Que la prohibición de las drogas es, sobre todo, el negocio de unos cuantos, queda demostrado con el caso de John Lovell, representante sindical de policías en California que vive de repartirse los millones de dólares asociados a la prohibición.
Explicaciones críticas a propósito de la prohibición que pesa sobre ciertas sustancias consideradas igual o menos nocivas que otras totalmente legales como el alcohol o el cigarro, aseguran que dicha estigmatización social obedece no a preceptos morales que busquen conservar la salud pública, sino a objetivos sumamente concretos que se expresan en cuantiosas ganancias monetarias que se reparten, gracias a la prohibición, solo entre unos cuantos que hacen todo lo posible por no perder tan abundante fuente de ingresos.
Este es, por poner un ejemplo bastante elocuente, el caso de John Lovell, representante de sindicatos de policías en California que ejerce una fuerte presión para impedir que la marihuana se vuelva legal en dicho estado dela Unión Americana—quizá el único lugar del continente donde, por el momento, esto parece más probable.
Tomando en cuenta que los cuerpos policiacos tienen en las multas por la portación o el consumo de marihuana una buena entrada de dinero, mismo que se traduce en sueldos, compra de equipo o en la contratación de más policías, y que alguien como Lovell tiene parte en la manera en que dicho dinero se distribuye, parece comprensible que este sea uno de los principales opositores a la legalización, participando activamente en campañas mediáticas que se oponen a iniciativas de ley que, por métodos democráticos, buscan sacar a la marihuana de la clandestinidad en que se encuentra ahora.
“Lo último que necesitamos es que otra sustancia que trastorna la mente se legalice”, declaró Lovell hace un par de años, en 2010, cuando el gobierno californiano buscó legalizar la marihuana y equipararla al alcohol en el aspecto fiscal.
Pero después se descubrió que el despacho de Lovell recibió más 386,000 dólares por parte de sindicatos policiales para combatir la aprobación de dicha iniciativa (la Prop19). Hasta cierto punto parece fútil que Lovell crea o no en lo que dice si su modus vivendi se basa en la defensa férrea de la prohibición.
Y este es apenas un pequeño ejemplo del intenso trabajo que el cabildero realiza en distintos ámbitos públicos —gobierno, medios de comunicación, etc.
Otra muestra: en 2009 consiguió que el gobierno de California recibiera dinero del gobierno federal estadounidense etiquetado para “la guerra contra las drogas”, una suma que entre 2009 y 2010 sobrepasó los 7 y medio millones de dólares, destinados a una campaña contra la siembra de marihuana (y antes, en 2008, otro par de millones para un programa para suprimir la planta).
Algo de ese dinero, 550 mil dólares, llegó a su vez hasta las arcas de departamentos de policía locales que formaron el “Equipo Norcaliforniano de Erradicación”, gastándose en sobrevuelos nocturnos de vigilancia, salarios y prestaciones de la alta burocracia, asistentes personales de estos mismos y algunos otros rubros igual de útiles en la supuesta lucha contra el consumo de marihuana.
La paradójica moraleja de este asunto no deja de ser un tanto irónica: aunque en el caso de California y quizá en cualquier otra parte, el Estado se vería profundamente beneficiado con la legalización de sustancias como la marihuana, sobre todo por medio de los impuestos que se aplicarían a las muchas actividades asociadas (producción, distribución, consumo, etc.), parece ser que esto poco importa frente a unos cuantos que viven de repartirse el cuantioso botín nacido de tan persistente prohibición.
Lo dicho: la prohibición es, en esencia, un conflicto entre los intereses de una minoría ávida de las millonarias sumas del dinero público y privado presente en este negocio y, por otra parte, una distribución más equitativa de dicho dinero en beneficio del interés colectivo.
Alternet
Fuente Pijamasurf
