Según la Procuraduría Municipal, unos 800 dispensarios de marihuana medicinal podrían cerrar a partir del 4 de junio, cuando entre en efecto la ley bajo la cual serán regulados
Los días de cientos de dispensarios de marihuana medicinal que han operado irregularmente en Los Ángeles están contados.
Con la aprobación en una primera lectura de las tarifas de inscripción para colectivos, está por concluir el último paso de una ordenanza que impondrá regulaciones más estrictas. Según la Procuraduría Municipal, unos 800 dispensarios podrían cerrar a partir del 4 de junio, cuando entre en efecto dicha ley.
Ayer, la iniciativa recibió nueve votos a favor en el Cabildo (se requerían 12 o más para su aprobación definitiva), por lo que será sometida a una segunda consideración el viernes 23 de abril.
Comparado con el controvertido proceso de elaboración, el capítulo de las tarifas en la ordenanza sobre la marihuana para uso medicinal no ocupó grandes reflectores, pero fue considerado como un “paso importante”.
Además de las cuotas regulares que paga cualquier negocio que opera en esta metrópoli, se cobrará alrededor de $1,200 a los 136 dispensarios establecidos legalmente —si alguno de éstos han cerrado el límite se reduce a 70 locales.
El objetivo, indicó el concejal José Huizar, es “asegurar que la ciudad recobre el costo de las aplicaciones y la inspección de esas instalaciones, para asegurar que operen de conformidad con nuestra regulaciones”.
La tarifa es justa, dijo, tomando en cuenta lo que desembolsan otros comercios en Los Ángeles.
De acuerdo con la Procuraduría, en esta metrópoli operan más de mil dispensarios. La mayoría, reveló la agencia, abrió en los últimos años valiéndose de un resquicio legal en la Constitución Municipal.
Hace unas semanas, después de dos años de debate, el Cabildo aprobó una ordenanza que exige que un colectivo de marihuana se localice a 1,000 pies de distancia o más de escuelas, bibliotecas, parques e instituciones religiosas. Asimismo, se vigilarán sus finanzas, la cantidad de droga en su poder y se reducirá su horario.
Para la organización Americanos por un Acceso Seguro (ASA), que demandó a la ciudad alegando que su ordenanza conduce al cierre de casi todos los dispensarios, no todo está escrito.
“La batalla legal está lejos de terminar”, expresó su asesor en jefe, Joe Elford. “Es evidente que hemos ganado nuestro reto jurídico”, señaló en un comunicado.
El concejal Bill Rosendahl tachó de “ridícula y muy restrictiva” tal iniciativa e insistió en imponer un gravamen a la marihuana. Huizar, por su parte, argumentó que esa debe ser una “decisión futura”.
Fuente Laopinion
