Hay un argumento que brilla como la gran estrella de opresores y prohibicionistas. Aquel que dice que la marihuana es una droga de ingreso.
Sin embargo, esa gran crisis de la salud pública que acelera el deterioro social de cualquier persona puede encontrar una salida en el cannabis.
De hecho, las muertes por sobredosis de opiáceos matan más norteamericanos que los accidentes de tránsito, las armas de fuego y el cáncer de seno combinados.
De acuerdo con el Centro de Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, 70.200 norteamericanos murieron en el 2017 por sobredosis de drogas –incluidas las drogas ilícitas y los opioides de prescripción–, una cifra que se dobló en solo una década, ya que solo llegaba a 16.849 en 1999.
El incremento más agudo y preocupante ocurrió entre las muertes relacionadas con el Fentanilo y otros narcóticos sintéticos que llegaron a 28.400 decesos por sobredosis, muchas de ellas accidentales.
Incapaz de ignorar estas cifras que alcanzaron niveles de epidemia, el presidente Donald Trump anunció que la crisis de los opiáceos se había convertido en una emergencia de salud pública a finales del 2017.
Su administración implementó cambios en el Sistema Médico de Prescripciones con el fin de reducir la sobreprescripción de opiáceos y asignó 6.00 millones de dólares para programas sociales.
Frenar una crisis
El gobierno reconocía así la necesidad de intervenir y frenar una crisis que ya había cobrado 400.000 vidas entre 1999 y 2017.
Con la casa aún en llamas, los norteamericanos buscan a los responsables, y los laboratorios farmacéuticos ya están comenzando a enfrentar las consecuencias de su supuesta negligencia.
Purdue Pharma, junto con otros productores, vendedores y distribuidores de opiáceos enfrentan más de 2.000 demandas elevadas por estados, ciudades y funcionarios de condados que los culpan de haber desencadenado una epidemia sin precedentes de abuso de drogas.
A los Sackler, la familia que controla Purdue Pharma, los acusa el estado de Massachusetts de haber orquestado una estrategia de mercadeo para posicionar la Oxicontina, ignorando a sabiendas su potencial adictivo, con el único fin de asegurar ganancias de miles de millones de dólares.
El pasado 28 de mayo se inició en el estado de Oklahoma un juicio contra Johnson y Johnson, la primera compañía farmacéutica cuyo caso ha llegado a los tribunales.
Acuerdo con el estado
Purdue Pharma se le adelantó e hizo un acuerdo con el estado por 270 millones de dólares antes de iniciarse el juicio, mientras que la firma israelí Teva hizo lo propio por 85 millones.
Esto dejó a Johnson y Johnson como el único demandado, y Wall Street tomó nota. El primer día del proceso, el precio de las acciones de Johnson and Johnson cayó un 4%.
Todos parecen estar de acuerdo en que las consecuencias en la salud pública son menos comparadas con la epidemia de opiáceos y que la marihuana, considerada una droga ilegal desde hace décadas, puede ser una salida a las verdaderas drogas.
La aprobación del Programa de Cannabis Medicinal de Maryland en el 2016, por ejemplo, trajo consigo la apertura y expansión de dispensarios, cultivos y centros de manufactura en todo el estado.
El crecimiento de esta industria ha sido exponencial, con ventas en el primer trimestre que triplicaron la cifra del mismo periodo del 2017. Sólo es cuestión de tiempo para ver quien ganará la batalla.
