Por Edward Schumacher-Matos.
Boston, EEUU,- Se está cociendo otro enfrentamiento federal-estatal, pero éste no tiene nada que ver con la inmigración. Tiene que ver con los porros.
Tal como yo lo veo, el coste de la prohibición es muy superior al riesgo de la legalización.
Los californianos podrían muy bien votar en noviembre la legalización de la marihuana de consumo, aunque la administración Obama y el Gobernador Republicano Arnold Schwarzenegger entre otros en la institución política tratan de disuadirles advirtiendo que la legalización vulnera el reglamento federal.
Aunque los monologuistas están haciendo el agosto con la legislación de la marihuana, presumiblemente tendrá un impacto sobre la ordenación social y penal de la nación más allá de los Republicanos y Demócratas que ganen en las legislativas, unas elecciones que desde luego tienen más elementos genuinos chiflados.
El Presidente Obama es contrario a la legalización. El fiscal general Eric Holder, en un escrito remitido a nueve exdirectores de la Agencia de Control de Estupefacientes que vienen presionando contra la legislación, escribe que: “Vamos a implantar escrupulosamente la Ley Federal de Sustancias Controladas en contra de esos individuos y organizaciones que posean, cultiven o distribuyan marihuana para consumo, incluso si esas actividades están recogidas en el código estatal”.
Pero los californianos no deben bajarse de la burra. Deberían votar “sí” a la Propuesta 19 y ser los pioneros de la nación abandonando el caos generado por la prohibición que ha salido tan cara en términos de vidas, impuestos y libertades individuales.
Hay buenos argumentos contra la legalización. Podría conducir a un mayor consumo, especialmente entre los jóvenes. Los nuevos cultivos de marihuana se extienden y su abuso afecta a la salud pública. Muchos consumidores de los estupefacientes considerados más duros empezaron con la marihuana. Bandas criminales siguen vendiendo otras drogas y por eso la legalización no las va a apartar de la calle.
Pero muchas cosas en la vida son un ejercicio de equilibrio. Tal como yo lo veo, el coste de la prohibición es muy superior al riesgo de la legalización.
Casi la mitad de todos los estadounidenses han fumado marihuana; casi todos están divinamente. El consumo de alcohol y de otras tantas cosas tiene efectos sobre la salud equivalentes o peores. La presencia de la marihuana se puede regular. Y por algún lado hay que empezar a reducir la rentabilidad de la droga y reducir el tamaño, la influencia y la violencia de las mafias de la droga.
Este último punto es clave. California ofrece la oportunidad de experimentar con un estupefaciente en un estado. La maría es de todas formas allí semi-legal. La “marihuana terapéutica” está extendida, y el mes pasado Schwarzenegger aprobaba una ley que rebaja la posesión de menos de 28 gramos de delito menor a infracción — lo que viene a ser una multa de tráfico.
El conflicto entre el reglamento estatal y el código federal puede dar lugar a un caos legal — pero sólo si las dos partes lo provocan.
La Propuesta 19 insta al estado a ignorar esencialmente el ordenamiento federal en lo que respecta a la marihuana. Tanto la administración estatal como la federal continuarán persiguiendo a los traficantes de los demás estupefacientes. La administración federal puede procesar a los camellos, los cultivadores y los consumidores insignificantes, pero carece de los recursos en la calle para hacer algo parecido. Washington ya está mirando hacia otro lado en lo que respecta a la marihuana terapéutica.
En el caso de la inmigración de Arizona, la administración acude a la justicia para detener la implantación de una ley en la que el estado trata activamente de hacer algo en un terreno de competencias federales. El caso de California implica a un estado que trata de no implantar el código federal. No está claro lo lejos que puede llegar Washington a la hora de obligar a implantarlo.
En un caso de 1992 que enfrentaba al estado con Nueva York a cuenta del respeto al reglamento federal de desechos radiactivos, el Tribunal Supremo falló que: “Siempre hemos entendido que hasta donde el Congreso tiene las competencias recogidas en la Constitución para aprobar leyes que obligan o prohíben bajo cualquier concepto determinados actos, carece de las competencias directas para obligar a los estados a exigir por ley o prohibir bajo cualquier concepto esos actos”.
Washington no puede “expropiar competencias” a un estado, resolvió el tribunal, aunque los límites exactos del federalismo sigan sin estar cerrados.
Pocos se acordarán que el final de la ley seca empezó por los estados. Una docena votaron a favor de enmendar o derogar su ordenamiento de prohibición antes de que la administración federal lo hiciera de una vez.
La exaltante belleza del federalismo estadounidense es que los estados son totalmente libres de experimentar en muchos asuntos en lo que viene a ser una ensalada nacional de administraciones que dan lugar a las prácticas más aconsejables. Obama hará bien en reservar las críticas de la administración y buscar la forma de colaborar con el votante de California en la búsqueda de soluciones al consumo.
Fuente DiarioSigloXXI
