Chile.- La campaña “Yo firmo” enviará carta al Tribunal Constitucional (TC), Corte Suprema, Senado, Cámara de Diputados, Ministerio de Justicia, Fiscalía y Defensoría Penal Pública.
Una campaña denominada “Yo firmo” impulsan diferentes organizaciones pro marihuana (cannabis) con el objetivo de entregar un documento notarial a diferentes instituciones del Estado y lograr que éstos se pronuncien sobre el autocultivo y consumo de la marihuana, en el marco de la actual ley de drogas.
Amigos del Cannabis es una de las organizaciones que impulsa esta iniciativa y el documento va dirigido a los ministros del Tribunal Constitucional (TC) y Corte Suprema, a los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, el Ministerio de Justicia, la Fiscalía y la Defensoría Penal Pública.
Los autores alegan que su acción se basa en el derecho a petición que la Constitución garantiza a todos los ciudadanos.
“LEY DE DROGAS SE APLICA SIN CRITERIO”
El documento señala que los suscriptores realizan “prácticas para el desarrollo de la percepción y la expansión de la conciencia”, y por esta vía citan el derecho a la libertad de conciencia y ejercicio de todas las creencias. Así los activistas argumentan que usan herramientas para “incluir más realidad en la conciencia, ya sea de modo intuitivo o explícito, empleando herramientas ancestrales”.
En este sentido, se argumenta que la cannabis sativa, está dentro del ámbito de “medicinas naturales y plantas heterógenas, que modifica la cualidad de la percepción”. De la misma manera, se acusa que la ley 20.000 “se viene aplicando sin adecuada distinción ni criterio”.
De este modo, el documento solicita al TC “tengan a bien explicitar una interpretación de la normativa constitucional, que se refiere a derechos escenciales suficientes como para plantear la correcta aplicación de ellas, a fin de asegurar la práctica y debida cautela de estos derechos que emanan, sin interferencia de la autoridad responsable de perseguir delitos”.
El documento concluye que “esperamos se contribuya a superar la violación sistemática de derechos esenciales en Chile al perseguir penalmente a los usuarios de cannabis sativa que ha generado un perjuicio enorme para las personas y grandes costos estratégicos para el Estado”.
Fuente TerraChile
