En España, el debate del cannabis llega ahora también al Senado con la Proposición No de Ley presentada en marzo por el grupo político Unidos Podemos, con el apoyo de Regulación Responsable. La PNL pretende abrir el debate de la regulación del uso medicinal y recreativo del cannabis para dar respuestas a una realidad que no se puede obviar más. Sigue leyendo.
El debate del cannabis se instala en las instituciones españolas y llega ahora también al Senado español, gracias a la Proposición No de Ley (PNL) que registraba el pasado día 22 de marzo la formación política Unidos Podemos – con el apoyo de la plataforma a favor de la normalización del cannabis Regulación Responsable. Esta iniciativa, que se debatirá en una comisión mixta, no sólo pretende abrir el debate sobre la regulación del uso terapéutico del cannabis, sino también del uso recreativo. Una propuesta integral que tiene en cuenta a toda la comunidad del cannabis.
Parece que gran parte de los políticos españoles, por fin, están dejando de evitar el tema de la legalización del cannabis y se están poniendo en marcha para dar respuestas a una realidad que ya no se puede eludir más tiempo.
Con el fin de favorecer el debate sobre la situación legal actual y la posible regulación de la planta en nuestro país, los senadores del grupo parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Joan Comorera y Conchi Palencia, registraban el miércoles 22 de marzo en la Cámara Alta esta Proposición No de Ley – que se basa en el modelo de regulación propuesto por la plataforma Regulación Responsable.
Cannabis medicinal sí, y recreativo también
La PNL, que se debatirá en la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas, pretende dar al tema del consumo de cannabis con fines medicinales y recreativos un nuevo enfoque – como el que están adoptando un gran número de países en todo el mundo – que se aleje de las políticas prohibicionistas tan trasnochadas como ineficaces, seguidas durante las últimas décadas.
La propuesta registrada por Unidos Podemos es el resultado del trabajo de diferentes expertos, juristas, y activistas del cannabis, agrupados en la plataforma Regulación Responsable, que aboga por una regulación de la producción y del consumo de cannabis en España. También ha colaborado en la elaboración del documento la reputada Araceli Manjón, quien ha ocupado, entre otros, el cargo de Directora General del Plan Nacional sobre drogas.
En concreto, el modelo de Regulación Responsable se basa en cinco pilares fundamentales: el derecho al autoconsumo, el autocultivo, la regulación de los clubes sociales de cannabis, el comercio con licencia, la educación para el consumo responsable y el acceso al cannabis medicinal.
Aunque, como ha manifestado la plataforma, “lo ideal hubiera sido poder presentar el texto de forma conjunta con las demás fuerzas políticas, sigue siendo una gran noticia que Unidos Podemos haya decidido dar este paso, que a buen seguro será apoyado por la mayoría de los grupos políticos“.
En la exposición de motivos para la presentación de esta iniciativa, se plantea que tras la reinterpretación de la que ha sido objeto el marco internacional de fiscalización de drogas que nos vincula – durante la reciente Sesión Especial de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre el Problema de las Drogas en el Mundo, (UNGASS, por sus siglas en inglés) celebrada en Nueva York en abril de 2016 – se puede admitir una interpretación flexible de los tres Tratados para que los estados miembros formulen y apliquen ”políticas nacionales en materia de drogas con arreglo a sus prioridades y necesidades”. La prueba es que no ha habido ninguna condena para los estados que han regulado el uso del cannabis recreativo y medicinal.
Así resumían la situación actual del cannabis en otros países del mundo los senadores de la formación morada: “En 2013, Uruguay se convirtió en noticia por regular el acceso legal, con fines terapéuticos o recreativos, al Cannabis, siguiendo la estela de un país como los Países Bajos. En 2017, Canadá también tiene previsto legislar en la misma dirección, tal y como sucede incluso en Estados Unidos, donde en Alaska, Oregón, Washington y Colorado ya existía una regulación y dónde, además, a través de un referéndum, California, Massachusetts, Maine y Nevada han decidido hacer lo propio en el presente año“.
Situación actual en España: compleja y de inseguridad Jurídica
Mientras, en España, parece que a lo largo de los últimos años se ha estado yendo en una dirección completamente opuesta, que ha creado una situación “compleja” y de “inseguridad jurídica” en lo que respecta al consumo de cannabis, además de poner de manifiesto la ineficacia de la ley vigente en nuestro país. Resulta evidente que España necesita un cambio legislativo en materia de cannabis.
La PNL nos recuerda que, a lo largo de los últimos quince años, consumir cannabis no se ha considerado delito en España, y la jurisprudencia ha permitido determinadas formas de abastecimiento y consumo colectivos, como los Clubes Sociales Cannábicos. Estas asociaciones de consumidores llevan 15 años en marcha, realizando sus actividades sin tener una normativa administrativa específica que seguir – a pesar de lo cual, han conseguido no tener demasiadas desavenencias con la legislación vigente, hasta hace unos años.
Al modificarse la estrategia de la Fiscalía General del Estado con la Instrucción 2/2013, estas asociaciones de usuarios podían ser acusadas por los fiscales de delito de tráfico de drogas y delito de asociación ilícita o de integración en grupo organizado – lo que implicaba la petición de una pena mayor y, con ello, la posibilidad de llegar al Tribunal Supremo.
Por su parte, el Alto Tribunal cree que la única solución para resolver este tema sin criminalizar a estas asociaciones pasa por cambiar la situación legal del cannabis, para que los jueces puedan actuar conforme a derecho. El Tribunal Supremo reconoce, en una sentencia del 7 de septiembre de 2015, la existencia del debate sobre la regulación del cannabis, pero considera que tiene que producirse en el ámbito parlamentario.
