El comercio de marihuana es un negocio millonario que pone en entredicho la efectividad de su prohibición. Sin embargo, hacer una regulación efectiva en pos de aprovechar sus propiedades terapéuticas no sólo tendría como objetivo beneficiar a quienes están enfermos. También implica una caza de rentas que los gobiernos podrían obtener.
Por Maria Eugenia Rodriguez, Economista venezolana de la Universidad Central de Venezuela. Actualmente curso el segundo año de la Maestría de Políticas Públicas de la Universidad de Chile.
El cannabis o marihuana ha sido utilizado milenariamente en rituales religiosos y con fines terapéuticos. En la Edad Media, quizás hubiese sido difícil imaginar que en el siglo XX su uso sería prohibido y criminalizado, pues para la época era referido en las famacopeas -libros recopilatorios de recetas- y ya para el siglo XIX era prescrito sin restricción en las boticas.
Fue prohibido por primera vez con La Ordenanza de El Paso (EE.UU.), en 1914. Pero fue Harry J. Anslinger, el Comisionado de Narcóticos, quien inició el control de la producción, distribución y consumo del cannabis a nivel federal, promoviendo una intensa campaña a favor. Su objetivo se materializó en 1937 con el Marijuana Tax Act.
Actualmente, es una planta controversial. A su alrededor existen muchos cuestionamientos y mitos: ¿Por qué se prohibió? ¿Induce comportamientos violentos o tranquilizantes? ¿Sus propiedades terapéuticas son mejores que las de otras drogas legales? Estas preguntas están entre otras tantas interrogantes que siguen abiertas y que no han evitado que sea la droga ilegal más consumida en el mundo. Negar sus propiedades terapéuticas es negar su historia y su naturaleza, pero es la ciencia quien debe tener la última palabra.
A casi un siglo de que fuese prohibida por primera vez, vale la pena reflexionar por los aprendizajes y los desafíos que impone la marihuana y sus matices al diseño de las políticas públicas. A lo largo de estos años, se ha escrito una historia que difícilmente será reversible y que merece ser abordada con “calma y cordura”. Así se podrá minimizar el riesgo de respaldar argumentos con fundamentos ambiguos que inciten a la toma de decisiones que agudicen los problemas existentes, o que cierren oportunidades a nuevas opciones de mejora social. 
El paso de la descriminalización a la santificación del cannabis exige un rediseño congruente de la lucha contra las drogas, pues no se puede criminalizar y legalizar a la vez.
Si algo hemos aprendido es que el cannabis es un negocio millonario que ha puesto en entredicho la efectividad de la regulación que lo prohíbe. Y que si bien el uso con fines terapéuticos busca ofrecer mejoras en la calidad de vida de las personas con enfermedades crónicas, así como la expectativa del desarrollo de nuevas medicinas, el proceso de legalización, ya sea discriminando por sus usos, implica una caza de rentas en la medida que permite obtener nuevos ingresos fiscales vía recaudación. Asimismo, se espera que la legalización garantizara el ahorro (o reasignación) de los recursos destinados actualmente a criminalizar y penalizar su consumo.
Es importante tener claro que la legalización no ha resuelto el problema de la lucha de drogas ni sus consecuencias sociales. Sin embargo, puede favorecer a la reducción recursos que limiten la capacidad de los Estados de enfrentar esta problemática, incentivando también la creación de mercados paralelos, pues siempre que exista una diferencia entre los precios, existirá un incentivo para los cárteles de cubrir está demanda.
Sin embargo, las medidas regulatorias a favor del cannabis con usos terapéuticos llegaron para quedarse en algunos países. Por ejemplo actualmente 14 Estados de EEUU las han implementado. Pero dichas medidas exigen atención y evidencian la necesidad de crear espacios de diálogo que debatan y promuevan algunas ideas:
Que el cannabis con fines terapéuticos sea legal no implica que su consumo no tenga riesgos: El alcohol y el tabaco son legales y nocivos para la salud. Es importante acotar el término: ¿terapéutico para qué? y ¿para quién? ¿Qué características debería tener un diseño institucional que permita la coexistencia de un sector ilegal y otro legal que desarrolle el negocio del cannabis como medicina?
Las regulaciones son una de las respuestas que puede dar el Estado, como una forma de intervención cuando el mercado falla. Deben responder a una visión y a un profundo entendimiento de lo que se quiere regular y no a caprichos retóricos. En esta regulación se juega el hecho de favorecer condiciones que puedan representar un retroceso en los avances de la lucha contra el consumo y producción de sustancias ilícitas, versus negar la oportunidad a la medicina de desarrollar nuevas alternativas que ofrezcan mejores condiciones de vida a pacientes con patologías crónicas.
Fuente SentidosComunes
