La Taula del Tercer Sector de Cataluña ha alertado que endurecer la legislación contra las drogas no ha hecho disminuir el consumo en los últimos 40 años, por lo que propugna avanzar hacia políticas de regulación del cannabis, como ya han implantado Colorado y Washington (EEUU), y también Uruguay.
Así se considera en el informe “Derechos Humanos y políticas de drogas: nuevas propuestas de regulación”, que ha sido presentado esta semana en Barcelona por su autor, Josep Rovira, jefe del Área de Drogas de la Asociación Bienestar y Desarrollo (ABD), en el marco del ciclo de debates “Cataluña social” que impulsa la Taula del Tercer Sector.
Según indica Rovira en el informe, las entidades sociales apuestan por dejar en un segundo plano las políticas represivas, centradas en la persecución de mercados incontrolados y “de una criminalidad cada vez más poderosa”.
Dar prioridad y aplicar políticas alternativas, como la regulación del cannabis, mejorar la continuidad de la atención social y acompañamiento en la inclusión a los drogadictos e impulsar programas de reducción de daños son algunas de las propuestas del informe, que recuerda que el gasto en políticas represivas de control de la oferta de drogas representa más del 70% del total.
En el informe se destaca la importancia de priorizar un modelo biopsicosocial como abordaje más efectivo a la hora de tratar a las personas con un problema de consumo de drogas, que tenga en cuenta la naturaleza de esa persona, la sustancia consumida así como el contexto social, familiar, de amistad y trabajo.
“A la luz de los resultados obtenidos a lo largo de los últimos 40 años es necesario que se reconsideren las políticas y que éstas estén basadas en la salud pública y los derechos humanos, que sean fiscalmente responsables y reduzcan de forma drástica el nivel de encarcelamiento y criminalización existente en la población consumidora o relacionada con el pequeño tráfico o delito funcional”, se argumenta.
Por su parte, Àngels Guiteras, presidenta de la Taula del Tercer Sector, ha indicado que entre el 70% y el 80% de los más de 73.000 reclusos que están ingresados en cárceles de toda España están privados de libertad por delitos relacionados con las drogas, y que la crisis ha disparado del 5,1% al 11,4% el consumo de hipnosedantes (datos de 2011), que ya son la droga más usada después del cannabis.
“El papel de la administración y de las entidades sociales es clave”, ha considerado Guiteras, que ha añadido que igualmente es importante “el consenso político” para dar prioridad a este tema a la hora de asignar recursos públicos.
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