A través del uso medicinal, el cannabis ya es aceptado a Colombia, pero esa normalización no ha movido un ápice el castillo del prohibicionismo.
El congresista Juan F. Reyes, autor de la iniciativa que busca legalizar el cannabis en ese país, habla sobre el plan para regular este mercado.
Para muchos, el cannabis se ha convertido en un bálsamo para aliviar el dolor, inducir al sueño, estimular el apetito y amortiguar los golpes que a veces da la vida.
Sus defensores afirman que reduce considerablemente el estrés.
También puede ser útil, entre otras cosas, como analgésico, antiemético, broncodilatador y antiinflamatorio.
En medio de la aparente prisa por integrar la marihuana en la vida de los colombianos/as como una sustancia convencional, gravarla, regularla, legalizarla y comercializarla, se plantean cuestiones importantes.
Y, en la medida en que crece el debate, también crecen los críticos.
Iniciativa
En diálogo con El Tiempo, el representante Juan Fernando Reyes, autor del proyecto que buscar regular el mercado y el consumo del cannabis, explicó la iniciativa.
El legislador aseguró que “uno de los beneficios de la regularización del cannabis es la posibilidad de que se realicen más estudios que antes no se podían hacer producto del prohibicionismo”.
También, claro, que permitiría que se cobren impuestos por la comercialización de esta sustancia.
Los críticos dicen que el consumo de marihuana puede ser la puerta de entrada para el uso de sustancias más fuertes, ¿qué responde al respecto?
¿Evidencia?
No hay evidencia concluyente sobre eso.
Estudios recientes han mostrado cómo otros factores pueden ser más importantes para explicar la decisión de una persona de consumir drogas duras.
Incluso hay evidencia que sugiere que el consumo de alcohol y tabaco pueden influir sobre esta decisión.
Puerta de entrada
La teoría de la puerta de entrada ha venido siendo puesta en duda por su carácter reduccionista.
No es posible atribuirle la decisión de consumir drogas más duras de manera exclusiva al consumo de cannabis, más aún, cuando hay factores individuales y sociales que pueden influir en esa decisión.
Ahora, por el contrario, sí existe evidencia para demostrar la efectividad de la marihuana o sus derivados como “puerta de salida” a la adicción de alcohol, nicotina, opiáceos y cocaína.
Otros países
¿Cómo les ha ido a otros países frente al tema?
Según Andrés López Velasco, exdirector del Fondo Nacional de Estupefacientes, la experiencia de Holanda, Canadá y otros países reguladores demostró que la regulación frenó el ingreso de sustancias psicoactivas y otros derivados sintéticos mucho más tóxicos para el consumo.
Existen también estudios que indican la relación entre consumo de cannabis y una menor tasa de consumo de sustancias inyectables.
¿Por qué plantear el debate sobre permitir el consumo de Cannabis con fines recreativos en un país estigmatizado por el narcotráfico?
Uso adulto
Preferimos cambiar la denominación de uso recreativo a uso adulto, principalmente, porque el uso recreativo no implica per se que la persona esté consumiendo por recreación.
Ahí pueden estar incluidos otro tipo de usos.
Además, la palabra “uso adulto” implica la delimitación de las personas que podrán consumir y denota la búsqueda de un consumo responsable.
Ahora, no se debe entender el narcotráfico de la misma forma que el tráfico de otras sustancias, ya que todas tienen un nivel de negocio muy distinto al de la marihuana y por eso nuestro proyecto solo habla de cannabis.
Más estudios
¿Uno de los beneficios de la regularización del cannabis es la posibilidad de que se realicen más estudios?
Así mismo, creemos que puede haber otro camino para la política de drogas y una nueva historia para el país.
El narcotráfico es la gasolina que mantiene vivos a los grupos armados ilegales, que con su poderío económico y el uso de la violencia han minado el desarrollo de los territorios y minimizado la institucionalidad del Estado.
Sin mencionar el costo que le presenta al país.
Gasto
El Estado colombiano ha gastado 88 billones de pesos en 10 años en la erradicación de cultivos de uso ilícito y esto sin contar el gasto militar y de operativos, el gasto de administración de justicia y el sistema carcelario.
Estamos hablando de un promedio anual de 8.8 billones, lo que es significativo si se compara con el presupuesto de entidades como la Defensoría del Pueblo o la Procuraduría.
A pesar de ser las entidades encargadas de defender los derechos de los ciudadanos, tienen entre nueve y 15 veces menos presupuesto que lo que se destina a la erradicación de cultivos.
¿Cómo debe ser ese nuevo enfoque?
Necesitamos un nuevo enfoque en la política de drogas, que hoy es profundamente discriminatorio y no garantiza la salud pública.
¡Es un escándalo que el 95% de los municipios del país no cuenten con servicios de atención para problemas de consumo!
Es momento de implementar un enfoque preventivo, uno de salud pública concentrado en el consumidor.
No buscamos otra cosa que garantizar el derecho al libre desarrollo de la personalidad, la autonomía individual y un enfoque de salud pública.
Generar alternativas
Generar alternativas productivas, consolidar un sistema de administración de justicia eficiente, mejorar la información con la que cuenta el Estado.
Facilitar el acceso a la información al consumidor, reducir el alcance del crimen organizado y promover el desarrollo social.
Así como existen castigos para quienes manejen bajos efectos del alcohol, ¿también habría castigos para quienes conduzcan bajo efectos del Cannabis?
Sí, eso debe quedar en la posterior reglamentación.
Uno de los beneficios de la regularización del cannabis es la posibilidad de que se realicen más estudios que antes no se podían hacer producto del prohibicionismo.
Así pues, de la mano con la reglamentación se deberá avanzar en estudios para construir mejores datos e información pues hoy no se conoce el fenómeno en todas sus complejidades, la gente no sabe qué consume, las diferencias entre marihuana y otras drogas, etc.
