Es común escuchar entre los políticos una frase de bandera: “el sufrimiento de los pacientes no puede esperar”.
Y no importa de qué país se trate, el postulado es tal vez una de las afirmaciones que menos se cumplen entre los dirigentes.
Eso ocurre en México con miles de pacientes que necesitan aceite de cannabis y el Estado demora su respuesta, tal como analiza El Economista.
En ese país, los pacientes y sus familiares llevan más de tres años esperando reglas claras.
Buscan poder hacer uso de la marihuana y sus derivados para sanar.
El último de los plazos que dio la Corte Suprema Corte de Justicia para que el Ejecutivo emitiera un reglamento para el uso venció el 9 de septiembre.
La autoridad competente no cumplió y nadie ha explicado las razones. Como si los pacientes no importaran.
En suma, los interesados son tratados como criminales por cultivar, trasladar o hacer cualquier manipulación de la planta como sucede actualmente.
También esperan los investigadores, ansiosos por tener evidencia científica del uso de cannabidiol (CBD) y tetrahidrocannabinol (THC) para poder recetar.
Como en otros países, la solución fueron los recursos de amparo para poder cultivar.
Ya todos conocen el uso ancestral del cannabis y son cada vez más los resultados comprobados en laboratorios.
Tanto del CBD, para tratar padecimientos como extraños tipos de epilepsia, ansiedad, náuseas, vómito, depresión y otros.
Así como del THC para asma, esclerosis múltiple, estrés postraumático, insomnio, protección cardiaca y otros trastornos.
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La regulación trae aparejado un beneficio indirecto para un país como México, que durante décadas hemos sufrido los embates del narcotráfico.
El contexto es más que favorable ahora, que el cannabis ya no está solamente asociado a la actividad delictiva.
Las evidencias médicas se han convertido a la planta en una medicina y ya casi la siente una droga.
Esta es la oportunidad de convertirlo en algo controlado y positivo a favor de muchos pacientes.
En otros países, incluso, existen investigaciones científicas avanzadas para obtener la evidencia.
En México, sin embargo, el uso terapéutico de los derivados de la marihuana sigue en un terreno pantanoso de irregularidad e ilegalidad sin sentido.
LEGISLACIÓN
El Poder Legislativo reformó la Ley General de Salud (LGS) de uso terapéutico del cannabis en 2017.
Desde entonces, la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) tenía un plazo para sacar el respectivo reglamento.
Cofepris, en cambio, sacó unos lineamientos ante la falta de respuesta de la Presidencia entonces encabezada por Enrique Peña Nieto.
En ellos simplemente evitó la autorización a la publicación del reglamento de cannabis medicinal.
Pronto van a ser cuatro años de que se reformó la LGS y todo sigue igual de mal.
El reglamento -una nueva versión ya elaborada por el nuevo gobierno- está atorado de nuevo en la Consejería Jurídica de Presidencia.
Al menos eso dicen por lo bajo los funcionarios de Salud porque abiertamente nadie acepta hablar del tema.
El abogado Juan Carlos Castillo, del despacho CG&A, especialista en regulación sanitaria, ha estado muy atento de los procesos de legalización del cannabis en México.
Explicó que aún hay recursos que deben agotarse para que el desacato judicial evidencie la inejecución de la sentencia.
“Existe una inejecución de una sentencia concesoria de amparo, en donde como parte de los efectos de la sentencia respectiva, se ordena a la SSA a hacer lo que corresponde para armonizar la normativa”, dijo.
En los hechos, la Secretaría de Salud y específicamente Cofepris incumplieron con la instrucción de la SCJN para emitir el reglamento.
El plazo se prorrogó dos veces y la última fecha fue el 9 de septiembre, sin una sola explicación de porqué no se emitieron las muy esperadas disposiciones.
Es entendible el enojo entre los pacientes y familiares que esperan ese reglamento y que sencillamente no reciben una respuesta o explicación de la tardanza.
Hay muchos niños cuyos padres no pueden conseguir la terapia de cannabis para sus pequeños.
BUROCRACIA
Castillo abre otra posibilidad: la necesidad de retrasar el reglamento para que se empareje con los tiempos del Legislativo.
Es que el Congreso también está condicionado a un plazo para sacar la ley referente al consumo adulto del cannabis.
Los amparos ganados también llevaron a la Corte a dar la orden al Congreso de legislar igualmente en ese otro uso de la marihuana.
La SCJN también le dio un plazo al Legislativo para poner orden y reglas en dicha legalización del uso adulto.
Si. También está incluido el uso lúdico o recreacional.
Y el aprovechamiento industrial de todo lo aprovechable de la planta de la marihuana: uso industrial, veterinario, agronómico, cosmético, etcétera.
El plazo para el Legislativo también se fue prorrogando, primero a petición del Senado y luego por la pandemia.
Quedó al establecido próximo 15 de diciembre del 2020, el último día del periodo ordinario de inicio recién iniciado el 1 de septiembre.
Hay que recordar que el plazo para el Ejecutivo igualmente se retrasó.
El mismo vencía a fines de 2019, y luego se fijó al 30 de junio, pero por la pandemia posteriormente se amplió y quedó el 9 de septiembre.
De nada sirvió, porque el día pasó y transcurrió otra semana sin que haya noticias de parte del Ejecutivo.
