(Rosario) Frente a la inacción gubernamental y el desbordado avance de la narcocriminalidad, cada vez más voces manifiestan la necesidad de regular el consumo de marihuana, en aras de erigir un camino alternativo para enfrentar el narcotráfico; socavar su amplio espectro comercial y erradicar las consecuencias que acarrea este flagelo, tales como los hechos delictivos que se suceden cotidianamente, los cuales incrementan sin precipitaciones los niveles de inseguridad.
En estos tiempos que corren, Argentina es escenario de un panorama desolador en materia de narcotráfico. Hace pocas semanas, la Iglesia advirtió esta situación en un documento; la Corte Suprema, por su parte, instó al gobierno nacional a adoptar “medidas urgentes” para combatir esta problemática.
Estas demandas públicas revitalizaron el debate sobre la necesaria implementación de una nueva política de drogas, debido a que las estrategias prohibicionistas lejos están de ser eficaces.
Otrora tabú, la despenalización de la marihuana goza de un lugar preponderante en la opinión pública, ya que la batalla emprendida contra el narcotráfico es del conjunto de la sociedad civil.
No obstante, aún proliferan los prejuicios en torno a la figura del consumidor de marihuana, quien es tratado como un enfermo, un adicto o un delincuente. Por esa razón, se criminaliza el consumo y se persigue al usuario. Empero, la realidad dicta otra lógica, puesto que, dentro de las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), no hay parámetros definidos sobre las características de un consumidor.
Bajo esa órbita de razonamiento, al ser una droga ilegal resulta más sencillo conseguirla en un búnker y fomentar el ilícito mercado negro, que encargarse de cultivar una planta, con el consecuente riesgo de ser allanado y poder contraer una sentencia de varios años en la cárcel.
“La intención de las políticas prohibicionistas es disminuir el daño que potencialmente genera el consumo de drogas. Esa idea con la que todos podemos coincidir fracasó rotundamente en todos sus objetivos: disminuir el abuso, el daño que generan, disminuir el tráfico y el crimen organizado”, sostuvo en diálogo con este medio Pablo Ascolani, secretario de la Asociación Rosarina de Estudios Culturales (AREC).
“Hasta hace poco se decía que la prohibición de las drogas lo que logra es encarecer el producto y eventualmente disminuir la calidad. El British Medical Journal, una revista médica de primera línea, sacó hace poco tiempo un artículo donde analiza desde 1990 hasta la actualidad el impacto sobre el precio y la calidad y da cuenta de que ni siquiera impactó en eso, ya que desde 1990 hasta ahora las drogas son más accesibles, más baratas y más puras”, graficó el activista canábico.
Según datos arrojados por un informe estadístico realizado por la Procuración General de la Nación, en causas iniciadas por infracción a la Ley Federal de Drogas (Nº 23.737) durante 2012, el 38% correspondieron a tenencia para consumo personal (4 de cada 10). Es decir, de un total de 24.599 investigaciones abiertas en todas las jurisdicciones federales del Ministerio Público el año pasado, 9.414 están destinadas a la persecución de quienes han sido detenidos con sustancias que, “por su escasa cantidad y demás circunstancias, sugiere inequívocamente que la tenencia es para uso personal”, sustenta el estudio.
Es de dominio público, aunque imposible de determinar a ciencia cierta, que muchas personas actúan como usuarios responsables y cultivan en su casa para poder sortear el ingreso a las redes tejidas por el narcotráfico. Razón por la cual sería interesante pensar la despenalización como una herramienta descolonizadora de las ideas retrógradas implantadas, además de analizar la importancia de obtener modificaciones en las normas vigentes en cuanto a la tenencia, cultivo y consumo.
Lo anteriormente expuesto deja en evidencia que el Estado incurre en enormes gastos para tratar de contrarrestar un flagelo al cual apunta al destinatario y actor equivocado. Se destinan fuerzas policiales, miembros del Poder Judicial y recursos penitenciarios para la persecución del delito de tenencia de estupefacientes para el consumo personal. Por ese motivo, resulta imperante que se respeten los derechos individuales de cada persona, pues cada uno es libre de hacer lo que le apetezca con su cuerpo y, en consecuencia, comenzar a restringir la libertad a quienes hacen negocios aprovechándose de las vulnerabilidades ajenas.
Crónica y entrevista a Pablo Ascolani (AREC)
Pablo Alberto Ascolani es secretario de la Asociación Rosarina de Estudios Culturales (AREC), licenciado en Kinesiología y docente de Farmacología. Su formación, pasión y compromiso militante en el tópico abordado se ponen de manifiesto con el correr de los minutos, y pregunta tras pregunta, aporta una mirada esclarecedora sobre las problemáticas que derivan de las políticas prohibicionistas.
De espaldas a una de las cuatro paredes blancas que atavían su consultorio, se recuesta en un confortable sillón con apoyabrazos de madera de frente a su interlocutor, y se apresta a responder de una forma contagiosamente apacible.
En la penumbra ambientada por la tenue luz de la habitación, Ascolani, con aire pensativo, apoya el dedo índice de su mano izquierda sobre su labio inferior, reflexiona un momento y luego prosigue.
Abstraído en sus elucubraciones, con una mirada escrutadora, como si quisiera concentrarse en profundidad al cerrar levemente los párpados, el activista canábico hace una pausa, y al rato continúa.
Bajo una atmósfera cordial e investido de una parsimonia inusitada, desentraña con meticulosidad cada rincón por auscultar.
Pese a la inacabable cantidad de críticas infundadas que emergen en temáticas tan polémicas como la despenalización de la marihuana, su claridad conceptual soslaya los prejuicios y expone una serie de argumentos persuasivos e irrefutables.
Fuente: Ovnibus
