El gobierno argentino sigue alimentando la polémica en torno al cannabis medicinal.
Otra firma de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, demuestra que la ley votada hace dos años no tuvo como objetivo atender el reclamo de miles de madres de niños con epilepsia sino atraer dólares extranjeros.
Entonces, mientras la justicia reprime y castiga con dureza a los autocultivadores o cultivadores solidarios, con penas similiares a las de un homicidio, el gobierno firma acuerdos con corporaciones para la supuesta instalación de cultivos de los que hasta ahora no hay un plantín.
Las madres que impulsaron la norma con la que ahora gobernadores e intendentes golpean puertas en el extranjero siguen a la deriva, empujadas una vez más al mercado negro o el riesgo de ir presas.
Con esa pantomima, Bullrich ya autorizó un supuesto mega cultivo en la provincia de Jujuy, extremo norte del país, que tiene su propia polémica abierta.
Ahora, hizo lo mismo con el municipio de San Pedro, a una hora y media de Buenos Aires.
El intendente de San Pedro, Cecilio Salazar, se reunió con la ministra de Seguridad de la Nación y le presentó un proyecto para realizar una plantación de cannabis medicinal en sociedad con una empresa norteamericana.
“Bullrich comprometió su respaldo para poder avanzar”, aseguró el jefe comunal, según informa el periódico La Opinión.
Junto a funcionarios provinciales, el jefe comunal detalló las acciones desarrolladas a nivel local desde que se conoció el interés de una empresa estadounidense para la elaboración de cannabis medicinal en la Estación Experimental del INTA San Pedro.
La empresa farmacéutica norteamericana NextGen busca comenzar a cultivar plantas de cannabis para uso medicinal en su distrito a través de un convenio con el INTA.
La ley 27350 aprobada en 2017 sólo autoriza al INTA y al CONICET a plantar marihuana con fines de investigación médica o científica y establece que los organismos deben someterse a una inspección y a un estudio efectuado por el Ministerio de Seguridad que elaborará un informe indicando cual sería el sistema de seguridad para cada lugar que pretenda ser habilitado.
El mecanismo es siempre el mismo: el visto final lo da Bullrich, una ministra de seguridad que nada entiende de salud y que dice combatir el narcotráfico de la forma más retrógrada que existe.
“Volvió a quedar de manifiesto el enorme interés que existe ante el uso cada vez más extendido de este producto, para atender diferentes problemas de salud y la concreta posibilidad de trabajar en el tema, cumpliendo con todos los estándares de seguridad y salubridad que corresponden”, detallaron desde la Municipalidad.
Ley bajo el brazo
El propio Salazar viajó con la ley abajo del brazo a las oficinas de NextGen en Denver, Colorado.
La propia ministra, por su parte, no oculta los planes del gobierno que representa.
“En la reunión, Bullrich mencionó la existencia de otras dos iniciativas similares en General Lamadrid (Provincia de Buenos Aires) y en Jujuy, y comprometió su respaldo para poder avanzar en todas las instancias necesarias hacia la firma de los acuerdos definitivos”, informaron desde el municipio.
Y concluyó: “A partir de esta reunión, se definirá en fecha próxima un encuentro en la Secretaría de Salud de la Nación para seguir avanzando dentro de los procedimientos adecuados”.
2 Responses
Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas….