La asociación cannábica 420 presentó la semana pasada una querella contra tres altos cargos del Ayuntamiento de Barcelona porque consideran que cometieron delitos de prevaricación, coacciones y atentado contra el derecho de asociación en la orden de cierre del local, previsto para mañana. El consistorio barcelonés alega que el club emite aire contaminado al exterior. La clausura del club, ubicado en la calle Notariat de Barcelona, se dictaminó en varias resoluciones con fecha de julio y agosto. La entidad tacha la orden de “injusta, arbitraria e ilegal” porque no se han acreditado ninguno de los hechos denunciados.
Los denunciantes se muestran especialmente críticos por las acusaciones que se les han hecho de expulsar contaminantes. “No se ha llevado a cabo ningún tipo de medición del aire expulsado”, asegura el club, que a la vez se queja de que el Ayuntamiento base su acusación en un estudio sobre la salida de humos de otro local. La entidad defiende además que cuenta con un sistema homologado “de extracción y filtros que impiden la salida de aire contaminado”
La querella se focaliza concretamente en el gerente del distrito de Ciutat Vella, el director de los servicios jurídicos del consistorio y la jefa del Departamento de Licencias e Inspección del ayuntamiento, que son los responsables de sendas resoluciones. En una resolución del 17 de julio firmada por esta última se da un plazo de diez días a la entidad para presentar alegaciones como paso previo al precinto del local. “En esta resolución se pone de manifiesto la total arbitrariedad con la que ha actuado la querellada, pues ya se anuncia que se va a acordar el cese y el precinto del local social de la asociación, previamente a haber estudiado las alegaciones presentadas”, justifican en el escrito de la denuncia. Los responsables de la Asociación 420, con 10.000 socios, consideran que la decisión de cerrar el local “estaba tomada de antemano” porque no se tuvieron en cuenta la documentación presentada. También se muestran sorprendidos por la celeridad del proceso. “Se ha ventilado un procedimiento sancionador en 21 días”.
Los clubes de cannabis acostumbran a constituirse como asociación para realizar su actividad bajo amparo legal. Pero la regulación sobre esta sustancia no está clara y el sector reclama —igual que los jueces— desde hace un tiempo una normativa clara que despeje dudas e incertidumbres sobre estas entidades y se les deje de acusar de tráfico de drogas.
Cataluña ha dado un paso ya en este sentido y ultima la regulación de las asociaciones de venta de marihuana. El borrador de esta normativa abarca todo el proceso, desde el cultivo, el transporte de la marihuana hasta el local y los requisitos de acceso para los socios. Uno de los aspectos destacados de la propuesta, que no es definitiva, es que el acceso a estos clubes se reserve para mayores de 21 años. El sector, con 165.000 socios en Cataluña, mueve cerca de cinco millones. Fuente Elpais
