La situación de Chile es de las más extrañas del mundo cannábico. Sobre todo, desde que la marihuana dejó de formar parte de la lista de estupefacientes, también llamadas “drogas duras”. Algo lógico, si se tiene en cuenta que se trata del tercer país del mundo que más flores consume.
Sin embargo, el consumo sigue teniendo visos de estigma. Y ni hablar el cultivo, a pesar de que la venta de semillas está regulado y permitido y de que allí nació el movimiento de madres cultivadoras más grande del continente: Mamá Cultiva, y la Fundación Daya.
Pero como en todos los sitios del mundo, la organización popular vence todo estigma. Y toda ley. Hace algunos días, la Corte Suprema rebajó una medida cautelar que pesaba sobre un padre que cultivaba marihuana para tratamiento para hijo con trastorno del espectro autista (TEA). La sala penal del máximo tribunal consideró el uso medicinal de las 15 plantas incautadas en el domicilio de Rodrigo Barraza.
La causa se inició en marzo pasado, según cuenta el portal ADN, cuando Rodrigo Barraza fue detenido y formalizado por presunto tráfico de drogas, luego que la policía incautara 15 plantas de cannabis desde su domicilio en Pichilemu.
Tras ello, el padre quedó bajo arresto domiciliario total y con la pérdida total de casi un año de producción para el uso medicinal del aceite de cannabis para su hijo de siete años diagnosticado con autismo.
Ahora, la Defensoría Penal Pública presentó un recurso de amparo a favor del padre, argumentando el respaldo médico del Hospital San Borja para el tratamiento del menor.
El abogado Claudio Fierro explicó que “las proyecciones que tiene esta persona es que sea absuelto, ya que las personas que cultivan para estos fines no están cometiendo un delito”.
Basándose en fallos anteriores, la sala penal del máximo tribunal acogió el amparo presentado por la defensa y rebajó la medida cautelar a una mera firma quincenal mientras dure la investigación.
Más controles callejeros
A pesar de la apertura legal y la normalización social, el consumo sigue siendo estigmatizado. Hace algunos días comenzó a regir en las calles de Chile el Narcotest, para detectar consumos de sustancias en conductores de autos y buses y prevé penas de hasta 10 años de cárcel y multas.
Las autoridades de Gobierno informaron que las sustancias que mide el dispositivo a través de la saliva son cocaína, marihuana, anfetamina, metanfetamina y opiáceos.
Quienes incumplan la norma, se exponen a distintas penas según la gravedad del delito, que van desde presidio menor en su grado mínimo (entre 61 y 540 días) más una multa de entre 2 y 10 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), hasta presidio mayor en grado mínimo (entre 5 años y 1 día y 10 años), junto a una multa de entre 8 y 20 UTM, en caso de causar lesiones graves gravísimas o la muerte de la persona.
En todos estos casos el conductor sufre la suspensión o cancelación de su licencia de conducir.
También habrá multas de entre 3 y 10 UTM y suspensión de licencia de hasta un mes para quienes se neguen a hacerse el test. La unidad tributaria mensual (UTM) es una unidad de cuenta usada en Chile para efectos tributarios y de multas, actualizada según la inflación
