El País Vasco será la primera región de España que estudie un marco legal para el consumo de cannabis en las asociaciones de usuarios.
“El objetivo primordial es la protección de los menores y la lucha contra el tráfico ilegal de la sustancia”, dice Celina Pereda, directora de Drogodependencias del gobierno vasco en declaraciones a BBC Mundo.
Además, los partidos políticos del parlamento vasco debatirán en una comisión parlamentaria la posible creación de un marco jurídico referente a esta droga.
Iker del Val, vicepresidente dela Federaciónde Asociaciones Cannabicas de España (FAC), aplaude las medidas del gobierno vasco. “Estamos muy satisfechos porque hemos conseguido transmitir un mensaje de la sociedad civil hacia las instituciones”, declara a BBC Mundo.
“El objetivo primordial es la protección de los menores y la lucha contra el tráfico ilegal.”
Celina Pereda, directora de Drogodependencias
Estas decisiones se han tomado casi a la vez que Holanda restringe a los extranjeros la entrada a los coffee shops, pero los partidarios de la iniciativa no quieren que su región se convierta en la nueva Ámsterdam.
“Aquí no va a venir ningún turista a fumar. Nosotros estamos asociados y hay que cumplir requisitos para ser admitido en la asociación. Es precisamente la clave del modelo. El País Vasco es un referente en políticas de drogas”, detalla del Val.
La responsable del gobierno vasco niega rotundamente que las nuevas medidas atraigan a turistas. “Aquí no se va a abrir ni un coffee shop, será simplemente para los socios, nada más (…) Además,la Leydel Tabaco prohíbe fumar en los todos los establecimientos”, recuerda.
Trabajo conjunto
Tanto el gobierno vasco como las asociaciones de usuarios de cannabis están trabajando unidas por lo que consideran un interés común: la regularización de sus actividades.
“La cuestión es que nosotros autorizamos los registros de las asociaciones procannabis porque cumplen todas las bases, pero después no hay normativa para regular quién lo consume y para qué se usa”, explica a BBC Mundo el viceconsejero de Sanidad del País Vasco, Jesús María Fernández. “Lejos de ser permisivos, lo que queremos es controlarlos”, matiza.
Fernandez explica que lo que se busca es “controlar que no lo consuman menores de edad, asegurar a los socios que reciban información completa del consumo del cannabis, y supervisar que no haya desviaciones de la sustancia para su tráfico ilícito”.
“De hecho, las mismas asociaciones procannábicas denuncian que hay algunos clubes que son tapaderas de lugares en los que se trafica”, dice el viceconsejero.
Y el presidente dela Federaciónde Asociaciones Cannábicas de España (FAC) , Martín Barriuso, lo corrobora. “Que haya asociaciones que trafiquen con las sustancias nos perjudica. Por eso queremos que se controle todo para que no nos detengan sin criterio, como me ha pasado a mí hace unas semanas”, le dice a BBC Mundo.
El hecho de aprobar el registro de asociaciones cannábicas implica que los gobiernos saben que se consume esta droga.
“En España hay un vacío legal porque está permitido el cultivo del cannabis para el autoconsumo. Entonces, tenemos que saber actuar ante esa situación de despenalización, para asegurarnos de que el cultivo es privado o compartido por la asociación”, aclara el viceconsejero de Sanidad.
Estas declaraciones han sido interpretadas como un paso adelante para la legalización del consumo de la marihuana en el País Vasco. Pero, el gobierno de esa región no podría cambiar estas leyes porque están descritas en el código penal español.
Detenido
La FACse fundó hace ocho años y cuenta con cerca de 40 clubes asociados en España.
“Nosotros, en la federación incluso tenemos un código de autorregulación. Exigimos verificar los cultivos, supervisar los transportes, que haya control para evitar el tráfico ilícito… Preferimos que venga un inspector y compruebe que está todo en orden”, dice su presidente.
“Además, hacemos las cuentas a través del banco, con facturas, con personas contratadas en la seguridad social, incluso hemos notificado donde estaban los cultivos. Queremos que esté todo en regla también para asegurarnos de que lo que tomamos es de calidad”, asegura Barriuso.
Su asociación está en el País Vasco. “Pero hace un mes que la precintaron, y me detuvieron durante tres días”, relata. “Nos incautaron todo lo que teníamos, he tenido que pagar 15.000 euros de multa, y me han requisado el coche”.
Barriuso dice que después de ese capítulo, los cinco trabajadores de la asociación perdieron su empleo y que algunos de sus miembros ahora recurren al mercado negro. “Nosotros estábamos pagando impuestos, dando puestos de trabajo… todo correcto”, lamenta.
Pero para él, la detención no es nada nuevo. “Ésta es la tercera vez que he sido imputado, pero ninguna procesado. La policía y la fiscalía carecen de criterio para establecer las penas y la realidad es distinta de una comunidad española a otra, en algunas hay más tolerancia, y en otras, mucha represión”.
Además, asegura que la FAC trabaja en ocasiones con Proyecto Hombre, una institución de ayuda a drogodependientes, porque “la formación es fundamental”.
Fuente BBC
