizado la compra en farmacias de 40 gramos al mes de cannabis para fines recreativos. Además, hay casi cinco mil autocultivadores legales. El proyecto, sin embargo, se encuentra hoy estancado y la marihuana no ha salido aún a la venta a un mes de cumplido el paso previsto por la ley.
A partir de los casos de niños con epilepsia refractaria que en Argentina se multiplicaron en el último año, se abrió una puerta de urgencia en una agencia del Estado para asistir a los pacientes, pero en la completa ilegalidad, por lo que muchos deciden cultivar en su casa.
Sin embargo, el estancamiento del proyecto uruguayo y sucesivos cambios de gobierno en la región han producido muchas páginas escritas pero pocas decisiones ¿Es real es la voluntad de los gobiernos para desregular?
En Argentina la brecha se abre con el cannabis medicinal
La pequeña Naira hace unas sonrisas raras y pone los ojos a los costados, su pupila tiembla de un lado a otro. Diego, en cambio, comienza a parpadear en forma insistente y, de repente, golpea su frente contra la mesa. A Josefina le atacan shocks eléctricos en los que puede perder el aire. Los brazos de Iñaki se agarrotan y su pecho se infla como un globo. El neurólogo estadounidense Orrin Devinsky describe a la epilepsia refractaria como crisis frecuentes que no responden a los anticonvulsivos.
La afección, difícil de detectar en forma temprana, ataca a muchos niños en Argentina, aunque no hay cifras oficiales. Esos niños encontraron la solución en el aceite de cannabis, que se prepara con flores de marihuana diluidas en aceite de oliva.El cultivo de la planta sigue prohibido y la importación es un beneficio al que accedieron unos 85 privilegiados que cumplieron complejos trámites en la Administración Nacional de Medicamentos (Anmat), pero tampoco existe una norma que regule la provisión.
Las madres reunidas en Cannabis Medicinal Argentina (Cameda) saltaron a escena en octubre de 2015, cuando María Laura Alasi, madre de Josefina, consiguió el primer permiso en Anmat para importar aceite Charlotte Web. Las solicitudes se multiplicaron y el organismo tuvo que dar una respuesta general.
Su director, el Carlos Chiale, afirmó en Diputados que el tema urge. “Esta ley tendría que haber salido ayer, no hay que esperar más. Estamos totalmente a favor de estos tratamientos”, dijo. La comunidad científica poco a poco avanza hacia un consenso similar y hasta los vademécum de las obras sociales empezaron a aceptarlo. Pero del autocultivo nadie habla y la discusión es qué tipo de ley se debe discutir.
El 9 de agosto, se aprobaron en la comisión de Salud del parlamento tres proyectos que solicitan al Ejecutivo la autorización para investigar las cepas. Justo después de que el presidente Mauricio Macri sorprendiera al abrir una puerta hacia la despenalización del cannabis para tratamientos terapéuticos. “Yo no me cierro a nada”, dijo.
Pero la voluntad política de Macri no contempla al autocultivo, del que muchas familias hoy se valen para producir la medicina en casa: la ley argentina lo pena con hasta 15 años de cárcel. Paulina Bobadilla es integrante de Mamá Cultiva Chile, una ONG que desde 2012 hace en su país lo mismo que Cameda de Argentina.
“El Charlotte cuesta 300 dólares y conocemos muchos casos en los que no funciona. Es lo mismo que con los medicamentos tradicionales, tienes que tener diferentes cepas para ir viendo cual es la que funciona. Nosotros cultivamos 3, 4 o 5, depende del espacio que tengas”, explica Bobadilla.
La mujer opina que la regulación debe alcanzar al cannabis medicinal en sus diferentes formatos, “porque hasta el momento solo un elite de cada país puede obtener las medicinas si se las compra a un laboratorio”. “¿Las familias más vulnerables no tienen derecho a tener un día de paz?”, se pregunta.
Cannabis medicinal contra cultivos ilícitos en Colombia
En Colombia rige un decreto firmado por el presidente Juan Manuel Santos que el pasado mayo fue respaldado por el Congreso de la República. Los representantes parlamentarios apoyaron la posibilidad de que en el país exista una ley que dé garantías jurídicas y directrices claras para el uso de esta planta. A la iniciativa solo le resta la conciliación entre la Cámara y el Senado (las dos instancias del Parlamento) para que pase a sanción presidencial y se convierta en Ley.
Esta situación jurídica no impidió que a finales de junio el Ministerio de Salud otorgara la primera licencia para producir derivados de la marihuana con fines médicos a la empresa canadiense PharmaCielo. La autorización permite a la compañía, con sede en el municipio de Rionegro, en el Oriente Antioqueño, transformar cultivos de cannabis en productos para la exportación, el comercio nacional o la investigación, pero no el cultivo. Una vez se obtiene este permiso, todas las grandes y medianas empresas que hasta el momento han conseguido la autorización deben acudir al Consejo Nacional de Estupefacientes, el órgano encargado de otorgar la concesión final para la plantación.
Según los cálculos del Gobierno podría significar una entrada económica anual de al menos 2.000 millones de dólares. Las empresas locales y de menor tamaño serán especialmente beneficiadas al tener que cumplir unos requisitos de seguridad menos estrictos que las grandes compañías en relación a “la custodia de los terrenos, el acceso a la revisión de la información y la auditoría del cannabis”.
El objetivo es que estos agricultores encuentren “una alternativa a los cultivos ilícitos”. Los primeros productos se esperan para 2017.
