Por: Arlene B. Tickner
Si gana el “sí”, el 2 de noviembre California se convertirá en el primer lugar (incluyendo los Países Bajos) en donde la producción, uso y, eventualmente, distribución de cualquier cantidad de marihuana es legal.
Sin duda, la Proposición 19 constituye una prueba más de que el clima político en torno al tema de las drogas en Estados Unidos está cambiando: 14 estados han legalizado el uso medicinal de la marihuana, otros tantos han despenalizado el consumo personal y casi la mitad de la población favorece su legalización. Una tendencia similar se observa en muchas otras partes del mundo, en donde poco a poco las estrategias basadas en la reducción de daños se han impuesto sobre el prohibicionismo, tanto en el caso de la marihuana como en el de otras sustancias psicotrópicas.
Más significativo aún, la legalización de la marihuana en el estado más grande de la Unión y la novena economía del mundo podría marcar un “antes” y “después” en el debate sobre las drogas. Sobre todo al romper el tabú creado por el “paradigma punitivo”, que se basa en una lectura moralista que afirma que las drogas son “malas” y que hay que acabar con ellas mediante una combinación de castigo, coerción y prohibición. La dificultad de cruzar la barrera entre prohibición y legalización se ejemplifica en las posiciones adoptadas por el gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, así como los presidentes de Colombia y México frente a la Proposición 19: aunque los tres han reconocido que por diversos motivos el debate sobre la legalización es “fundamental”, al mismo tiempo se oponen enfáticamente a esa alternativa.
En lugar de debilitar la posición de países como Colombia y México, el voto en California —independientemente de sus resultados— solamente aumenta la autoridad moral de éstos para pedir un diálogo más amplio en Estados Unidos y el mundo en general. De allí que extrañan los pronunciamientos hechos hasta ahora por Juan Manuel Santos y Felipe Calderón por su falta de concreción. El primero ha sugerido que la Proposición 19 plantea la paradoja de que la siembra de marihuana se castigue con cárcel en Colombia mientras que sea legal en el “estado dorado”, mientras que el segundo la ha calificado como una “hipocresía” en la política antidrogas de Estados Unidos que aminora los esfuerzos para controlar el crimen organizado en México.
En el caso colombiano, un discurso de “cero tolerancia” frente a todas las manifestaciones de las drogas ilícitas,incluyendo los cultivos y el consumo personal, suena contraproducente en la coyuntura actual, sobre todo en relación con Estados Unidos. En su lugar, el gobierno Santos debe intentar establecer diálogos directos —ojalá en alianza con México y otros países afectados por el narcotráfico— con estados locales que han adoptado políticas distintas a la prohibición y la penalización, aprender de sus experiencias y crear alianzas estratégicas con ellos en su interlocución con Washington. En el mismo sentido, debe tender puentes con instituciones investigativas y ONG dedicadas al estudio de las drogas ilícitas, tanto aquí como allá, con el fin de disponer de mayores elementos de análisis a la hora de considerar estrategias alternativas. Como ha afirmado el propio Presidente, “estamos entrando en una era… donde este tipo de reflexiones hay que hacerlas”.
Fuente ElEspectador
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