A pesar de la célebre ley que liberó la hierba en Uruguay, cultivadores de cannabis denunciaron atropellos por parte de la policía en el Parlamento.
Así lo informa La Diaria, en un artículo sobre la presentación de la Coordinadora de Cannabis En el Parlamento.
Allí, los cultivadores de cannabis denunciaron atropellos e irregularidades en los procedimientos policiales y procesos judiciales.
La Comisión Especial de Adicciones convocará a autoridades del Ministerio del Interior, de la Fiscalía y del Ministerio de Salud Pública.
Fue por teleconferencia que la Comisión Especial de Adicciones de la Cámara de Diputados recibió a la Coordinadora de Cannabis.
Por esa vía, los cultivadores de cannabis denunciaron atropellos en los procedimientos irregulares por parte del Ministerio del Interior (MI).
Las acciones son contra autocultivadores, a quienes también perjudican con decisiones judiciales que contravienen lo establecido por la Ley de Regulación y Control del Cannabis (19.172).
La coordinadora está integrada por autocultivadores, clubes de cannabis, asociaciones de pacientes y familiares, empresas, adquirentes de farmacia, investigadores y organizaciones sociales.
El colectivo expresó su preocupación por el retroceso en la aplicación de la Ley de Regulación del Cannabis.
En especial, con disposiciones legales y lineamientos que van contra el “espíritu” de esa ley, como la resolución de Fiscalía que priorizó la persecución del microtráfico.
Desde la coordinadora plantearon que existe una “problemática de orden judicial, policial y de política de Estado”.
Asimismo, presentaron una serie de casos en los que entienden que existieron formalizaciones del proceso contra autocultivadores sin las garantías correspondientes.
Entre otros temas, señalaron que la obligación de la Fiscalía de pedir la formalización en 24 horas cuando hay detenidos “provoca que los acusados deban declarar sin la adecuada asistencia legal”.
También sostuvieron que se utiliza sistemáticamente el “allanamiento voluntario”, por el que la Policía pide permiso para ingresar a los hogares.
Y que se da prioridad a la “denuncia anónima” como disparador del procedimiento policial e intervenciones en la calle contra personas que están consumiendo cannabis con incautaciones sin ningún sustento legal.
Cultivadores de cannabis denunciaron atropellos y desconocimiento
En el parlamento uruguayo los cultivadores de cannabis denunciaron atropellos y también un completo desconocimiento por los funcionarios a cargo de los operativos.
También expresaron su preocupación por que el pesaje de lo incautado en cultivos “se ha realizado en muchas ocasiones con plantas y flores frescas, indicando esto un desconocimiento absoluto de los procesos de la planta de cannabis antes de estar apta para ser consumida”.
En otro sentido, sostuvieron que en el acompañamiento que hacen los inspectores del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca) a los allanamientos se cometen errores técnicos y conceptuales.
Esto afecta el proceso de cultivo y tiene consecuencias sobre los informes policiales y las decisiones de la Justicia.
La coordinadora planteó que “la propia concepción de republicanismo y constitucionalismo de nuestro país” amerita “la correcta aplicación de la ley” y llamó a la instalación de un ámbito de diálogo entre la sociedad civil y el Estado.
Otro de los temas planteado por la coordinadora fue la falta de reglamentación de la Ley 19.847, sobre producción de cannabis para el uso medicinal y terapéutico.
Este proceso está en manos del prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, y del Ministerio de Salud Pública (MSP).
Los integrantes de la coordinadora advirtieron que la falta de reglamentación “deja expuestos a pequeños productores de derivados terapéuticos, que han manifestado su plena voluntad de integrarse al mercado regulado”.
Según dijo a La Diaria el diputado del Frente Amplio Daniel Gerhard se definió llamar, en primer lugar, a las autoridades del MSP para conocer qué está pasando con la reglamentación de la Ley 19.847.
También a la Comisión Honoraria que realiza el seguimiento de la política del cannabis, en manos de ese ministerio.
En cuanto a la situación de los autocultivadores, el diputado señaló que se está utilizando el marco regulatorio vinculado con drogas en general y no el específico del cannabis.
“El problema no es la ley, sino el componente moral y político con que actúa todo el Estado, especialmente el MI”, aclaró.
Cultivadores de cannabis denunciaron atropellos y apuntaron contra el Gobierno
Consultado sobre las diferentes posiciones entre la Junta Nacional de Drogas, que mantiene el objetivo de avanzar con la regulación y la política del MI, el diputado respondió:
“Vivimos en un gobierno de las apariencias. Aparentemente el gobierno no va a hacer cambios en esto, pero después lo que vemos en la práctica es otra cosa”.
Gerhard dijo que “hay una base del gobierno que se opone” al avance de la regulación.
“En definitiva, están haciendo lo que criticaron mucho, que es poner lo político por encima de lo legal”, agregó.
El diputado afirmó que existe “un ensañamiento, producto de un nuevo clima político, que busca criminalizar y estigmatizar algo que en realidad es legal”.
El diputado mencionó el hecho de que muchos de los casos planteados por la coordinadora ocurrieron en el interior del país.
“Probablemente tiene que ver con el ambiente cultural y moral, y es un problema, porque las leyes son para toda la República. Es curioso que se dé en un gobierno que la palabra que más repite es ‘libertad’”.
Después de recibir a las autoridades del MSP, la comisión llamará al MI y a las autoridades de la Fiscalía General de la Nación para tratar los temas planteados por la coordinadora.
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