“Hay que ir contra las grandes mafias y dedicar desde luego menos esfuerzo y recursos en esta gente que lo que hace es consumir marihuana porque les da la gana y otros porque tienen esa adicción. Es la ley en España, el consumo no está penado”
La Santa Le Club es una asociación que reúne a consumidores de marihuana en un pequeño local privado muy discretamente ubicado en el madrileño barrio de Malasaña.
Cada tanto sufre la irrupción de las fuerzas del orden, que conlleva inevitablemente la incautación de las drogas que tengan en ese momento, y la correspondiente instrucción de una causa penal en la justicia.
Desde su fundación en mayo de 2011 la institución ya acumula cinco expedientes judiciales. Sin embargo, uno de ellos se ha transformado en lo que consideran un triunfo en la lucha por abrir un debate sobre la situación legal del cannabis y sus consumidores y contra las “arbitrariedades” de los poderes públicos.
Semanas atrás un juez ordenó que les sean devueltos los 200 gramos de marihuana incautados en diciembre, junto a otros elementos como balanza, dinero y bolsas.
Huellas dactilares
No es la primera vez que esto sucede en España. “Es el cuarto caso”, señala a BBC Mundo Pedro Pérez, presidente de esta asociación legalmente constituida e inscrita como tal en el Ministerio del Interior.
Pérez subraya una y otra vez el carácter “privado” de este sitio y aclara que hay cientos de asociaciones similares en toda España. “No se abre al público en general. De hecho, para entrar se debe apoyar el dedo en un lector de huellas dactilares”, apunta. “Su carácter privado, de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, es lo que lo hace legal”, añade.
Esa opinión va en la misma línea que la del juez que les devolvió la droga incautada por no apreciar “perpetración del delito” contra la salud pública, que es el título dentro del que se engloba el tráfico y la promoción del consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas (art. 368 del Código Penal).
“Aquí no promovemos nada. Eso sería ilegal. Aquí la gente viene y se asocia”, puntualiza. La Santa tiene cerca de 300 socios. Aproximadamente el 70% son de los llamados “lúdicos”, los que fuman por placer. El 30% restante son “medicinales”. A estos últimos no se les cobra. “Tratamos de ayudar a quienes lo están pasando muy mal”, agrega el presidente del club.
No todos van a fumar. “Muchas señoras vienen a comerse un bombón de marihuana o a tomarse una tisana, sobre todo los que hacen un uso medicinal”, explica.
La idea de crear este club no fue de un día para el otro. Desde hace años Pedro tiene un grow shop, es decir una tienda donde se pueden adquirir todo tipo de insumos necesarios para el cultivo de la planta de marihuana. “Empezó a venir gente que hacía tratamientos contra el cáncer y nos pedía marihuana para paliar los malestares”, recuerda Pérez.
Esas situaciones, sumadas a la ganas de tener un lugar “privado” donde la gente pudiera consumir en forma “tranquila, responsable y sin recurrir al mercado negro”, determinaron la idea de crear la asociación La Santa Le Club, que sólo acepta mayores de 21 años.
Consumo compartido
El hecho de que sólo se dispense droga a los socios y que el local no esté abierto al público son la salvaguarda para que el funcionamiento sea legal, explica a BBC Mundo Helena Echeverri, la abogada que logró la devolución de la droga incautada.
“Se respeta todo lo estipulado por el Tribunal Supremo en cuanto a consumo compartido”, señala. Por ello ningún socio recibe más de dos gramos por persona por día.
A pesar de todos los cuidados y formalidades, las visitas de la policía no terminan. “Los entendemos, hacen su trabajo, saben de un lugar donde entra y sale gente y hay droga… es normal que sospechen”, admite Pedro. “El problema es que se llevan todo”, añade.
La comprensión que muestra Pedro hacía los agentes es recíproca. Desde el Sindicato Unificado de Policía abogan por un cambio de la política antidroga que no los obligue a realizar estos operativos. “El problema es que la lucha contra el narcotráfico está equivocada, nos estamos centrando mucho en lo que es el pequeño consumo”, opina José María Benito, en su carácter de portavoz, en diálogo con BBC Mundo.
“Hay que ir contra las grandes mafias y dedicar desde luego menos esfuerzo y recursos en esta gente que lo que hace es consumir droga porque les da la gana y otros porque tienen esa adicción. Es la ley en España, el consumo no está penado”, añade.
Y en esa tesitura es que la abogada de La Santa logró la devolución de lo incautado.
Devolución
“Cuando se acredita que no se ha cometido delito, todo lo que se han llevado se tiene que devolver”, señala la letrada Echeverri, quien es profesora en el Master de Práctica Jurídica del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.
Todas las partes coinciden en la esperanza de que decisiones judiciales como esta abran la puerta a un debate para replantear la política del Estado. “Sitios como este evitan que la gente vaya al mercado negro”, considera Pérez. Su defensora sueña con que un día “los ciudadanos mayores puedan acudir ya sea a una farmacia, ya sea a una asociación o a un dispensario de un organismo oficial a conseguir lo que buscan”.
“Que se haga entrega de la sustancia intervenida en esta causa…”, se lee en la notificación judicial al Instituto Nacional de Toxicología, donde estaba depositada. Pedro Pérez y su abogada esperan el mismo final feliz para las dos causas próximas a definirse. En el sindicato policial esperan que los agentes no tengan que intervenir más en estos casos. En medio de un humo de aroma inconfundible los socios de La Santa celebran.
Fuente BBC
