Colombia es el más reciente país en flexibilizar el consumo de la marihuana. El presidente de ese país, Juan Manuel Santos, promulgó un decreto que reglamenta la exportación, comercialización y consumo del cannabis para usos medicinales y científicos. Aunque una ley permitía aquello desde 1994, no había sido reglamentada, cosa que finalmente ocurrió esta semana. La tenencia y cultivo de esa planta con motivos personales también están permitidos en ese país.
Otros 11 países de las Américas están en una situación similar, en la que se ha despenalizado la tenencia de la marihuana para uso medicinal y personal y, en algunos casos, se permite incluso su cultivo y su venta.
Antes de Colombia, Canadá hizo el anuncio de legalización, y se sumó a la ola de legislaciones o decisiones judiciales que despenalizan el consumo en otros países como Uruguay, México, Chile, Argentina, Costa Rica, Brasil, Paraguay, Ecuador, Jamaica y algunos estados de Estados Unidos.
Son decisiones correctas. La marihuana es, según numerosos estudios, más benigna que el alcohol, por ejemplo, y, por sus rasgos, suele mantener a la persona que la consume en un estado de tranquilidad, no de excitación.
La despenalización de las drogas blandas se ha demostrado positiva para reducir el hacinamiento en las cárceles, la actividad de las bandas de narcotraficantes, los enfrentamientos y la violencia generada por la represión al tráfico, etc. El consumo, según los estudios preliminares, no ha aumentado, y el efecto positivo ha sido que la sociedad ha podido debatir con más libertad sobre este tema.
Este diario ha mantenido como línea editorial la necesidad de despenalizar el consumo no solamente de las drogas blandas, como el cannabis, del que hablamos hoy, sino del resto. La enorme violencia que engulle a países como México, Honduras y Guatemala, y que también se vive en Bolivia, se explica en el accionar de las bandas de narcotraficantes que, al tener un negocio tan lucrativo entre manos, enfrenta con extrema violencia cualquier intento de reducir ese negocio. Pero si el tráfico fuera legal, los precios bajarían y ya no habría el aliciente que motiva a los traficantes.
La visión conservadora y retrógrada que al respecto tiene el Ministerio de Gobierno de Bolivia, y en general todo el oficialismo, coloca a Bolivia en contracorriente respecto del resto del continente. No solamente no se avanza hacia la despenalización, sino que el anteproyecto de una nueva ley de lucha contra las drogas agrava aún más el espíritu ya excesivamente represor de la actual Ley 1008. Lamentable.
One Response