Sin embargo, dentro del territorio español, varios parlamentos autonómicos, como los de Navarra y País Vasco, han aprobado leyes que regulan o que reconocen la existencia de estos Clubes Sociales de Cannabis – además de solicitar “a las Cortes españolas, al Gobierno del Estado y a la Administración de Justicia” que se avance hacia la regulación del consumo del cannabis.
Otros parlamentos, como es el caso del catalán, están debatiendo iniciativas legislativas populares a propuesta de diferentes asociaciones de usuarios de cannabis, como asociaciones de pacientes de cannabis medicinal. Sin duda, ha llegado el momento de que el Parlamento español empiece a dar los pasos necesarios hacia el cambio y de que evolucione – igual que lo ha hecho la sociedad española, y como parecen estar haciendo la mayoría de los grupos políticos que conforman el arco parlamentario.
Es necesario garantizar un acceso al cannabis seguro
Tampoco podemos olvidarnos – como se menciona en el texto de la PNL – de que, desde la entrada en vigor el 30 de marzo de 2015 de la nueva Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana – popularmente bautizada como Ley Mordaza – la inseguridad jurídica ha aumentado “dada la amplitud de conductas que considera sancionables“.
Aunque el cultivo de cannabis destinado para el consumo propio no es un delito en España, no está regulado – por lo que es un campo abierto a la interpretación judicial. Lo que la PNL le pide al Gobierno es la posibilidad de acceder al cannabis con garantías jurídicas y sanitarias, lo que debería producirse además de a través de las asociaciones de usuarios, mediante otras vías como las farmacias o comercios especializados – como ya se hace en otros muchos lugares del mundo.
Asimismo, el marco jurídico español tiene que dar respuestas a una industria y a un sector, el del cannabis, que se ha consolidado y no deja de crecer en España. Muchos más de mil growshops, ferias tan importantes como Spannabis o Expogrow, distribuidores, productores, etc., que se ven obligados a realizar sus actividades bajo la incertidumbre que crea el sistema penal y sancionador aplicado a la planta de cannabis en este país.
Aumentan las iniciativas que piden la regulación del cannabis
Parece que finalmente, de verdad, corren aires de cambio en el escenario parlamentario español, y los partidos políticos están empezando a pasar a la acción – con la colaboración de las plataformas y asociaciones ciudadanas que defienden la legalización y regulación del cannabis medicinal y recreativo – para dar soluciones a toda la comunidad del cannabis.
Y es que, en los últimos meses, se ha registrado un número significativo de propuestas y proposiciones legislativas con el objetivo de abrir un debate fundamental para la reforma legislativa del cannabis que podría despenalizar su consumo y su posesión en España.
Como la presentada en diciembre del año pasado por Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) en el Congreso de los Diputados, que se ocupaba de la regulación integral del cannabis, al igual que la PNL de Unidos Podemos.
También en diciembre de 2016, el partido político Representación Cannábica Navarra (RCN) presentaba una Iniciativa Legislativa Popular, que ya se ha admitido a trámite en el Congreso de los Diputados, a través de la que se quiere reunir medio millón de firmas para promover un cambio a nivel legislativo en el país.
A finales de febrero de 2017, la formación política Ciudadanos, junto el Observatorio Español de Cannabis Medicinal (OECM), presentaba una PNL en el Congreso de los Diputados para regular únicamente el uso medicinal del cannabis y de sus productos derivados en España.
Curiosamente, la cuarta PNL de esta naturaleza que se ha presentado la anunciaba el diputado del PSOE y portavoz de sanidad, Jesús María Fernández, durante el debate en el congreso de la PNL de Ciudadanos para regular el cannabis medicinal, a principios de abril. Parece que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha decidido presentar la suya propia para estudiar una regulación del cannabis que se ocupe de las “diferentes formas de uso” del cannabis, es decir, tanto de las aplicaciones medicinales de la planta como de su uso con fines recreativos.
Pocos días después, el 11 de marzo, todo el Parlamento de Cantabria – en pleno y por unanimidad de todos los partidos políticos, incluido el Partido Popular – aprobaba la presentación de una proposición no de ley que solicita al gobierno central del país una regulación del cannabis terapéutico, que facilite y garantice a los pacientes un acceso seguro al mismo. Un gran paso propiciado sobre todo por el portavoz del PP en el parlamento cántabro, Eduardo Van den Eynde, quien publicaba una carta en su cuenta de Facebook hace pocos meses pidiendo la legalización del cannabis medicinal, que él mismo utiliza para ayudarle con los síntomas del cáncer que padece y con los efectos de su tratamiento de quimioterapia.
De la reflexión a la acción
No hay duda de que, como ha destacado Unidos Podemos, “el fenómeno del consumo de cannabis requiere de una profunda reflexión que pueda contar con todos los actores implicados“, para después pasar a la acción y empezar a trabajar en una regulación más razonable y eficaz para todos. Una regulación que esté en consonancia con el nuevo contexto nacional e internacional, que tenga en cuenta los derechos humanos a nivel individual y colectivo, y que se base en las evidencias demostradas por la ciencia para proteger nuestra salud – como pretende la iniciativa de Unidos Podemos y Regulación Responsable.
Por fin, parece abrirse un proceso fundamental a nivel parlamentario, tanto en el Congreso como en el Senado, que debería culminar en una reforma legislativa e integral del cannabis en España, una que permita acabar con la criminalización y la estigmatización – además de la indefensión – a la que se llevan viendo tanto tiempo sometidos tanto el gran colectivo formado por los consumidores y usuarios de cannabis españoles como el importante sector del cannabis del país.
by Miranda
