En los Estados Unidos, según informes académicos y de prensa, van en vertiginoso aumento los cultivos de marihuana, en especial en los lugares donde está permitido. Continúan siendo inmensas las cantidades de este producto que penetran por las fronteras permeables, pese a las cuantiosas inversiones que se hacen para fortalecer los entes policiales en esas zonas limítrofes. La ONU informa que en los países de tránsito, este tráfico genera entre el 20% y el 25% de sus ingresos, en tanto que menos del 1% del total de ventas al por menor llega a los cultivadores en la región andina. Estima que el tamaño de los mercados de las drogas ilícitas es inmenso, siendo las ventas a minoristas de aproximadamente US$320.000 millones. El mismo informe calcula que en Hispanoamérica los ingresos anuales por cuenta de las drogas ilícitas rondan los US$150.000 millones, que sería un tanto menor a la mitad del volumen mundial. En total, con datos al 2003, un equivalente al 0,9% del PIB mundial. El precio de la marihuana es más alto en los Estados Unidos, el país con mayor demanda, algo que tiende a cambiar en la medida que en algunas zonas de esa nación se permitan más los cultivos que antes eran ilícitos.
Así como crece la extensión de esos sembradíos también aumentan los personajes de influencia en la vida política que abogan por legalizar el cultivo y comercio de este alucinógeno.
Un informe divulgado por la Universidad de Los Andes nos da una idea de lo que está pasando en Estados Unidos. A contrapelo de las draconianas medidas policiales en algunos países latinoamericanos, exceptuando a Uruguay -donde se aprobó su comercialización por cuenta del gobierno-, tenemos que en el Estado de Washington, donde se permiten los cultivos controlados de marihuana, se presentan ya problemas por cuanto se limitaban los sembradíos a 46 acres, unas 18,63 hectáreas. Hoy existen solicitudes para nuevos cultivos por una extensión que asciende a más de 2.035 acres. Es tal la presión de la demanda que las autoridades están pensando en organizar un sorteo para otorgar dichos permisos. En Seattle, de otro lado, donde los responsables de la Junta de Control de Licores han autorizado ya 21 tiendas de marihuana, se estudian 84 solicitudes más y esperan muchas otras. En California, el Estado legalizó la venta de marihuana para usos “médicos”, bajo receta de un facultativo graduado, rubro que representa ya un movimiento de millones y millones de dólares, al tiempo que cursa un nuevo proyecto legislativo para permitir el cultivo intensivo de la planta este año.
En Colombia, según datos oficiales, en 2013 las autoridades incautaron 347 toneladas de marihuana, 50 toneladas más que el año anterior, lo que significa que existen miles y miles de hectáreas sembradas. Y eso que en nuestro país el Estado, a contrapelo de otros más permisivos, persigue esos sembradíos y gasta millones y millones en reprimir a los que los cultivan, manejan los fondos, mueven la mercancía, la distribuyen, la comercializan en las ciudades o la exportan, al tiempo que no teme judicializar a los consumidores que sobrepasan la determinada dosis personal.
Las autoridades estiman que Cauca y Meta son los departamentos en los cuales el auge de los cultivos de la marihuana le genera más fondos a las Farc. Se estima que en otras regiones los grupos armados controlan también los sembradíos ilícitos y garantizan el transporte por las mismas rutas que emplean para el contrabando de armas y de elementos para la guerra, los mismos que sin esas ganancias multimillonarias no podrían comprar, dado que por ser comercializados en la ilegalidad cuestan varias veces más que en el mercado lícito.
Es de anotar que prestantes economistas internacionales y políticos son partidarios de legalizar las drogas para desestimular el comercio ilegal y forzar un desplome de los precios. En tanto se podría tener un control sobre los adictos. Álvaro Gómez fue de los primeros en avanzar en el estudio y las propuestas al respecto, en el entendido de que ese era un problema mundial y que debería ser tratado en el seno de la ONU, institución que tendría que crear un órgano independiente que analizara la estructura de todo el negocio de las drogas y calificara a los países según su papel en el negocio ilícito. Como están las cosas, es claro que le sobraba razón.
Fuente El Nuevo Siglo
