Ni las mejores previsiones presagiaban unos ingresos en los estados de Estados Unidos en el que se ha legalizado tanto el cannabis recreativo como medicinal. Sólo en Colorado, que fue el primer estado que legalizó su uso recreativo, la recaudación de impuestos por venta entre el 1 de enero de 2014 y lo que va de 2017 es superior a los 500 millones de dólares. Ésto supone un 1.8% del presupuesto estatal de este año.
En Washington, donde se comenzó a venderse seis meses después con un gravamen de 37% sobre ventas, se han llegado a recaudar algo más de 400 millones de dólares en el mismo espacio de tiempo, según datos del Buró de Licores y Cannabis del estado. Y en los próximos dos años se espera llegar a los 730 millones de dólares en impuestos por venta de cannabis y derivados.
En el lado opuesto se encuentra Oregón, dónde esperaban llegar a los 60 millones en los años 2016 y 2017. Pero apenas han llegado a los 16, ejemplo de subestimación de la demanda de los consumidores por parte del gobierno. Y resulta llamativo al mismo tiempo, ya que mientras en Colorado el cultivo y venta de cannabis recreacional se grava con 25% de impuesto sobre el precio final y en Whashinton con un 37%, en Oregón el impuesto es de tan sólo el 17%.
Mason Tvert, portavoz de la consultora establecida en Colorado VS Strategies, se dedica a promover y desarrollar la industria de este producto en este estado, señala que “los impuestos por la venta de cannabis no llegan a resolver los problemas fiscales del estado. Pero representan una ayuda significativa que contribuyen a cubrir el gasto de importantes servicios. De otra manera no estarían disponibles”.
Mason Tvert fue una de las piezas clave en que se consiguiese aprobar la enmienda 64. Ésta legalizó el uso recreativo del cannabis en Colorado. Tvert cuenta que muchas localidades en el todo el estado han podido usar estos recursos para construir o rehabilitar escuelas. También para establecer servicios de salud o ayudar a personas sin hogar. “Todo este dinero podría haberse ido por el retrete o directamente a mercados ilegales para financiar otro tipo de actividades ilícitas”.
El Consejo Legislativo de Colorado ha sido depositado parte de estos impuestos en cuentas con las que se financia programas de construcción o renovación de escuelas públicas. También para programas para el tratamiento de adicciones y enfermedades mentales. Los programas sobre la prevención y educación sobre el consumo de drogas entre poblaciones juveniles ha recibido otra parte. Y también ha servido para financiar la operación de las oficinas reguladores del cannabis.
En Maine, Nevada y Massachusetts se preparan las regulaciones para la entrada en vigor del mercado de cannabis recreativo en 2018. También se espera que estos impuestos recaudados sean cuantiosos. Pero al igual que en Colorado, no llegarán a resolver los problemas económicos. Aunque la contribución de la industria a la economía no sólo tendrá en cuenta los ingresos por la venta de la sustancia, sino que se medirá tanto por la creación de empleos como en la de empresas que prestarán servicio a la industria del cannabis.
Una noticia de New Frontier Data, una de las grandes consultoras independientes. Tan sólo en Colorado estimó que la industria cannábica contribuyó a la creación de nada más y nada menos que 18.000 nuevos empleos empleos entre 2014 y 2017. También estima que para 2017 los empleos se multiplicarán al mismo ritmo que los ingresos, con unos 745 millones de dólares en impuestos. Para 2020 ascenderían a 2.400 millones de dólares.
