El gobierno de la provincia de Jujuy, en el norte de Argentina, sigue adelante con un controvertido proyecto que instalará un mega cultivo a pocos kilómetros de la caliente frontera con Bolivia. Para ello, el propio gobernador Gerardo Morales firmó una alianza con la compañía Green Leaf Farms International, al tiempo que sigue persiguiendo y encarcelando a los cultivadores artesanales que proveen de aceite a cientos de niños con epilepsia.
La iniciativa es difícil de creer en un contexto de guerra contra las drogas encarado por la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich. Es decir, la misma oficina que reprime el cultivo y se ufana de realizar grandes allanamientos y detenciones por tenencia de drogas, por otro lado permite la producción en masa a una empresa extranjera.
La noticia, leída con demasiado optimismo, dice que el ministerio de Seguridad autorizó el lunes el primer centro de elaboración de cannabis medicinal de Argentina. El visto bueno para el establecimiento que funcionará en Jujuy y será administrado por una empresa estatal y otra estadounidense fue publicado en el Boletín Oficial. En el lugar se realizarán estudios científicos, medicinales y terapéuticos.
“Tener la autorización del Ministerio de Seguridad de la Nación implica que el proyecto de la provincia de Jujuy es seguro en términos de prevención por cualquier evento delictivo que pudiera producirse”, afirmó a Télam Gastón Morales, presidente de la empresa jujeña Cannabis Avatãra S.E, que está asociada a la estadounidense Green Leaf Farms International y, claro, hijo del gobernador, en un país que por decisión del propio presidente Mauricio Macri, aliado de Morales, tiene prohibida la contratación de familiares directos de los funcionarios en las distintas órbitas del Estado.
El requerimiento del gobernador de esa provincia, Gerardo Morales, se efectuó en agosto pasado, y fue entonces cuando Seguridad instruyó a Gendarmería Nacional para que inspeccionara las instalaciones de la “Finca El Pongo”, situada sobre la Ruta Provincial 1, cerca de la localidad de Perico. A pocos minutos de la capital provincial y a, aproximadamente, dos horas de La Quiaca, en la caliente frontera con Jujuy.
“A partir de un exhaustivo análisis técnico realizado por especialistas de la fuerza federal, se concluyó que el establecimiento contaba con las normas de seguridad necesarias y que cumplía con las pautas legales impuestas a nivel nacional y provincial”, aseguró la cartera que conduce Patricia Bullrich en un comunicado. Así fue que se concedió la primera habilitación de un espacio destinado al estudio e investigación del uso medicinal del cannabis, sus derivados y tratamientos no convencionales, como se establece en la ley 27.350 sancionada en 2017, pero que se cumple con extrema burocracia.
De esta manera, Jujuy se convertirá este año en la primera provincia del país en cultivar legalmente cannabis para uso medicinal, lo que marcará “un hito” y tendrá un sistema “seguro en términos de prevención”, afirmó Gastón Morales.
Plan piloto en El Pongo
El proyecto de plan piloto se asentará sobre una superficie de 5 a 15 hectáreas de la finca El Pongo, en tierras del Estado, y ayudará a lograr “certidumbre científica respecto de la adaptación de la planta a las condiciones del suelo, agua, aire y clima del lugar”. Estiman que el proyecto piloto estará finalizado en junio y que “recién allí estarán en condiciones de elaborar, con datos técnicos certeros y concretos, un plan de cultivo industrial para una escala mucho mayor, de 500 hectáreas en los próximos cinco años”, indicó Morales.
El cultivo que en agosto se vendió como “el más grande del mundo” se realizará a campo abierto, y las semillas llegarán a fines de este mes para empezar el proceso de germinación, que se calcula “durará aproximadamente dos meses, por lo que se transplantará al predio a partir del tercero”, adelantó el empresario. De avanzar con la producción y la industrialización, la empresa jujeña calcula que empezará a producir aceite de cannabis “entre agosto y noviembre de este año”.
Por Rama
