Es la primera ocasión en que se presenta ante los tribunales una causa de este tipo

¡Sobreseimiento de la causa ya!

El jueves 26 de noviembre, a las 10’30 h., se iniciará la vista oral contra Alfonso de la Figuera, presidente de la Sociedad de Estudios del Cáñamo de Aragón (S.E.C.A.), acusado de tráfico de sustancias que no causan grave daño a la salud. La petición fiscal es de 3 años y medio de cárcel y 17.000 euros de multa para el acusado, más el cierre del local de la S.E.C.A. durante tres años y una multa subsidiaria para la asociación de 9.000 euros y el pago de las costas judiciales. La defensa pide la nulidad de las actuaciones y la libre absolución del acusado.

La acusación se basa en la afirmación de que el local de la S.E.C.A. es un local abierto al público y que cualquier ciudadano puede entrar a abastecerse de cannabis. La defensa afirma que el local de la asociación es de acceso restringido y sólo se distribuye cannabis en dosis limitadas entre socios, con especial atención a los enfermos para cuyas dolencias puede resultar útil el uso de cannabis, según los estudios difundidos por la Asociación Internacional del Cannabis como Medicamento (IACM) y los libros acerca de medicina del cannabis publicados hasta la fecha en nuestro país (como Cannabis y cannabinoides. Farmacología, toxicología y potencial terapéutico, de los Dres. Franjo Grottenheimen, Ethan Russo y Ricardo Navarrete Varo, Manual médico de la marihuana, de Ed Rosenthal y los doctores Dale Gieringer y Todd Mikuriya, o Marihuana: conocimiento científico actual, de Leslie Iversen, profesor de farmacología de la Universidad de Harvard y director de un estudio sobre el cannabis para la Cámara de los Lores británica ).

Es la primera ocasión en que se presenta ante los tribunales una causa de este tipo, juzgando una actividad realizada basándose en el estudio realizado por el Instituto de Criminología Andaluz, con sede en la Facultad de Derecho de Málaga, a instancias de la Junta de Andalucía presidida entonces por Manuel Chaves. En dicho estudio se analizaba la posibilidad legal de distribución de cannabis en el estado español, conforme a la legislación y la jurisprudencia sobre consumo compartido del Tribunal Supremo. Los profesores Juan Muñoz y Susana Soto (q.e.p.d.), dirigidos por el catedrático de Derecho Penal José Luis Díez-Ripollés, llegaron a la conclusión de que la distribución entre pacientes necesitados a través de la red asistencial pública sólo era una cuestión de decisión política, y que la distribución por parte de un encargado en un local privado de una asociación de consumidores, en dosis de consumo inmediato, no sería constitutiva de delito.

Otras asociaciones cannabicas han llevado a cabo cultivos para la distribución entre sus socios, por lo que han sido encausadas y absueltas, llegándose incluso a la devolución de la sustancia incautada (como Pannagh y Ganjazz, en el País Vasco, MACA, en Barcelona, ARSEC-SE, en Sevilla…). Pero es la primera vez que se incauta un material adquirido en el mercado negro. La cuestión es que, según la legislación vigente, la compra no es un delito, aunque sí la venta en general. Pero en este caso, según afirma la defensa, no se da la tipicidad necesaria para ser delito, por tratarse de un consumo compartido entre personas allegadas (socios) y ya previamente consumidoras, además de que errores de instrucción deberían motivar el archivo directo del caso.

El local de la SECA fue alquilado en julio de 2005, después de que una iniciativa de Chunta Aragonesista para la distribución de marihuana en los centros sanitarios públicos aragoneses a enfermos para los que su uso pudiera resultar útil, basada en una propuesta de la asociación en cuestión, fuera derrotada en las Cortes Aragonesas con la oposición de todos los otros grupos, incluido Izquierda Unida, para esperar al resultado del programa piloto que ya existía en Cataluña y que debía concluir en el plazo de 6 meses y que, según afirmaron los representantes socialistas, posteriormente extendería el uso del cannabis al resto de la red sanitaria nacional. Han pasado más de tres años de ello, y los enfermos necesitados de cannabis del resto del Estado siguen viéndose obligados a recurrir a las asociaciones cannábicas para poder aliviar sus dolencias.

Alfonso de la Figuera
Presidente de la SECA

Fuente Rosasverdes