La guerra contra las drogas se ha convertido en una guerra contra las comunidades migrantes. Alimenta la discriminación racial, la militarización de la frontera, la violencia contra los migrantes, la intrusión y vigilancia del gobierno, y – especialmente – las detenciones y deportaciones generalizadas.
Los medios de comunicación y los políticos han tratado de convencernos de que todas las personas que son deportadas son criminales violentos, terroristas, o narcotraficantes. Pero un nuevo informe único en su clase destroza esa noción, mostrando en cambio que la mayoría (aproximadamente dos tercios) de las deportaciones durante el año pasado fueron debido a delitos o infracciones menores que no implicaron violencia alguna – incluyendo miles de deportaciones simplemente por posesión de pequeñas cantidades de drogas, frecuentemente marihuana.
El reporte, un análisis de datos federales elaborado por Transactional Records Access Clearinghouse de la Universidad de Syracuse, detalla que alrededor de 40,000 personas han sido deportadas por violaciones a las leyes sobre drogas cada año desde 2008. Eso significa que cerca de 250,000 personas (es decir, un cuarto de millón) fueron deportadas por delitos no violentos relacionados con las drogas sólo en los últimos seis años. Una ofensa no violenta a las leyes de drogas fue la causa de deportación de más de una de cada diez (11%) personas deportadas por cualquier razón en 2013, y casi una de cada cinco (19%) de aquellos que fueron deportados por una condena criminal.
Así como la guerra contra las drogas induce a la encarcelación masiva, también parece conducir a la deportación masiva. Ciertamente el reporte revela que simple posesión de marihuana fue la cuarta razón más común entre las deportaciones por cualquier delito, y la causa más común entre las deportaciones por crímenes que involucraban drogas. En promedio, más de 6,600 personas fueron deportadas en cada uno de los dos años anteriores sólo por posesión personal de marihuana, y en total, casi 20,000 personas fueron deportadas en 2013 por simple posesión de cualquier droga o artículos para consumir drogas.
En contraste, relativamente pocas de esas deportaciones fueron de narcotraficantes, mucho menos de capos violentos. “Las personas condenadas por tráfico de drogas suman sólo el 1% de las deportaciones por condenas criminales – se describe en el reporte – mientras que la posesión de marihuana fue más de tres veces ese nivel.”
¿Qué pasa con las personas deportadas? La triste y cruda verdad es que primero serán desaparecidas en algún punto del sistema de prisiones y centros de detención, un sistema que cada vez más tiene fines de lucro. Luego serán llevadas de vuelta a sus países de origen, donde puede que ya no tengan vínculos familiares o comunitarios. Puede que no logren saciar necesidades básicas como alimentación, vivienda y servicios de salud; y puede que enfrenten serias afrentas contra su seguridad. Usualmente, a quienes son removidos del país se les prohíbe reentrar – muchas veces de por vida – aunque tuviesen familiares que sí fueran ciudadanos estadounidenses, o vínculos construidos por décadas en las comunidades donde vivían aquí en los Estados Unidos.
El resultado es, entonces, miles de familias rotas y comunidades destrozadas cada año.
Debido a estas graves consecuencias, activistas de la reforma de las políticas de drogas y defensores de los derechos de los migrantes han comenzado a trabajar juntos para exigir reformas humanas tanto a las políticas de drogas como aquellas de migración. Primordialmente en nuestras demandas se encuentra que nadie debe ser arrestado, encarcelado, o deportado simplemente por usar o estar en posesión de drogas; y eso lleva a dos importantes reformas: (1) legalizar y regular la marihuana, y (2) dejar de arrestar y criminalizar a la gente que use o posea cualquier otra droga.
Estas racionales reformas son difícilmente controversiales: encuestas recientes indican que mayorías sustanciales a nivel nacional parecen estar a favor de las dos propuestas. Y aunque modestas, estas reformas tendrían un gran impacto: salvarían a decenas de miles de personas de la deportación cada año, al tiempo que decenas de miles más evitarían la angustia de un arresto, condena, sentencia en alguna cárcel o prisión, o marcas en sus récords criminales; y también ahorraría millones de dólares en recursos públicos ahora malgastados.
Dichos pasos son críticos para desmantelar la guerra contra las drogas y para detener la guerra contra los migrantes – luchas que son, en muchas maneras, la misma.
Por Daniel Ernesto Robelo
Daniel Ernesto Robelo es coordinador de investigación para la Drug Policy Alliance.
