La legalización de las drogas en Latinoamérica siempre ha sido un tema polémico enlazado profundamente con las políticas conservadoras de la región.
No obstante, poco a poco se han hecho diversos avances al respecto, según analiza el portal Ismorbo.
En agosto de 2009, la Corte Suprema argentina declaró en un fallo histórico que era inconstitucional procesar a los ciudadanos por tener drogas para su uso personal.
En 2002 y 2006, Brasil pasó por cambios legislativos, lo que resultó en una despenalización parcial de la posesión para uso personal.
En 2009, la Corte Suprema de Justicia de Colombia dictaminó que la posesión de drogas ilegales para uso personal no es un delito penal (aunque el presidente Iván Duque no está de acuerdo).
De acuerdo con la Constitución de 2008 de Ecuador, en su artículo 364, el Estado ecuatoriano no considera el consumo de drogas como un delito, sino un problema de salud.
El cannabis ya es legal en Uruguay, y México permite que una persona posea hasta 5 gramos de marihuana o 500 mg de cocaína para uso personal.
Desde aproximadamente el año 2010, el expresidente mexicano Vicente Fox ha abogado por la legalización de las drogas en su país para darle un golpe directo y certero a la estructura económica de los carteles, quienes dependen de la ilegalidad para llevar a cabo su negocio.
Pero pese a haber presentado la iniciativa en la Cumbre de las Américas en el año 2012 al resto de los mandatarios regionales, nunca fue tomado muy en serio.
Perú, Colombia y Bolivia son los principales productores de hojas de coca utilizadas para fabricar cocaína, que en gran parte se pasa de contrabando a través de México para llegar al mercado más grande del mundo, los Estados Unidos.
La batalla para dominar los mercados de metanfetamina y heroína también ha precipitado la creciente violencia en México, y la mayoría de los países de las Américas siguen aplicando políticas restrictivas hacia las drogas.
Aunque la creciente liberalización de las leyes de marihuana en los Estados Unidos parece haber alentado a los partidarios de la legalización a redoblar sus esfuerzos.
Pero una cosa es hablar de la legalización de la marihuana, y otra la de la cocaína.
Pero el expresidente colombiano José Manuel Santos quiere darle un vuelco a esa conversación.
“Hace más de 40 años que estamos en esta lucha contra las drogas decretada por Naciones Unidas, y no se ha ganado”.
“Y una guerra que no se ha ganado en 40 años es una guerra perdida. Hay que reinventar esta guerra contra el narcotráfico y las drogas, y una de las formas más efectivas es quitarle la prohibición a todo lo que tiene que ver hoy con el tráfico de drogas, y racionalizarlo para poderla controlar mejor”, dijo en una entrevista hace un par de meses.
La iniciativa
Todo comenzó con una carta suscrita el pasado junio por Santos, el expresidente mexicano Ernesto Zedillo, el ex secretario de la ONU Kofi Anan, y la expresidenta de Suiza, Ruth Dreifuss, todos miembros de la Comisión Global de Políticas de Drogas, con sede en Suiza.
Su idea es legalizar las sustancias ilícitas, no solo en Colombia, sino en todo el mundo, ya que las muertes relacionadas con las drogas aumentaron un 145% entre 2011 y 2015.
Ese fue el efecto de un mercado ilícito cuyo volumen anual de negocio supera los 426.000 millones de dólares, y que se mantiene sin problemas pese a los 100.000 millones de dólares gastados cada año en la “guerra contra las drogas”.
Colombia sigue siendo el mayor productor y exportador de cocaína en el mundo, y uno de los países más afectados por el narcotráfico en toda su historia.
Reforma humana y paulatina
“Hablamos de un enfoque que sea salud, derechos humanos, que podamos quitarle el elemento de crimen al consumo en pequeñas dosis, y al tráfico”, sostiene.
Es un proceso similar al que se vivió durante la “ley seca” en Estados Unidos: “La prohibición entrega ingentes cantidades de dinero a las mafias”.
Colombia, recuerda, “quizá sea el país que más sacrificios ha hecho en esta guerra contra las drogas. Hemos sido los que hemos puesto más muertos, más sangre y más violencia y seguimos siendo el primer país exportador de cocaína a los mercados mundiales, entonces algo no está funcionando”.
Su conclusión es clara: “Es una demostración de que no está funcionando una guerra que no puede ser de un país, tiene que ser una guerra de muchos países porque es un negocio multinacional”.
Colombia busca ahora avanzar en programas de sustitución voluntaria de los cultivos de hoja de coca, “la única alternativa”, opina, para intentar frenar la producción.
