Se acaba de presentar un borrador de decreto sobre el uso medicinal de la marihuana. Este decreto está escrito en el marco del Estatuto Nacional de Estupefacientes, una ley promulgada en la década de los 80, cuando la guerra contra el narcotráfico y la respuesta estatal represiva eran las únicas formas de atender el caos y la barbarie de la época. ¿Acaso esa ley 30 de 1986 refleja hoy día las realidades del siglo XXI y permite una regulación integral del uso medicinal del cannabis?
Este decreto presenta serios cuestionamientos legales que pueden traer demandas de inconstitucionalidad por extralimitación de funciones. Por esto, es indispensable que el cambio en la política de drogas se dé a partir de una ley de la República. Existen tres razones fundamentales por las que Colombia necesita una ley para regular el uso medicinal del cannabis.
En primer lugar, porque solo el Congreso puede crear los recursos financieros que necesitará el Estado para poner en marcha el nuevo modelo de regulación y para atender los problemas de consumo interno que tiene hoy el país. En segundo lugar, porque para que el nuevo modelo pueda ser controlado y supervisado por el Estado, se necesita un régimen de sanciones que solo puede ser creado por ley. Finalmente, porque para materializar el nuevo modelo y evitar lo que sucedió con la Ley 30 del 86 que se quedó en el papel, es necesario hacer una reingeniería institucional que defina funciones y responsabilidades en la rama ejecutiva para que su desarrollo no se retrase.
Así, al decreto, aunque bien intencionado, le hacen falta mecanismos para la financiación de programas y política pública en salud dirigida a la prevención, la reducción del daño y al tratamiento que se requiera, carece de un sistema de faltas y sanciones para quienes contravengan sus disposiciones y también, una nueva arquitectura institucional con roles y responsabilidades específicas que permitan poner en práctica el modelo diseñado. No lo olvidemos: nada remplaza al debate democrático y legislativo.
