Iván Malajovich es un hombre de 33 años que daba talleres de cultura cannábica en su casa de Paraná, en la provincia de Entre Ríos, a 450 kilómetros de Buenos Aires. Un buen día, la policía golpeó a su puerta y allanó su intimidad. Secuestraron plantas de marihuana, y revolvieron su local, donde vendía legalmente objetos vinculados a la cultura cannábica, como picadores y pipas, e insumos para la botánica en general.
Iván debió afrontar dos causas tras su detención. Una por “exceso de libertad de expresión”, un eufemismo para referir a una apología del delito, por haber brindado cursos privados en los que explicaba cómo se produce el aceite de cannabis. Otra por “tenencia simple de estupefacientes”, según explicaron desde la Agrupación Paranaense de Agricultores Cannábicos (APAC), organización a la que pertenece.
Esta semana, Iván se sacó una de las mochilas de encima. “Se le da el sobreseimiento por preconización, la famosa apología. La Cámara entendió por mayoría que no cometió el delito”, explicó Andrés Bacigalupo, abogado defensor del militante. La justicia entrerriana hizo lugar a los argumentos expuestos por la defensa que afirmaban que los talleres eran un evento de índole privada y que era necesario que las personas que deseaban se inscribieran. “Si hay una actitud activa por el receptor del mensaje, el delito no se da”, señaló el letrado.
Sin embargo, el hombre continúa procesado por el delito de tenencia, una ridícula figura que todavía está vigente para la justicia argentina. La causa deberá ser resuelta en un juicio oral y público. Pero lo más insólito es que todo esto sucede en la tierra del intendente de Cambiemos (partido que gobierna el país), Sergio Varisco, quien está acusado de financiar a una banda dedicada al narcotráfico.
“El juez de instrucción (Leandro Ríos) dijo que brindar talleres excede la libertad de expresión”, recordó Bacigalupo. “Yo puedo decir que la ley de drogas es injusta. Y me ampara la libertad de expresión, que hace a una sociedad democrática”, agregó.
Activismo desde 2010
Malajovich comenzó su activismo en 2010. Cobró notoriedad en la pequeña ciudad de 250.000 habitantes a través del programa de radio El Esqueje. Desde 2015 tiene un grow shop en la zona céntrica de la ciudad. Desde 2016 comenzó a brindar, como representante de APAC, un curso formal sobre los usos del cannabis en general. Incluyendo el uso medicinal, y una charla sobre cultivo.
En 2017, el año en que el Senado aprobó la ley de uso medicinal del cannabis, dio otro taller sobre la extracción del aceite. No obstante, fue procesado por brindar esos tres talleres.
El año pasado estuvo tres días y dos noches en prisión y recuperó la libertad. Pero la Justicia federal continuó el proceso de investigación en su contra.
Según el fallo, en la casa de Malajovich “se secuestraron plantas Cannabis Sativa contenidas en treinta y tres macetas y semillas de tal especie vegetal”, además de cogollos, algunos gajos de plantas de marihuana y “nueve troqueles presuntamente de material estupefaciente LSD”. Para la justicia entrerriana, estas pruebas “no permiten concluir que nos encontramos inequívocamente ante una tenencia para consumo personal”. “Esa cantidad de consumo personal quedó a debatirse en el juicio. La justicia tampoco dijo que era tenencia para la venta”, destacó el abogado del militante
Por Rama
